Los exmagistrados Manuel Vicente Garzón, el primero por la derecha, y José Manuel Sieira, el segundo por la derecha junto al resto de los componentes de la mesa: Alejandro Nieto, el primero por la izquierda, y los magistrados Juan Carlos Zapatta Hijar, moderador, y Cristina de Vicente. Foto: Confilegal.
Dos exmagistrados del Supremo reconocen que en 2016 se perdió la oportunidad de definir los criterios objetivos para los nombramientos
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27/9/2022 06:48
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Actualizado: 27/9/2022 03:57
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Los magistrados jubilados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, José Manuel Sieira y Manuel Vicente Garzón, reconocieron ayer que en 2016 dejaron pasar la oportunidad de definir «con contundencia» los criterios básicos necesarios para que la elección de los magistrados fuese lo más objetiva posible en el CGPJ.
«La clave está en la discrecionalidad. En aquel momento teníamos que haber dado ese paso. Mucha de la culpa de que estemos donde estamos la tiene aquella sentencia», reconoció Garzón.
Fue durante su intervención en el segundo panel de la Jornada por el Estado de Derecho, celebrada ayer en el Congreso de los Diputados, para conmemorar los 20 años de existencia de la asociacion de jueces Foro Judicial Independiente y que llevó por título «Estado de la cuestión en España».
Los dos magistrados eméritos se refirieron al Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, formado por 32 magistrados, en el que 17 de ellos votaron por rechazar el recurso de la magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia, Pilar Alonso Saura, contra el nombramiento de Miguel Pascual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Y 15 lo hicieron por respaldar la impugnación.
La Sala Tercera tenía que pronunciarse sobre si el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tomado el 26 de mayo de 2016, por el que se volvía a nombrar, otra vez, a Miguel Pascual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), vulneraba una sentencia de la misma Sala que había anulado la primera designación.
Fue un Pleno bronco y duro que comenzó a las 10 de la mañana y terminó a las 14.30 del 8 de junio de 2016, ratificando el nombramiento del magistrado.
«Ahí se acabó el camino que se había iniciado. Nos faltó la decisión», afirmó Sieira que, a continuación reveló que uno de sus compañeros, durante ese pleno, dijo que había que ser «deferente con el Consejo General del Poder Judicial».
EUROPA
En la primera mesa de la mañana, que versó sobre el «Estado de la cuestión en Europa», el exjuez del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), la primera instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Ignacio Ulloa, actualmente letrado del Tribunal Constitucional, hizo un repaso a la jurisprudencia europea en materia de independencia del poder judicial, dictada desde 2018 hasta 2021.
«De dicha jurisprudencia se desprende que la independencia judicial es una garantía que establece el derecho europeo positivo, contemplado en el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el 47 de la Carta de Derechos Fundamentales y en el artículo 2 como principio. Lo que se traduce en la independencia como garantía subjetiva de los justiciables, en la independencia de la garantía objetiva de los jueces, en la independencia que se transpone a los órganos de gobierno del poder judicial, en la indepenencia que se extiende también a los tribunales constitucionales y que cualquier reforma tiene respetar el estándar mínimo, explicó Ulloa.
El letrado del TJUE, Martín Martínez, por su parte, explicó que va a resultar muy difícil utilizar la palanca de los fondos europeos para forzar la renovación del CGPJ. «Además, se da la paradoja del bloqueo. Como el CGPJ no puede hacer nombramientos no hay ningún problema. No se puede recurrir a ningún sitio. El estándar de neutralidad es absoluto», relató.
Martínez aclaró que en lo que se refiere a los nombramientos judiciales en los diferentes países los sistemas eran dispares. «Por ejemplo, en Irlanda a todos los jueces los nombra el presidente de la República. Los abogados pasan a ser jueces con 15 años de práctica».
En esa misma mesa intervino Nuria González Campaña, profesora de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, que ratificó la dificultad de la utilización de los fondos para influir en favor de la renovación.
LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS REFLEJARON LA REALIDAD: DISCORDIA
La mañana se cerró con una mesa redonda sobre «Retos presentes en la independencia judicial» en la que intervinieron representantes de los partidos políticos.
El senador socialista Txema Oleaga defendió la necesidad, a juicio del PSOE, de un «control parlamentario» al elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que el diputado del PP Luis Santamaría reclamó seguir el «mandato europeo» para que los jueces se elijan entre ellos.
Oleaga afirmó que «el PSOE no está de acuerdo en eliminar el control parlamentario de los jueces», al ser preguntado sobre si prefería el actual modelo de elección de los vocales del CGPJ u otro diferente.
A ojos del senador, «se puede revisar» el sistema actual pero condicionado a que exista control desde las Cortes a los jueces, y así se ha pronunciado antes de reprochar al PP que esté dando un «golpe a la democracia y a la Constitución» por su comportamiento.
Señaló que la posición del PSOE es que las Cortes tienen que participar en la formación del CGPJ, descartando que los jueces designen «en exclusiva» a quienes les representan en ese órgano.
El senador socialista señaló que la imparcialidad de los jueces en España es «clarísima», frente a otros países, como «Hungría», donde las «corrientes de ultraderecha» la ponen en duda.
Desde el PP, Santamaría dijo que reforzar la independencia de la Justicia pasa también por que sean imparciales organismos como la Fiscalía General del Estado y aseveró que su partido es partidario de cambiar el modelo del CGPJ según el «mandato europeo», es decir, que 12 de los 20 vocales los escojan los propios jueces.
Santamaría apostó por reforzar los mecanismos para garantizar la independencia judicial y afeó a Podemos que sus críticas a jueces como Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, o Juan José Escalonilla, de los juzgados de Plaza de Castilla, les obligue a «pedir protección» para trabajar.
Oleaga y Santamaría debatieron con Enrique Santiago (Unidas Podemos), Javier Ortega Smith-Molina (Vox) y Edmundo Bal (Ciudadanos), que expresaron su certeza de la independencia de los jueces para dictar sentencias sin influencias políticas, al tiempo que se acusaron de poner obstáculos a la renovación del CGPJ, que acumula casi cuatro años en funciones.
Desde Unidas Podemos, el líder del Partido Comunista aseguró que la independencia judicial existe, aunque incidió en que un juez tiene, como cualquier persona, su punto de vista y puede militar en asociaciones judiciales de determinada tendencia.
Sobre el debate en torno al Consejo, Santiago consideró que hay un «clarísimo intento de interferencia de los partidos políticos en el Poder Judicial que no debería ser» y denunció una «coordinación» entre el PP y los vocales ‘conservadores’ «para evitar» tanto esa renovación como que el CGPJ designe a los dos magistrados que le corresponden para el Tribunal Constitucional.
Además, Santiago defendió que «nunca va a haber un sistema absolutamente perfecto» para elegir a los vocales del CGPJ, pero desde su espacio político respaldan que el órgano de los jueces tiene que someterse al control del parlamento, de la «soberanía popular», al ser uno de los tres poderes del Estado.
MÉRITOS Y CAPACIDAD
Por su parte, Javier Ortega Smith-Molina transmitió que «en términos generales sí existe independencia de los jueces, pero no del sistema judicial», al señalar la «amenaza» de los partidos y gobiernos por querer influir en los nombramientos de las altas magistraturas.
Expresó que Vox defiende que los 12 vocales de extracción judicial «han de ser elegidos» por los jueces por un «voto personal y directo», así como «garantizando siempre la libertad de cualquier magistrado pueda optar a esa plaza», esté o no en una asociación.
Mientras, Edmundo Bal expuso que cualquier trabajador de la Justicia sabe que «los jueces son independientes», si bien ha querido subrayar que la Justicia, «además de serlo, debe parecerlo».
El portavoz de Ciudadanos cargó contra «determinados políticos» que se expresan públicamente sobre resoluciones que no les gustan calificando a sus autores de «jueces fachas», pues «las sentencias se aceptan cuando nos gustan y cuando no nos gustan».
Bal destacó que los jueces deben ser elegidos para los puestos más altos de la judicatura por sus «méritos y capacidad» y criticó que el PP se sume ahora a reformar el sistema que elige a los vocales del CGPJ tras «35 años repartiéndose los jueces».
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