El despacho de abogados Ejaso ETL Global ha fichado a la jurista María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional y primera mujer en la historia que ha ocupado esa responsabilidad, para dirigir su nuevo departamento especializado en Derechos Fundamentales.
Ejaso ha anunciado la inauguración de esta nueva unidad declarando en un comunicado la necesidad de ofrecer servicios específicos para proteger los derechos fundamentales.
“No es posible vivir en una sociedad democrática sin que los derechos fundamentales y libertades públicas sean respetados por todos, poderes públicos y organizaciones y personas privadas», dice Casas, que además desempeñó como la primera mujer Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. «Son el fundamento de la dignidad personal, que han de regir los grandes retos que debemos afrontar»,
Los servicios ofrecidos por este departamento incluyen el asesoramiento preventivo a las empresas, la intervención profesional en la formulación de recurso o cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o el planteamiento de demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y estarán disponibles tanto para empresas como para particulares dentro y fuera de España.
Según Lourdes Ruiz Ezquerra, socia de la firma y coordinadora de la unidad especializada del despacho, la dimensión internacional de la unidad sigue el razonamiento de que «hay que tener presente que los derechos fundamentales se regulan en nuestra Constitución Española, pero también en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos».
«Es importante tener presente que se trata de un servicio que no tiene fronteras”, explicó.
Por su lado, Gonzalo Grandes, consejero ejecutivo y responsable del área corporativa de Recursos Humanos de Ejaso, destacó los riesgos del escenario actual para los derechos fundamentales, señalando que la necesidad de este tipo de ofertas viene dada por «el inexorable ritmo de la digitalización, el surgimiento de nuevas tecnologías» que se han acelerado en los últimos años, «además de que las actuaciones de muchas empresas y de la propia Administración, cruzan cada vez más la línea roja de la esfera personal».
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