El Gobierno ha pedido al Congreso de los Diputados la habilitación para que pueda debatirse en el Pleno del Debate sobre el estado de la Nación la reforma legal del PSOE para poder proceder al nombramiento de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que acabaron mandato en junio.
En un escrito, ha solicitado a la Mesa del Congreso que el Pleno del Debate sobre el estado de la Nación, previsto del 12 al 14 de julio, incluya el debate y votación de una serie de textos legislativos, entre ellos la iniciativa del PSOE de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permitirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrar dos magistrados del TC y que así el Gobierno pueda designar a los dos que le corresponde.
El Ejecutivo quiere una tramitación exprés de esta Proposición de Ley registrada por el PSOE el pasado 24 de junio. El grupo parlamentario socialista ya logró el procedimiento abreviado, que acorta a la mitad los plazos parlamentarios, y ahora quiere se tramite en lectura única, todo en sesión plenaria, sin pasar por la ponencia ni la Comisión de Justicia.
Sería el miércoles por la tarde o el jueves por mañana cuando el Congreso celebraría un primer debate de totalidad de esta reforma y después se discutirían las enmiendas parciales y se votaría su aprobación, por lo que el texto se remitiría el jueves 14 de julio Senado, que también acelerará el trámite para dejarlo liquidado la semana siguiente y abrir la puerta a la renovación del TC.
Este procedimiento exprés requiere la aprobación del Pleno del Congreso. PP, VOX y Ciudadanos han manifestado su oposición a la reforma y a su tramitación abreviada, pero lo previsible es que el Gobierno, con sus apoyos parlamentarios, consiga sacar adelante su iniciativa, con la que vuelve a modificar la LOPJ para rectificar parcialmente la reforma que ya introdujo en la Ley del Poder Judicial en virtud de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, promovida por PSOE y Podemos.
El PSOE manifiesta que esta iniciativa es «un ejercicio de responsabilidad para cuanto antes poner en funcionamiento el TC», según ha declarado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, que ha justificado esta reforma legal ante «la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PP«.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «romper los puentes» para negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces con esta reforma «unilateral» para «controlar» el Constitucional.
«Sánchez es un autócrata que quiere controlarlo todo» y, especialmente la Justicia, ha denunciado el portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, sobre la decisión del Gobierno de modificar su propia reforma.
Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal Francés, ha declarado a Confilegal que «cambiar a conveniencia una Ley, previamente modificada para chantajear al PP, al Poder Judicial y a todos los españoles para elegir los políticos a los jueces demuestra la escasa conciencia de respeto democrático que tiene el Gobierno». «De Podemos no nos extraña, pero del PSOE creo que verdaderamente causa un daño enorme a la estabilidad democrática de nuestro país, en una coyuntura actual dramática para las familias españolas donde los partidos que creen en la Transición deberían propiciar consensos», manifiesta.
Esta reforma tiene el rechazo de tres de las cuatro asociaciones de jueces: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI). Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), por su parte, opina que es la consecuencia del bloqueo a la renovación que el PP lleva realizando desde diciembre de 2018.
EL TS REITERA QUE LA NO RENOVACIÓN DEL CGPJ ORIGINARÁ EN BREVE DIFICULTADES PARA SU FUNCIONAMIENTO
La reforma que limitó funciones al CGPJ está provocando graves disfunciones en el Tribunal Supremo (TS), que ya cuenta 14 plazas vacantes, e impide también que no puedan renovarse los cargos de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales.
La Sala de Gobierno del TS solicitó la semana pasada al órgano de gobierno de los jueces que transmita al Congreso de los Diputados y el Senado su «honda preocupación» ante la no renovación del Consejo y la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales, que están creando una situación que, de continuar, será «insostenible».
«El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento», ha advertido.
