El 70 % de los asistentes a la Junta Extraordinaria del Colegio de Abogados de Sevilla rechazaron el cambio de nombre. Foto: Diario de Sevilla.
El Colegio de Abogados de Sevilla rechaza cambiar su nombre por el de Colegio de la Abogacía
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26/7/2022 14:23
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Actualizado: 26/7/2022 14:33
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El Colegio de Abogados de Sevilla seguirá manteniendo su denominación original. Así lo decidió la Junta General Extraordinaria de la organización colegial celebrada el lunes por la tarde, rechazando pasar a llamarse Colegio de la Abogacía, que era la opción prioritaria, según el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española.
La misma Junta también decidió mantener el patronazgo de la Santísima Virgen María, en el Misterio de su Concepción Inmaculada, como figuraba en los anteriores estatutos, lo que fue validado por el Tribunal Constitucional, siendo, al mismo tiempo, una corporación aconfesional.
A la Junta Extraordinaria asistieron más de 250 colegiados, lo que supone un récord histórico de asistencia a pesar de las altas temperaturas (45 grados) registradas a las seis de la tarde.
170 letrados votaron a favor de mantener la denominación tradicional de Colegio de Abogados de Sevilla frente a 60 que votaron a favor de cambiarla por Colegio de la Abogacía, según fuentes presentes en la Junta.
El Colegio no ofreció el numero exacto de puntos a favor de cada opción ya que los votos de los ejercientes computan el doble que los emitidos por los colegiados no ejercientes.
Prácticamente el 70 % de los asistentes votaron por mantener la denominación histórica y tradicional.
La elevada participación registrada evidencia el alto interés suscitado entre el colectivo a consecuencia de la campaña a favor de mantener la denominación de Colegio de Abogados de Sevilla, que es una “corporación de derecho público amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines”, según la redacción aprobada ayer del artículo 1 de los nuevos estatutos particulares del colegio.
EL DECANO EMÉRITO ARTICULÓ LA CAMPAÑA PARA MANTENER LA DENOMINACIÓN ACTUAL
La campaña de concienciación para mantener la denominación actual fue liderada por el decano emérito del Colegio, José Joaquín Gallardo, junto a un grupo de letrados. Gallardo, un hombre de gran auctoritas, fue, dirigió durante 25 años continuados la corporación colegial sevillana, creada en 1706, como colegio filial del de Madraid, y desde 1732, con sus propios estatutos.
Para Gallardo “carecía de sentido cambiar la denominación al lenguaje inclusivo cuando ni en el Colegio ni en el ejercicio profesional jamás se ha discriminado a ningún colegiado por razón de sexo ni de ninguna otra circunstancia”.
Añade que “la abogacía es una profesión manifiestamente igualitaria en la que letradas y letrados padecen la misma problemática, generada por las dificultades inherentes al ejercicio profesional, las trabas para conciliar la vida familiar y profesional y el endémico mal funcionamiento de la administración de justicia, pero en ningún caso existe problemática efectiva por discriminación de genero”.
El decano emérito de los abogados sevillanos defiende que “las mujeres abogadas y los abogados tienen la misma visualización social y profesional, por lo que en el caso de la abogacía no tiene ningún sentido la denominación inclusiva”.
Y manifiesta su satisfacción porque “tan amplia mayoría del colectivo haya corroborado con sus votos la tesis de no modificar la denominación colegial”.
En el segundo punto del orden del día de esa asamblea se aprobó también el resto del articulado del nuevo estatuto específico del Colegio sevillano, que mantiene el patronazgo de la Inmaculada Concepción y además queda adaptado a las previsiones del nuevo estatuto general de la profesión en vigor desde julio del año pasado.
El articulo 5 de los estatutos aprobados ayer determina que “El Colegio es aconfesional, si bien, por secular tradición tiene por Patrona a la Santísima Virgen María, en el Misterio de su Concepción Inmaculada”, siendo ello transcripción exacta de la literalidad de los anteriores estatutos que ya fueron validados por el Tribunal Constitucional en sentencia de 2011.
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