El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, prepara una circular en la que abogará porque se considere como prueba preconstituida la declaración que haya realizado la víctima de agresión sexual durante la instrucción, lo que posibilitaría que no tengan que testificar dos veces.
El propósito del fiscal general es evitar que los condenados por violación puedan zafarse de entrar en prisión debido a acuerdos de conformidad que evitan la celebración de juicio.
En la elaboración de esta circular para proteger a las víctimas de estos delitos dentro del proceso penal se están estudiando y analizando todas las posibilidades y herramientas de protección y de evitación de la victimización secundaria, incluida esa prueba preconstituida.
García Ortiz, que tomará posesión del cargo el próximo lunes, ya anunció en su comparecencia en el Congreso de los Diputados su intención de proteger a las víctimas de una manera especial.
En concreto, dijo: “Tengo la intención de explorar todos los aspectos posibles de protección de las víctimas para dar una herramienta jurídica integral a los fiscales para la consecución de estos objetivos. Las víctimas han de ser amparadas y defendidas».
«Su papel en el proceso, cuando además su testimonio es imprescindible para la persecución de los delitos, no debe significar una carga, un elemento violento o desgarrador para ellas. No son las víctimas las que se tienen que adaptar al proceso o a la justicia, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellas”, declaró.
REFORMA LEGAL
La circular orientará a los fiscales y unificará criterio, si bien fuentes fiscales consideran que lo ideal es que se lleve a cabo una reforma legal porque daría más herramientas para actuar en procedimientos penales.
La fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, abogó el mes pasado por llevar a cabo una reforma legal que permita que las víctimas de agresiones sexuales sólo tengan que declarar durante la fase de investigación, ahorrándoles así el «calvario» del proceso y la asistencia al juicio oral, algo que algunas mujeres prefieren evitar.
Peramato explicó en una entrevista en Europa Press que está opción, que se denomina prueba preconstituida, ya se usa cuando, por ejemplo, quien declara es menor de 14 años o en casos excepcionales como cuando la persona corre el riesgo de fallecer antes de la celebración del juicio oral.
Considera que debe extenderse no sólo a las investigaciones de agresiones sexuales, sino al resto de casos de violencia de género.
Peramato defendió esta reforma tras conocerse dos casos en los que los violadores han llegado a acuerdos con sus víctimas -el caso de los dos policías de Málaga y el de Mula (Murcia)- que les ha permitido evitar entrar en prisión.
Para la fiscal jefe de Violencia sobre la Mujer, el hecho de hacer pasar a la víctima por todo el «calvario lento y tortuoso» del proceso judicial, aunque acaben declarando en el juicio a puerta cerrada, es algo que se debe evitar. Subraya que se debe proteger a la víctima y así desincentivar que opte por conformidades para evitar situaciones traumáticas.
Peramato recordó que ya el primer borrador de la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, contemplaba esta posibilidad, pero que desde el Ministerio de Justicia se prefirió esperar a introducir ese cambio en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), reforma que de momento no avanza en su trámite.
