En este salón de plenos se decidirá esta tarde si pedir a la Mesa del Congreso que les permitan hacer un informe sobre la proposición de ley de reforma de la LOPJ que les devolverá la capacidad para nombrar a los dos magistrados del Constitucional que les corresponde. No está claro lo que, muchos de sus componentes, se van a posicionar sobre esto en el futuro. Foto: Confilegal.
No está decidido, pero el Pleno del CGPJ podría no tener votos suficientes para elegir a los 2 magistrados del TC cuando toque
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11/7/2022 01:00
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Actualizado: 11/7/2022 00:27
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No es noticia el enfado existente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la proposición de ley planteada por al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados que reformará la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de marzo del año pasado que impide al órgano de gobierno de los jueces nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden por turno.
La Constitución establece que el máximo tribunal de garantías tiene que renovarse por tercios. Cuatro magistrados cada tres años. Dos le corresponden al Gobierno, los correspondientes a los que ocupan el actual presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez. Al CGPJ le compete la elección de otros dos también, los que hasta ahora ocupan Juan Antonio Xiol, vicepresidente, y Santiago Martínez Vares.
A todos ellos se les ha acabado su mandato de 9 años en el Tribunal Constitucional.
Ocho vocales del CGPJ, pertenecientes al sector conservador, han forzado la celebración del Pleno Extraordinario que tiene que tener lugar esta tarde con dos puntos del orden día claros: primero, que se apruebe solicitar a la Mesa del Congreso que envíe voluntariamente la proposición de ley, que modifica el artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), para someterla a informe, ya que afecta directamente al poder judicial, y, para aprobar informar a la Comisión Europea de lo que se pretende.
Muchos de los ocho vocales –Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballestero Pascual, Juan Manuel Fernández, José María Macías Castaño, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, María Ángeles Carmona Vergara y Carmen Llombart Pérez–, a los que ha pulsado Confilegal, no creen que, de aprobarse en el Pleno Extraordinario que tiene que tener lugar esta tarde a las 17.00, la Cámara Baja vaya a hacerles caso.
Por muy bien argumentada que se haya hecho la petición.
El Gobierno parece decidido a no perder el tiempo y a aprobar la reforma entre mañana y el jueves, en el marco del debate sobre el estado de la nación. Lo que está en juego es el cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional. Ahora conservadora, pasaría a ser progresista.
UN ESTUDIO DE MOTU PROPIO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY
Eso no quita para que el CGPJ, de motu propio, decida hacer un estudio –que no un informe, preceptivo cuando es un Anteproyecto de Ley que afecta al Poder Judicial– de proposición de ley y darlo a conocer.
Por otra parte, tampoco asegura que la aprobación de la reforma de la reforma –la «contrarreforma»–, vaya a asegurar el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional elegidos por el CGPJ.
Con la jubilación de Rafael Fernández Valverde y el reciente fallecimiento de Victoria Cinto, el Consejo se ha quedado con 19 miembros. Para la elección de estos dos nuevos magistrados del máximo tribunal de garantías es necesaria una mayoría de 3/5, 12 votos de 19.
Llegados a ese punto no está claro si buena parte de los vocales del CGPJ optarían por votar en blanco, absteniéndose. Lo que empeoraría más, si cabe, la situación. A estas alturas del partido, aseguran, no hay nada decidido.
Todavía no toca. Pero tocará. Y el «run run» está ahí. Todo es posible.
Algunas voces dentro del CGPJ recuerdan que lo que está pasando con el Poder Judicial español tiene mucho paralelismo con el caso polaco.
Próximamente, la Comisión Europea va a publicar su tercer informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en los veintisiete países que conforman la Unión Europea, entre ellos España.
Un informe que contendrá un diagnóstico del actual estado de cosas en España, que con seguridad no será positivo con un CGPJ caducado desde hace tres años y medio, y las recomendaciones pertinentes.
La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, la checa Vera Jourová, viajó el pasado 13 de abril a Madrid, donde estuvo tres días, entrevistándose con las altas autoridades del Estado. No será un informe agradable. La incógnita por desentrañar es el camino que tomará el Gobierno.
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