El magistrado Jesús Manuel Villegas, secretario general de la plataforma, advierte que con esta reforma y la que limitó funciones al CGPJ, se pretende controlar los nombramientos de altos cargos judiciales por el CGPJ y de los miembros del TC, así como evitar controles a la actuación del Ejecutivo y, por tanto, poder actuar sin apenas límites. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
La PCIJ acude al Parlamento Europeo ante ‘el último asalto político a la independencia judicial’
Denuncia que la reforma legislativa que pretende facultar al Consejo para nombrar a dos miembros del Constitucional es una maniobra para facilitar el control del Ejecutivo sobre el máximo intérprete de la Constitución
|
28/6/2022 09:41
|
Actualizado: 28/6/2022 09:50
|
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha denunciado ante el Parlamento Europeo que la nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) registrada por el PSOE para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) constituye un «gravísimo ataque» contra la independencia judicial y la separación de poderes en España, «al pretender el control gubernamental del máximo intérprete de la Constitución, así como del nombramiento de altos cargos judiciales», pone en peligro el régimen de libertades de nuestro país y menoscaba la confianza que, en un Estado de Derecho, la Administración de Justicia debe inspirar en los justiciables.
Así lo ha advertido el magistrado Jesús Manuel Villegas Fernández, secretario general de la plataforma, a través de una misiva dirigida a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en la que señala que «forma parte de una campaña más amplia de sometimiento de la Justicia a la política con absoluto desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y a la normativa de las instituciones transnacionales europeas». «Estas reformas -en alusión también a la de 2021 que limita funciones al Consejo- podrían ya ocasionar una disfunción sistémica del Estado de Derecho en España, comprometiendo la legitimidad de los Tribunales así designados, y nos encontraríamos ante nombramientos muy politizados, con clara vulneración de la apariencia de imparcialidad», alerta.
En consecuencia, la PCIJ reclama a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la «urgente» adopción de cuantas medidas considere adecuadas, entre ellas acudir a Comisión Europea, a otras comisiones del Parlamento Europeo, y al Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, así como que se inicie procedimiento de infracción contra el Reino de España por vulneración de la normativa comunitaria.
Subsidiariamente, solicita que con carácter previo a la apertura de procedimiento de infracción o de forma paralela, se aperture procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE, como mecanismos de alertas, para constatar la vulneración y los riesgos existentes.
También plantea que se aperciba a las Cámaras legislativas españolas a que, previamente a la aprobación de cualequier reforma que afecte al CGPJ y/o al sistema judicial, su planta, funcionamiento o al procedimiento, den audiencia al CGPJ español y a todos los agentes afectados por la respectiva reforma (asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia). Como informa hoy Confilegal, nueve vocales del órgano de gobierno de los jueces han pedido al presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que demande al Congreso de los Diputados que escuche al CGPJ antes de que se tramite esta reforma, y también han pedido que el Consejo se dirija a la Comisión Europea para alertar sobre la misma.
«Confiamos en que desde dichas instancias europeas se actúe como garante de la separación de poderes e independencia judicial en España», manifiesta Villegas en su misiva.
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial fue constituida hace 10 años por juristas y otros profesionales de la sociedad civil con el objetivo de defender el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial, de conformidad con los estándares europeos e internacionales. Está formada por magistrados, fiscales, catedráticos, abogados, así como otros ciudadanos ajenos al ámbito jurídico y reclama que se cumpla con las exigencias de Europa, lo que incluye que se modifique el sistema de elección de los vocales del CGPJ de procedencia judicial -12 de un total de 20- para que sean los jueces directamente quienes les nombren.
Desde el 29 de marzo de 2021 viene denunciando ante el Parlamento Europeo «el flagrante incumplimiento por parte de España de la normativa europea en materia de independencia judicial y separación de poderes».
‘EL GOBIERNO PRETENDE EVITAR CONTROLES A SU ACTUACIÓN’
La PCIJ denuncia que nos encontramos ante una reforma legislativa «ad hoc que obedece exclusivamente a un interés político del Gobierno para que haya una mayoría afín en el Tribunal Constitucional durante varios años (al menos, hasta la siguiente renovación en tres años) que pueda validar totalmente la constitucionalidad de las normas impulsadas por el Gobierno y convalidadas por las Cortes», entre ellas, la reforma con la que el Gobierno ya manoseó la LOPJ limitando funciones al Consejo y cuyos recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a la misma en abril y mayo de 2021 están pendientes de resolución.
«Es claro el objetivo» pretendido con ésta y las anteriores reformas» impulsadas por el PSOE y Podemos, sostiene Villegas: «Controlar los nombramientos de altos cargos judiciales por el CGPJ y de los miembros del Tribunal Constitucional, y evitar controles a la actuación del Gobierno (o que éstos solo sean aparentes) y, por tanto, que el Ejecutivo tenga mayor margen de actuación y pueda actuar sin apenas límites».
Villegas expone al Parlamento Europeo que esta reforma tiene como único objetivo permitir que el CGPJ en funciones, que tiene suprimidas sus facultades de nombramiento por la reforma de marzo de 202, pueda nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional para que, a su vez, el propio Gobierno pueda nombrar a los dos magistrados que le corresponde, porque «de mantenerse la imposibilidad de nombrar a dichos cargos por el CGPJ, el Gobierno tampoco podría nombrar a los suyos».
La PCIJ recuerda que al igual que pasó con la reforma de la LOPJ operada por LO 4/2021, la nueva reforma se ha tramitado como Proposición de Ley del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, en lugar de como Proyecto de Ley presentado por éste y que exigiría cumplir con un proceso más laborioso y largo, como la redacción de un anteproyecto, sometimiento a consulta pública y a audiencia e información pública, elaboración de una memoria de impacto normativo y recabar informes de otros órganos, como el Consejo de Estado o el propio CGPJ.
Además, destaca que «se pretende tramitar por el procedimiento de urgencia y aprobarse en apenas un mes, reduciéndose extraordinariamente los plazos parlamentarios habituales y omitiéndose el preceptivo trámite de previa audiencia que debe otorgarse a todos los sectores implicados (CGPJ, Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia-Consejo de Europa), asociaciones judiciales, fiscales, sindicatos de la Administración de Justicia, Comunidades Autónomas…), exigencia establecida por las instituciones europeas interpretando lo dispuesto en el artículo 19.1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea en relación con el respeto a los principios propios del Estado de Derecho, entre los que ocupa un lugar destacado la independencia judicial».
«Más allá de que la designación de los doce miembros del Tribunal Constitucional no cumpla los estándares europeos exigidos en materia de independencia (pues su designación se hace 4 por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el CGPJ, cuyos 20 vocales son elegidos formalmente por las Cortes pero, de hecho, lo son por el Gobierno y el principal partido de la oposición)», Villegas expone que hay que tener en cuenta que pese a que según el propio artículo 1 de la Ley que regula el Tribunal Constitucional, éste, “como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales”, «con el movimiento que hace el Gobierno y su Grupo Parlamentario con la reforma legislativa proyectada, se pretende que dicho órgano y sus miembros carezcan de independencia en su funcionamiento«.
DESTACA QUE ACOMETE ESTAS REFORMAS, PERO NO LA DEL SISTEMA DE ELECCIÓN
Además, expone que lo «paradójico es que, a pesar de acometerse estas reformas exprés de la LOPJ para limitar las facultades del CGPJ con mandato prorrogado y para que pueda nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, en cambio, no se procede a la reforma de la LOPJ para modificar el sistema de elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ a fin de que estos 12 vocales del turno judicial sean elegidos por los propios jueces y magistrados en activo, sin injerencia ni influencia política alguna, tal y como exigen los estándares europeos sobre independencia judicial fijados por GRECO, Comisión Europea y jurisprudencia del TJUE y TEDH y atendiendo al espíritu del artículo 122.3 de la Constitución y al criterio fijado por el Tribunal Constitucional en Sentencia 108/1986 de 29 de julio».
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial denuncia que en España estamos asistiendo a un «intenso ataque al sistema institucional actual con desprecio absoluto a principios básicos como el de separación de poderes, siendo máximos los intentos por influir políticamente en la designación de miembros del Tribunal Constitucional y de vocales del CGPJ o, como se aprobó por Ley Orgánica 4/2021 de 29 de marzo, de limitar las funciones del CGPJ» cuando se encuentra con mandato prorrogado. A su juicio, más allá de la designación de los vocales del CGPJ, lo que interesa al Gobierno es «poder controlar el nombramiento de dichos cargos discrecionales: magistrados que resuelvan sobre procedimientos contra aforados como altos cargos de gobierno, diputados y senadores, sobre procedimientos contra las administraciones, etc».
También hace hincapié en que la limitación de funciones que se aprobó en marzo de 2021 está impidiendo es que se estén cubriendo plazas vacantes en el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, «llevando a Salas y Tribunales desbordados y colapsados al no contar con plazas cubiertas y no poder asumir el trabajo existente, lo que lleva a mayor retraso en la resolución de asuntos». Precisamente, el TS reiteró ayer que la no renovación del CGPJ originará en breve dificultades extraordinarias para su funcionamiento.
«Es gravísimo, pues todo ello supone un verdadero asalto a la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y a la separación de poderes, pilares básicos de un Estado de Derecho, uno de los valores en que se fundamenta la Unión Europea y que deben cumplir sus Estados miembros, según los artículos 2 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE)», recalca.
Noticias Relacionadas:
