La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, el jefe de Ciudadanos Europa, Luis Garicano, y eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, han denunciado ante el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, las «vulneraciones» del Estado de Derecho que se están produciendo en España, especialmente, en cuanto a la independencia judicial y a las libertades civiles en Cataluña.
Lo hicieron ayer, en una reunión telemática, promovida por Pagazaurtundúa, en la que se abordaron «los temas más preocupantes que afectan al cumplimiento del ordenamiento jurídico y la separación de poderes en España», según ha informado Ciudadanos a Confilegal.
En ella, Arrimadas, Garicano y Pagazaurtundúa han denunciado los problemas que está sufriendo el Estado de Derecho en España, en especial, en cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como preocupaciones referidas a la «falta de independencia» de la Fiscalía General del Estado, y la última reforma legal que prevé el PSOE para que el Consejo desbloquee la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional (TC), «utilizando el partido del Gobierno a su antojo los mecanismos legales sin fundamento racional y en perjuicio de la Justicia, el ciudadano y el Estado de Derecho». También pusieron sobre la mesa el incumplimiento de las sentencias judiciales, concretamente las referidas al uso del español como lengua vehicular en la escuela en Cataluña.
Han puesto así en conocimiento del responsable comunitario la situación en España de cara a la publicación del Informe sobre el Estado de Derecho anual para España en el mes de julio.
Según informa Ciudadanos, Reynders, por su parte, demostró conocer la situación en España y expuso sus inquietudes en relación a estos temas, que verán su reflejo en el informe anual por país sobre el Estado de Derecho que la Comisión Europea publicará el próximo 13 de julio. Por el momento, el borrador de informe ha sido enviado ya al Gobierno, antes de hacerlo público en Bruselas, y posteriormente, probablemente en septiembre, será presentado en la comisión de Libertades del Parlamento Europeo para su debate.
Arrimadas y su equipo subrayaron que «hay que abordar de una vez la despolitización del CGPJ para garantizar el cese de las injerencias políticas en la justicia». En ese sentido, también indicaron que «la aplicación de las sentencias judiciales en toda España es otro punto clave para poder velar por los derechos fundamentales y luchar contra las prácticas antidiscriminatorias -generadas por el ultranacionalismo- que se producen en zonas concretas del territorio, como Cataluña».
Arrimadas señaló que no se trata solo de una cuestión de uso de la lengua, sino de pluralismo y Estado de Derecho, pues el gobierno catalán ha anunciado incluso que el año que viene no aplicará el 25% de la enseñanza obligatoria en español que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) y confirmó el Tribunal Supremo.
El «desacato reiterado de las sentencias» fue esgrimido también por Pagazurtundúa, que indicó que ello supone una quiebra directa del derecho de acceso a la justicia y, por tanto, una violación del principio de no discriminación, que forma parte del concepto de Estado de Derecho. “No hablamos de la Carta de Derechos Fundamentales ni de derechos en general, sino de los elementos que integran el Estado de Derecho. La no discriminación en el acceso a la justicia es uno de ellos”, indicó. Y subrayó que “la impunidad judicial por voluntad política de un gobierno no debe ser aceptada”.
Garicano también denunció que PP y PSOE han mostrado «más interés por tratar de controlar a la justicia que por proporcionarle los recursos que precisa para funcionar de forma rápida y eficaz».
En este sentido, hizo hincapié en que España necesita una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial «que garantice su independencia para recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial». También ha subrayado que la Fiscalía General del Estado debe ser y parecer independiente, por lo que ha criticado el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del estado.
