Ocho vocales del CGPJ piden la convocatoria de un Pleno urgente para abordar la «contrarreforma» en marcha del Gobierno
La pelota queda en el tejado de Carlos Lesmes, que debe decidir convocar el Pleno Extraordinario solicitado por los ocho vocales para el próximo viernes, cuatro días antes de la celebración del Pleno del Congreso, donde está previsto que se apruebe la contrreforma de la LOPJ.

Ocho vocales del CGPJ piden la convocatoria de un Pleno urgente para abordar la «contrarreforma» en marcha del Gobierno

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06/7/2022 02:53
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Actualizado: 06/7/2022 02:53
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En marzo de 2021 el Congreso de los Diputados reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial impidiendo que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, como el actual –caducado 3 años y seis meses ya– pudiera hacer nombramientos. Incluyendo los que le correspondía hacer por estas fechas el CGPJ de dos magistrados del Tribunal Constitucional.

Al Gobierno le corresponden también dos. Son cuatro, en total. Tal como establece el artículo 159 de la Constitución: «Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres».

La elección de los 4 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional supone un cambio de mayorías –de conservadora a progresista– en el máximo tribunal de garantías, que en el último año ha infringido al Gobierno duros castigos, como la declaración de inconstitucionalidad de los dos estados de alarma.

De ahí la importancia de aprobar esta «contrarreforma» de la reforma de marzo de 2021 de la LOPJ, devolviendo al Pleno del CGPJ su capacidad para designar a dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

Una «contrarreforma» que, al parecer, podría producirse entre el 12 y el 14 de julio, fechas previstas para el Pleno sobre el debate del estado de la nación.

Por eso los ocho vocales conservadores –Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballestero Pascual, Juan Manuel Fernández, José María Macías Castaño, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, María Ángeles Carmona Vergara y Carmen Llombart Pérez–, que se oponen a ella, han dirigido un escrito al presidente en funciones del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, para que éste convoque un Pleno urgente en el plazo de tres días siguientes a su presentación. El viernes, 8 de junio.

Cuatro días antes del Pleno del Congreso.

Para debatir y aprobar un acuerdo con el siguiente contenido:

«1. Solicitar al Congreso de los Diputados que recabe el informe del Consejo General del Poder Judicial en relación con la proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el aspecto relativo a las atribuciones de este Consejo en el sentido de devolverle también y con plenitud las atribuciones para los nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional», primero.

«2. Dirigirnos a la Comisión Europea para informar sobre la referida proposición de Ley”, segundo.

Los ocho vocales son conscientes de que el Gobierno no está obligado a someter al CGPJ, para que emita un informe valorativo sobre su contenido, las proposiciones de ley que presenten los grupos parlamentarios.

A diferencia de los anteproyectos, para los que sí hay obligación.

Consideran que existe una cobertura legal para ello. La del artículo 561.1.9º de la LOPJ que dice que «Se someterán a informe del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias: (9.ª) Cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna».

Y apelan al principio de «interpretación conforme» con el derecho de la Unión Europea.

«La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone que, cuando la proposición de Ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ», explican en su escrito.

Añaden: «Así se ha expresado la Comisión Europea, entre otras muchas, en sus Recomendaciones (UE) 2017/1520 y 2018/103 y así se le ha recordado al Reino de España en sendas comunicaciones del portavoz de justicia de la Comisión Europea del 15 de octubre y, más recientemente, del 4 de diciembre de 2020».

Concluyen: «La iniciativa legislativa a la que se refiere este escrito ya fue objeto de una solicitud para su incorporación al orden del día del Pleno previsto para el 30 de junio de 2022. El doloroso fallecimiento de nuestra compañera María Victoria Cinto impidió que pudiera ser objeto de deliberación y de la adopción de los acuerdos que correspondiesen. La precipitación con la que se va a llevar a cabo la tramitación de la iniciativa legislativa excluye que se pueda esperar al Pleno de este Consejo previsto para el día 21 de julio de 2022, y que concurran las circunstancias de urgencia que motivan que se solicite la celebración de un pleno extraordinario».

En síntesis: piden que el CGPJ deba ser oído antes de la votación de la «contrarreforma». Con lo que la pelota queda en el tejado de Lesmes.

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