Vox ha enviado un escrito a José Luis Arasti Pérez, delegado del Gobierno en Pamplona, en el que solicita que se suspenda el acto del «Ospa Eguna» (el «día de la huida», en castellano), cuya celebración está prevista en Alsasua (Navarra) para el sábado 3 de septiembre porque, de llevarse a cabo, porque entrañaría dos graves delitos: de odio y de enaltecimiento del terrorismo.
La misiva, que va firmada por Marta Castro, vicesecretaria jurídica nacional de VOX, advierte que en ese día se «difunde la idea de que sus integrantes no son dignos de respeto y autoridad», y de forma absolutamente falsa propaga que son los causantes de una “represión a los trabajadores” para crear en el imaginario de sus seguidores la maldad de los integrantes de estos cuerpos y conseguir con ello difundir el rechazo de los mismos».
En ese acto se escenifican burlas, insultos y escenificaciones humillantes contra la Policía Nacional y la Guardia Civil para reclamar su expulsión de Navarra y del País Vasco.
Castro recuerda, precisamente ese objetivo: «mostrar rechazo a la Policía y a la Guardia Civil». Lo que supone un delito de odio, del artículo 510 del Código Penal, y otro de enaltecimiento del Terrorismo, del artículo 578 del mismo Código.
Por ello, el acto «debe ser suspendido por la Subdelegación del Gobierno de acuerdo con la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece que el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas«.
Por último, Castro recuerda al delegado del Gobierno en la Comunidad Foral la vigencia del artículo 4.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que dice que «Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición, y prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas».
Y el 4.2 apuntala lo anterior, confiriendo a esas mismas Administraciones Públicas, en este caso al delegado en esa Comunidad, la obligación de velar por su cumplimiento. «Además, los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores», finalizan.
Tanto JUCIL como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) se han dirigido a las autoridades para que impidan esta «celebración».
