La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el nuevo SIRAJ-2 deja constancia del DNI del funcionario que realiza la tramitación del expediente en todas las notas de liquidación de condena, un hecho que, «vulnera la normativa de protección de datos» y pone «en riesgo la seguridad del personal judicial», al revelar un dato personal del que se pueden extraer otros muchos datos de carácter personal y privados, como, por ejemplo, su domicilio, y que nada aporta al documento al que se incorpora.
Por ello, reclama al Ministerio que de forma urgente dé instrucciones para eliminar la mención al DNI del funcionario interviniente en la tramitación de dicha nota.
«CSIF critica que en la implantación de las nuevas tecnologías, como en todos los proyectos de Justicia 2030, se está marginando y despreciando a los funcionarios de Justicia», manifiesta a Confilegal el presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna, y apunta que «prueba de ello, por ejemplo, es que en el manifiesto por el dato de Justicia aprobado recientemente se ha informado a todos los colectivos de la Justicia con los que se ha consensuado el texto sin que se haya presentado ningún borrador a los sindicatos».
Por otro lado, también destaca que «la Justicia 2030 tiene que contar con la participación real y efectiva del personal de Justicia, que es quien va a tener que aplicar esas nuevas medidas, y eso implica información y negociación colectiva previa y unos programas de formación presencial y más medios personales y materiales para que esas medidas puedan ser una realidad».
Este sindicato critica que «lamentablemente, no se trata de la primera vez que esto ocurre con las aplicaciones informáticas de Justicia», en referencia, por ejemplo, al SIRAJ anterior y las averiguaciones patrimoniales, y se pregunta «cuándo el Ministerio prestará atención a la protección de datos de su personal antes de la puesta en marcha de las mismas».
«Esta dejadez recurrente del Ministerio es motivo de gran preocupación cuando se están potenciando las TIC en la Administración de Justicia de forma decidida mientras que los mecanismos de protección de datos personales de los funcionarios» de Justicia permanecen sin desarrollarse ante «el inaceptable bloqueo de la negociación colectiva en la Administración de Justicia», critica CSIF.
Por otra parte, denuncia que el Centro de Atención a Usuarios (CAU) adscrito a esta aplicación «no contesta a las llamadas realizadas por el personal de Justicia, por lo que es imposible contactar con este servicio cuando se produce una incidencia», por lo que reclama al Ministerio que «restaure la atención al usuario».
Además, CSIF hace hincapié en que la utilización de los programas de gestión procesal, especialmente en la parte que se refiere al registro de trámites, es clave, y exige un uso uniforme en todo el territorio nacional, que «sólo se puede conseguir con unos programas de formación coherentes y que lleguen a todos los funcionarios de Justicia».
A este respecto, afirma que «en la comunidad autonómica catalana la formación impartida a los funcionarios para el manejo del SIRAJ 2 se ha limitado a la provisión de unas instrucciones someras sobre el uso del programa y la remisión al manual del mismo sin más», por lo que pide al Ministerio que «dentro del contexto de cogobernanza, se planifique una formación completa para todo el personal de Justicia sobre el manejo del SIRAJ 2, con independencia de dónde se esté destinado».
«Como el Ministerio no corrija todos estos problemas, lamentablemente, se va a volver a repetir el enorme error que se cometió con el vetusto Libra y sus desarrollos posteriores y que ha derivado en una pésima calidad del dato en la Administración de Justicia», sentencia.
