El diputado por el PP, Jaime de Olano, opina que el PSOE está confundiendo a la opinión pública al decir que los ocupas son personas vulnerables.
Jaime de Olano, diputado PP: «Al ocupa hay que desalojarlo y al vulnerable hay que protegerlo»
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26/8/2022 01:00
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Actualizado: 26/8/2022 00:29
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El Partido Popular acaba de registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley Orgánica para hacer frente al problema de la ocupación de la vivienda que, según datos de la Plataforma de Afectados por la Okupacion en España, afecta a 120.000 familias.
De acuerdo con Jaime de Olano, coordinador de Economía del Grupo Popular en el Congreso, la proposición de Ley busca «resolver una situación que, para los propietarios, es insostenible con el desalojo en 24 horas del ocupa. En los últimos años el problema de la ocupación de vivienda ha ido aumentando sin parar. Solo en el último año lo ha hecho un 18% y en los últimos cuatro un 40 %”.
Desde el PP se plantea como un compromiso de cara a las próximas elecciones resolver este problema. “Esperamos que se dé curso en la tramitación parlamentaria antes de que acabe este año para la defensa de la propiedad privada”, afirma.
De Olano cree que el problema es muy serio y que debe de abordarse de inmediato. “Nuestra propuesta de Ley Orgánica plantea reformas necesarias en el Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal así como Ley de Propiedad Horizontal para buscar una solución a esta problemática”.
El PSOE “ha pasado de defender la propiedad privada a negar que existe un problema con la ocupación de viviendas. Este es un problema que comparte los postulados de Podemos y Bildu y no defiende las tesis de la propiedad privada”, afirma Olano
Tiene claro que los «perjudicados son miles y miles de pequeños propietarios de nuestro país en un porcentaje del 80 % del total. Este Gobierno no ha establecido una adecuada protección de la propiedad privada. Al mismo tiempo faltan políticas publicas de creación de viviendas sociales”.
Esta iniciativa popular pretende “defender al propietario, proteger la convivencia en las comunidades de propietarios que sufren una ocupación y defender la seguridad ciudadana y la convivencia en esa zona afectada. Con las ocupaciones siempre hay fenómenos de delincuencia que hay que atajar”.
De forma paralela, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, pidió recientemente una vez más en Bruselas que la Unión Europea inste al presidente Pedro Sánchez a proteger la propiedad privada con medidas concretas y efectivas frente a las mafias de ocupación ilegal de viviendas que están actuando en España.
En opinión de Olano, “el Gobierno Sánchez no ha impulsado la construcción de nuevas viviendas ni la colaboración publico y privada en este contexto en los últimos cuatro años. Solo ha habido declaraciones de intenciones vacías de contenido”.
Y considera que “no es acertado confundir a la opinión pública hablando de que los ocupas son personas vulnerables. Son situaciones diferentes. Al ocupa hay que desalojarlo y al vulnerable hay que protegerlo desde las diferentes administraciones públicas existentes”.
Una cruzada contra la propiedad privada
De Olano cree que el cambio de ideología en el PSOE tras la llegada de Pedro Sánchez. “Ahora es un partido que no defiende la propiedad privada, la futura Ley de Vivienda o los topes que se han planteado para los alquileres de que crezcan solo un 2 % son otros ejemplos sobre esta política”.
Respecto al control de los alquileres “se ha logrado el efecto contrario. Muchos propietarios no ponen la vivienda en alquiler por este tope y por la prohibición de desalojar a un inquilino moroso. Se sienten desprotegidos ante los ocupas. En las ciudades grandes ha subido de forma notable el alquiler, lo que hace imposible encontrar vivienda en alquiler para los más jóvenes”.
Sobre esta radicalidad del PSOE subraya que “ha pasado de defender la propiedad privada a negar que existe un problema con la ocupación de viviendas. Este es un problema que comparte los postulados de Podemos, Bildu y no defiende las tesis de la propiedad privada”
La propuesta popular contra la ocupación también pretende dotar de medios a jueces y fuerzas de seguridad en este tipo de situaciones en las que se encuentren inmersos “ jueces y policía deben tener instrumentos adecuados para que puedan desarrollar su labor. No ha sido suficiente las instrucciones dadas por el Gobierno desde la Fiscalía del Estado en el 2020 que no valieron para nada”.
Cambios legislativos de calado
De hecho considera “que las reformas legislativas que planteamos son las adecuadas para que quede claro cuál es el problema y como debe abordarse este fenómeno emergen de la ocupación de viviendas. De ahí que pensemos que el tope de 24 horas es el adecuado para el desalojo de ese ocupante que no tiene título de la vivienda en la que se ha introducido de forma ilegal”.
En esta propuesta el Grupo Popular propone reformar el Código Penal para castigar a las personas que con violencia o intimidación okupen una cosa inmueble con penas, además de las incurridas por las violencias ejercidas, de uno a tres años de prisión, así como de seis a dieciocho meses para las personas que okupen un inmueble sin la autorización debida y si se mantiene contra la voluntad de su titular.
Además, se impondrán las penas superiores en grado si la ocupación ilegal dura más de 15 días.
También contempla que sean castigados con penas de prisión de tres meses a un año los que, sin participar en los hechos recogidos en este artículo, promuevan la ocupación sin justo título, y si quien lo hace es un funcionario público en el ejercicio de su competencia, también sufriría la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años.
Por otra parte, el Grupo Popular pide modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de allanamiento de morada y usurpación puedan resolverse mediante el procedimiento del juicio rápido.
Y plantea el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los propietarios de una vivienda que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento puedan agilizar el procedimiento para reclamar su recuperación.
La proposición plantea también la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que, si el okupa desarrolla actividades prohibidas en los estatutos de la comunidad de vecinos, el presidente, previa autorización de la Junta, pueda iniciar acciones legales contra él y el juez podrá ordenar el lanzamiento inmediato y condenar al okupa a pagar daños y perjuicios.
El Grupo Popular propone, además, la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que la ocupación ilegal de cosa inmueble no pueda dar lugar a la inscripción de los ocupas en el padrón municipal, ni obtener los beneficios que supone este trámite. Para ello, los ayuntamientos estarían obligados a dar de baja del padrón a los okupas, bien de oficio o cuando denuncie esta situación el propietario.
Por último, pide reformar la legislación tributaria para que al legítimo propietario, una vez haya resolución judicial firme, le sea devuelto el IBI y el Impuesto sobre Patrimonio abonados durante el periodo de ocupación, y para que la vivienda okupada sea considerada como residencia habitual de su propietario, si lo era antes de la ocupación, con el fin de que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiere.
Para Jaime de Olano “con la actitud de Pedro Sánchez sobre la ocupación es imposible consensuar un Pacto de Estado sobre esta materia como han pedido distintos colectivos del mundo inmobiliario. El PSOE ahora solo defiende al okupa, lo que le sitúa en una posición extrema negando que haya un problema con la ocupación”.
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