Estaba cantado. El núcleo de 8 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avanzaron ayer, en el marco de la celebración del solemne acto de apertura de tribunales –celebrado en Tribunal Supremo– que hoy no se producirían los nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que, por ley, le corresponde al órgano de autogobierno de los jueces.
Y no se han producido.
Porque son necesarios 3/5 de los 19 votos –12– para materializar dicha elección y el presidente en funciones del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, junto con sus dos fieles –Wenceslao Olea y Vicente Guilarte–, solo suman 11 votos, junto con los 8 votos del bloque progresista.
Era un objetivo imposible.
Para eso hubiera sido necesario que, al menos 1 de los votos del núcleo conservador de vocales –se especulaba que quizá Juan Martínez Moya o Nuria Abad– hubieran cambiado de bando. Pero la suerte estaba echada desde la cena del pasado martes, cuando decidieron que no iban a nombrar hoy a los dos magistrados del TC.
Con esta operativa están devolviendo al Gobierno y al Parlamento el «ninguneo» de que fueron objeto cuando el Congreso aprobó la proposición de ley que posibilitó el desbloqueo de la prohibición de hacer nombramientos a un CGPJ en funciones como este.
«Ninguneo» propiciado –de una forma específica- por la Presidencia del Congreso de los Diputados, al que este Consejo se dirigió cuando se estaba gestando la proposición de ley que le devolvió por tres meses esta capacidad de nombrar.
Una ventana de oportunidad que terminaría a las 00.00 horas del próximo martes.
«Donde las dan las toman y el callar el bueno», podría ser la síntesis de lo que ha ocurrido hoy.
LOS NOMBRAMIENTOS SE HARÁN CUANDO LO DECIDA EL CGPJ NO EL PARLAMENTO O EL GOBIERNO
Tampoco es probable que dicho nombramiento vaya a producirse el lunes o el martes próximos. No va a ser, en absoluto, inminente.
Además, el núcleo conservador no considera que esa ventana de oportunidad se cierre en ese momento sino que va a seguir abierta.
Los nombramientos se realizarán en su momento. En el momento que ellos decidan, que no es el momento del Gobierno ni del Parlamento. El acuerdo tardará en llegar.
Eso ha quedado más que claro.
El Gobierno manda, por su mayoría, en el Parlamento, pero en el órgano de gobierno de los jueces mandan ellos.
Con ese fin, han llegado a un acuerdo con el resto de sus compañeros sobre unas llamadas «reglas de procedimiento» que deben cumplirse. Las reglas de juego.
De acuerdo con las mismas, la convocatoria del Pleno para elegir a los dos magistrados del TC tendrá lugar cuando lo acuerde el presidente, Carlos Lesmes, por propia inciativa o cuando lo soliciten al menos 5 vocales, y será cuando haya dos candidatos, aunque una vez convocados se prodrán proponer otros (el mismo procedimiento que se aplicó para elegir al sucesor de Carlos Dívar tras su dimisión, en 2012, que resultó ser Gonzalo Moliner; no hay nada inventado).
Cada una de las propuestas debe llegar acompañada del curriculum del candidato y los vocales podrán votar a un máximo de dos candidatos en cada votación.
La designación se tendrá por realizada sólo en caso de que dos candidatos hayan obtenido el número de votos exigido por el quorum de votación previsto para el nombramiento, ya sea de manera simultánea o sucesiva, es decir, 12 votos; 3/5 partes del Pleno.
En el caso de que ningún candidato obtuviera el número suficiente de votos, esa circunstancia no impedirá que en las sesiones sucesivas del Pleno se puedan proponer los mismos candidatos.
Lesmes convocó este Pleno en julio pasado haciendo un llamado a los 18 vocales para que alcanzaran un acuerdo sobre las dos personas que ocuparan los puestos de magistrados del TC durante los próximos 9 años.
Todo un culebrón.
