La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 3 años de prisión y 10 de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde de Guadarrama (Madrid) José Ignacio Fernández Rubio (PP) y su exteniente alcalde y concejal delegado de la Concejalía de Urbanismo y Servicios, Miguel Rodríguez Bonilla, por un delito continuado de coacciones y un delito continuado de prevaricación.
Les acusa de haber presionado al propietario de una finca para que se la cediera o vendiera a una empresa en la que el regidor era su abogado y su mano derecha, socio. Según explica, la víctima, tras ser reconocida por un médico forense, presentó un cuadro clínico “compatible” con el diagnóstico ansioso depresivo, consecuencia de la presión a que fue sometido.
El juicio está señalado para el próximo martes, 5 de julio, en la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Quinta).
En enero de 2020, la Audiencia de Madrid absolvió a Fernández Rubio de un delito de prevaricación administrativa en relación con la permuta de un terreno de una empresa por otros del Ayuntamiento y sobre la que el dueño denunció que no recibió compensación económica.
PRESIONES AL DUEÑO DEL RESTAURANTE EL MOLINO
Según expone el representante del Ministerio Público en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron en 2007, cuando José Ignacio Fernández y Miguel Rodríguez Bonilla eran alcalde de Guadarrama y teniente alcalde, respectivamente.
Señala que durante su mandato, llevaron a cabo una serie de conductas de forma “continuada” y en “connivencia” de cara a presionar a J. R. R. a fin de que les cediera o les vendiera una finca de su propiedad colindante con otra propiedad de Golden Hipotecario S. L. de la cual el regidor era abogado y su ‘número dos’ en la alcaldía, socio. En dicha finca se hallaba ubicado el restaurante El Molino.
Según relata la Fiscalía, los acusados, bien mediante llamadas de teléfono, “continuas” inspecciones de los Agentes de la Policía Local, interposición de demandas civiles contra el propietario o bien mediante la denegación de permisos, paralizaban cualquier trámite que J. R., R. solicitaba al Consistorio.
Afirma que de este modo, ambos acusados ordenaron a A. V. V., en su condición de jefe de la Policía Local del Guadarrama, que diera la orden a sus agentes para que vigilaran continuamente la finca de J. R. R. y denunciaran cualquier irregularidad. Para este acusado, la Fiscalía pide dos años de cárcel por un delito continuado de coacciones.
Según explica el Ministerio Fiscal, el 5 de abril de 2007, el exregidor llamó de nuevo al propietario del restaurante, “y con la clara intención de doblegar la voluntad del mismo”, le dijo que tenía que retirar la valla que había situado en la parcela con la intención de que permitiera que dicho terreno fuera utilizado como parking del restaurante el Molino.
De acuerdo a la Fiscalía, el acusado le manifestó que si lo hacía no iba a tener problemas con nada de lo que solicitara al Ayuntamiento, pero de lo contrario iba a denegarle todo lo pidiera, paralizarlo o no tramitarlo y que, además, “crearía una sociedad con el fin de demandarle hasta que se cansara o se arruinase así como que tendría a la policía allí continuamente para que no pudiera mover ni una piedra”.
La Fiscalía apunta que entre los meses de enero a diciembre de 2007, las sociedades Golden Arquitectura de Inversiones y Golden Hipotecario interpusieron cuatro demandas civiles contra J. R. R. en las que en tres de ellas intervino como abogado José Ignacio Fernández Rubio “con el fin de desposeer al mismo de su finca y obligarle a realizar importantes desembolsos económicos”.
