La ministra de Defensa, Margarita Robles, reveló ayer que su intención y la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es la de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Pegasus’ por escrito, como ya lo hiciera en su día el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
«Nuestra idea es hacerla por escrito porque la ley permite esa posibilidad (…), queremos colaborar plenamente con la Justicia», afirmó Robles a su llegada a la base de Torrejón de Ardoz a preguntas de los periodistas.
En todo caso, insistió en que ambos, como perjudicados por el espionaje, «poco» pueden aportar a la causa.
Robles deseó que se pueda esclarecer quién invadió sus terminales con ese software y añadió que confía en que el magistrado José Luis Calama llegue «hasta el final» para dar con el autor material del espionaje, aunque reconoció que será difícil.
Fuentes jurídicas indican que el juez prevé ofrecer a Robles y Grande-Marlaska tres opciones para su testifical: la presencialidad, la declaración por escrito o la declaración por medio de videoconferencia.
Pero esa citación llegará, añaden, después de que el Consejo de Ministros de luz verde a su petición de desclasificación de asuntos declarados como secreto.
Sólo entonces se buscará en el calendario fecha, y estas mismas fuentes, creen que será ya en septiembre.
Fue el pasado 28 de julio cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 acordó esa declaración en calidad de testigos de ambos ministros.
En una nota informativa, informaba que debía dirigirse suplicatorio al Consejo de Ministros con objeto de que procediera a desclasificar los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por dichos testimonios.
La decisión de citar a Robles y Grande-Marlaska llegaba a la vista del contenido de las declaraciones testificales de la exdirectora del CNI Paz Esteban, del funcionario de este organismo número 7613 –que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias de la Abogacía del Estado– y del ministro Bolaños.
REVELACIÓN DE SECRETOS
El juez Calama empezó a investigar el 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.
En esa primera resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el 30 de abril, «se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, ‘software’ espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021».
Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que «el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)», mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.
En sendos casos, recogía Calama, los informes fijaban que «se produjo exfiltración de información», pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta «indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus».
EN PLENA CRISIS CON MARRUECOS
La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.
Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Precisamente, este último declaró el 1 de junio de 2021 como imputado ante el juez Santiago Pedraz por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.
En cuanto al teléfono móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mismo junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.
El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido, y se produjo igualmente en junio del pasado año.
