El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), institución que reúne a los 83 Colegios de Abogados existentes en nuestro país, considera que está siendo víctima de una campaña de desprestigio, con «acusaciones injustas plagadas de medias verdades».
Así se expresa la Comisión Permanente del CGAE, que preside Victoria Ortega, en un comunicado que hizo público la tarde de ayer.
«La utilización que se está haciendo de la información que pone a disposición del público esta corporación ofrece una imagen intencionadamente distorsionada de la realidad, tergiversando el sentido de la labor que lleva a cabo el Consejo General y los Colegios de la Abogacía», afirma el CGAE.
Y hace referencia expresa a la noticia que se publicó ayer en la que se acusaba al CGAE de incumplir sus compromisos en materia de transparencia.
«Falta a la verdad, pues el Convenio al que alude dejó de tener vigor en diciembre de 2016», precisan.
«La única evaluación sobre transparencia que tiene carácter oficial y que compromete al Consejo de la Abogacía es la que realiza el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El resultado de la última evaluación realizada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, data de junio del año pasado, y arroja un grado de cumplimiento del 96 % en todos los aspectos económicos, lo que da una clara idea del compromiso de la institución para con los estándares de transparencia».
La Comisión Permanente también rechaza el tratamiento que se ha realizado al trabajo que realizan sus comisiones y subcomisiones.
«El régimen de compensación por la participación en las mismas está regulado desde hace más de 20 años, y su cuantía permanece congelada desde entonces», aclaran.
«Las comisiones y subcomisiones del Consejo General son el motor de la institución, promueven todas las acciones encomendadas por la ley al Consejo General de la Abogacía: son las que toman la iniciativa en la gestión de la corporación, donde se debate el destino de los fondos económicos, se analiza la legislación, se formulan propuestas sobre reforman legales y se reivindican las condiciones para el desempeño de la abogacía, entre otras».
Y concluye que considera injustificados estos ataques reiterados «que tratan de poner en cuestión el funcionamiento del sistema colegial, así como el trabajo de quienes participan en él, de forma desinteresada, en beneficio del conjunto de la profesión».
