El objetivo es que la Ley para la protección de los denunciantes de corrupción pueda estar operativa para junio de 2023, como muy tarde.
El Gobierno le mete la directa al Anteproyecto de Ley de Protección al Denunciante para enviarlo en otoño al Congreso
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30/8/2022 21:23
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Actualizado: 01/9/2022 02:22
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El Ejecutivo quiere que en esta legislatura se apruebe la futura Ley de Protección al Denunciante, lo que es la transposición de la Directiva «Whistelblower», ahora en fase de anteproyecto de Ley. Prueba de ello ha sido el requerimiento que el Consejo de Ministros ha enviado a la Comisión Permanente del Consejo de Estado para que emitan con carácter urgente su dictamen sobre el futuro texto legislativo.
Además, le han puesto una fecha fija: el 8 de septiembre.
Dentro de 9 días.
La voluntad de la ministra de Justicia, Pilar Llop, es la de enviar el Anteproyecto a la Cámara Baja este próximo otoño y que pueda ver la luz entre abril y junio de 2023.
El texto fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros del pasado 4 de marzo. En aquella ocasión, la ministra Llop, explicó que el objeto de la Directiva era proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.
Llop aseguró que dicho anteproyecto supone «un gran paso en el compromiso por la regeneración democrática y la limpieza de las instituciones».
Además, se mostró convencida de que esta normativa hará que España mejore en el ránking del índice de Percepción de la Corrupción de entidades internacionales, como GAFI o GRECO.
Según la ministra, con este anteproyecto se creará un clima de confianza en el seno de las organizaciones porque el informante estará más protegido. Y matizó que Justicia creará dos herramientas para esta norma: los canales internos y externos, y la prohibición mediante sanciones de hasta un millón de euros de cualquier represalia contra el informante.
CONSEJO DE ESTADO Y CGPJ, TIENEN QUE INFORMAR OBLIGADAMENTE
El informe del Consejo de Estado sobre este Anteproyecto es preceptivo. Fue enviado el pasado 22 de julio. Un mes antes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había emitido el suyo.
El órgano de gobierno de los jueces valoró muy positivamente que se extendiera a los partidos políticos la obligación de tener un canal de denuncias para afrontar los casos de corrupción que pudieran emerger.
Lo mismo que a los sindicatos, patronales y fundaciones, «siempre que reciban o gestionen fondos públicos».
Y la Casa Real.
«La existencia de casos de corrupción que han afectado a algunas de estas organizaciones incrementa la preocupación entre la ciudadanía por el recto funcionamiento de las instituciones, por lo que resulta indispensable exigir a estas organizaciones una actitud ejemplar que asiente la confianza en ellos de la sociedad pues de ello depende en buena medida el adecuado funcionamiento del sistema democrático», dice en su preámbulo el Anteproyecto.
Una vez que se reciba el informe del Consejo de Estado en el Ministerio, este será estudiado, junto con el del CGPJ, para conocer qué observaciones esenciales hay que tener en cuenta para incorporarlas.
El futuro texto legislativo llevará por nombre Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Modifica cuatro leyes. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
La norma debía haberse puesto en marcha el 17 de diciembre de 2021, pero el Ejecutivo aplazó su aprobación hasta el 4 de marzo de 2022.
En febrero, la Comisión Europea abrió procedimiento sancionador a España y otra veintena de países por no transponer la directiva a tiempo.
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