El Parlamento Europeo ha examinado la lentitud de la Justicia en España por petición del abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal, quien ha pedido amparo al Tribunal Constitucional (TC) por tener que esperar más de tres años para un juicio.
La presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, Dolors Montserrat (PP), ha enviado una misiva al letrado informando que ha examinado su petición y se ha declarado «admisible», ya que el asunto entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea.
Montserrat también ha recordado a Sánchez Bernal que una vez finalizado el procedimiento judicial en España, puede presentar una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si considera que se han vulnerado sus derechos individuales.
La dirigente del PP ha informado que la Comisión de Peticiones ha decidido dar por finalizado el examen de su petición, y ha agradecido al letrado por haber trasladado la queja al Parlamento Europeo.
Sánchez Bernal está a la espera de que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo que presentó en diciembre de 2021 al considerar que se ha vulnerado el derecho a una tutela judicial efectiva por tener que esperar más de tres años a que se celebre el juicio por una demanda laboral que presentó contra la Universidad de Sevilla en representación de su cliente, entonces un recién doctorado.
El 24 de junio de 2021, el Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla admitió la demanda y anunció al abogado que el acto de conciliación y el juicio, en caso de que las partes no llegasen a acuerdo alguno, quedaban fijados para el 7 de noviembre de 2024, a tres años y medio vista. El juzgado al final encontró un hueco y se celebrará en diciembre de 2022.
La demanda fue estudiada el pasado lunes por el tribunal de garantías, pero pospuso su decisión para la próxima reunión de la Sala Primera, para la que todavía no hay fecha.
El fiscal del Tribunal Constitucional Fernando Cabedo Villamón ha informado a favor de la estimación del recurso de amparo (procedimiento ordinario número 780/21). Considera que procede la estimación parcial y declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante a un proceso sin dilaciones indebidas del artículo 24.2 de la Constitución.
«La conducta del demandante no merece reproche alguno, dado que, además de no haber propiciado el retraso en cuestión, ha denunciado la vulneración del derecho fundamental», señala el fiscal, y añade a su razonamiento el hecho de que el demandante recurrió los primeros rechazos del juzgado a cambiar la fecha del juicio.
Sánchez Bernal sostiene que «la Administración de Justicia, al menos en lo que respecta al ámbito territorial de Sevilla, padece un mal endémico, la lentitud, la Justicia tardía que, entre todos, tenemos que curar porque una Justicia tardía, no es Justicia».
Confía en que el tribunal de garantías estime el recurso «a la vista del informe del fiscal». Además, informa que la resolución del Constitucional también servirá para que se tenga en cuenta en un recurso suyo que está pendiente de resolver un juzgado de lo Social de Sevilla, que señaló un juicio para 2025 en relación a una denegación de prestación de renta activa de inserción.
El letrado ha sido distinguido recientemente con la Cruz de Oro de la Orden al Mérito Humanitario de Andalucía, un galardón que esta asociación concede anualmente a personas o instituciones que tengan a sus espaldas «una vida de entrega y servicio a las buenas causas» y la entrega de su tiempo y pecunio «para el servicio a los otros».
A esta lucha contra los señalamientos tardíos se han sumado otros abogados que ya están recurriendo los señalamientos -actualmente se están fijando juicios para diciembre de 2026, como está sucediendo en Huelva- e incluso van a acudir también al auxilio del Tribunal Constitucional.
