Esteban González Pons, responsable de Relaciones Institucionales del PP y encargado de la negociación con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha remitido hoy al ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y a los presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la propuesta del Partido Popular «para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España», con medidas que se han recogido tras las conversaciones mantenidas con asociaciones de jueces y de fiscales.
El PP exige la retirada de «la reforma de Ley para nombrar a magistrados del Tribunal Constitucional que el Gobierno ha pactado con ERC», afirma que está dispuesto a negociar la renovación del CGPJ, y del órgano de garantías «con respecto a la Ley actualmente en vigor» y, simultáneamente, reclama una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) «que garantice la regeneración y la reforma del modelo de elección del CGPJ”.
En una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP, González Pons ha calificado la propuesta como de “renovación y regeneración, abierta a todos los ciudadanos, para que a nadie le quepa duda de lo que quiere hablar el PP», de lo que está dispuesto a pactar y de lo que se tratará en una mesa de negociación si continúa sentado con el Gobierno.
En el documento destaca la exigencia de que nadie que haya estado en la política los últimos cinco años pueda ser nombrado fiscal general del Estado, la propuesta de que la renovación de los vocales se lleve a cabo en el Congreso y el Senado, o que el nombre del presidente del CGPJ sea decidido por los vocales, “sin pacto político previo”.
También reclama que «sean los jueces quienes negocien y propongan un método de elección de los vocales de consenso para que España no esté sometida a cambiar el modelo de elección cada vez que gobierna uno u otro partido».
González Pons manifiesta que no “pasa por su cabeza” que el Gobierno cometa “la temeridad y la imprudencia” de modificar el acceso al Constitucional «con ERC sin tener cerrado un acuerdo con el PP y en la misma semana en que aprueben una ley Bildu para anular la memoria de las víctimas». “Es una línea roja, sería la ley Bildu II”, afirma.
Y alude a los «reiterados incumplimientos» del Gobierno a la hora de negociar con el PP la renovación del CGPJ y el TC, y afirma que no ha ayudado mucho que el Ejetutivo llamara mangante a su partido por la mañana y por la tarde sonara el teléfono para negociar el Consejo.
«No basta con renovar las instituciones, hay que hacer un esfuerzo, como en la Transición, para regenerarlas y reformarlas, de eso va este pacto”, ha sentenciado.
EL PP AFIRMA QUE SÁNCHEZ NO QUIERE PACTAR EL CGPJ PORQUE SUS SOCIOS NO LE DEJAN
El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, había avanzado esta mañana en la cadena Cope, en el programa ‘Herrera en COPE’, que su partido presentaría su propuesta para la renovación del Consejo, aunque ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no quiere un acuerdo con el Partido Popular» porque sus socios «no le dejan», y ha instado al Ejecutivo a que «deje de marear la perdiz».
«El Gobierno sabe que si pacta con el PP cualquier tema de Estado empieza a perder apoyos de Podemos, Bildu y ERC», ha señalado.
Tras asegurar que Sánchez «está condenado» a sus socios ahora y lo que queda de legislatura», Bendodo ha subrayado que el PP tenía «buena voluntad» para llegar a acuerdos y que cuando se iban a sentar, el Gobierno «sacó de la manga una norma con la que rompe la negociación», en referencia a la reforma legal para nombrar magistrados del Tribunal Constitucional, que el Ejecutivo pretende aprobar esta semana.
LA REFORMA PARA EL NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS DEL TC
El Gobierno solicitó a la Mesa del Congreso que el Pleno del Debate sobre el estado de la Nación, previsto del 12 al 14 de julio, incluya el debate y votación de una serie de textos legislativos, entre ellos esta iniciativa del PSOE de reforma de la LOPJ que permitirá al CGPJ nombrar dos magistrados del TC y que así el Gobierno pueda designar a los dos que le corresponde.
El Ejecutivo quiere una tramitación exprés de esta Proposición de Ley, registrada por el PSOE el pasado 24 de junio. El grupo parlamentario socialista ya logró el procedimiento abreviado, que acorta a la mitad los plazos parlamentarios, y ahora quiere se tramite en lectura única, todo en sesión plenaria, sin pasar por la ponencia ni la Comisión de Justicia.
Una reforma a la que se oponen PP, VOX y Ciudadanos y con la que vuelve a modificar la LOPJ para rectificar parcialmente la reforma que ya introdujo en la Ley del Poder Judicial en virtud de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, promovida por PSOE y Podemos.
De no atender a la reclamación del PP y mantenerla, lo previsible es que el Gobierno, con sus apoyos parlamentarios, consiga sacar adelante su iniciativa.
Esta reforma también tiene el rechazo de tres de las cuatro asociaciones de jueces: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI). Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), por su parte, opina que es la consecuencia del bloqueo a la renovación que el PP lleva realizando desde diciembre de 2018.
El órgano de gobierno de los jueces celebrará esta tarde un Pleno extraordinario para debatir y votar la propuesta realizada por un grupo de vocales que abogan por reclamar al Congreso de los Diputados que recabe la opinión del órgano de gobierno de los jueces sobre dicha reforma y reclaman que el Consejo se dirija también a la Comisión Europea para informar la misma.
