El magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, José María Magán Perales, ha alertado a la Seguridad Social de un posible fraude en el cobro de una prestación de ingreso mínimo vital por parte de S.P., un extranjero de origen ruso que cuenta con recursos propios.
El magistrado ha tomado esta decisión tras estimar el recurso, presentado por este mismo ciudadano, contra la resolución de la Subdirección del Gobierno en Alicante que le denegaba la tarjeta de residencia permanente en España como familiar de ciudadano en la Unión Europea. Esta petición fue solicitada en la vía administrativa el 24 de mayo de 2021.
El juzgado ha señalado su pretensión al considerar que S.P cumple con el requisito legal de disponer de ingresos económicos propios suficientes. Ya que, según la sentencia, ha quedado acreditado que trajo a España 65.070 euros en metálico, que dispone de una vivienda en Sochi (Rusia) y que, además, es titular de tres cuentas bancarias con un saldo superior a 33.000 euros.
En concreto, el recurrente ha acreditado ser titular de una cuenta corriente en el banco ruso Soyuz, con un saldo superior a 8.000 euros; otra en la entidad Raiffeinsnbank de Austria, con 20.000 euros y otra en Bankia, con un saldo superior a 5.000 euros.
Todos estos ingresos ponen de manifiesto que el recurrente disponga de ingresos suficientes, lo cual supone la estimación de la demanda.
Recibe cada mes 460 euros a pesar de tener más de 33.000 euros en el banco
En cambio, según el magistrado, al mismo tiempo que dispone de este dinero, recibe cada mes un total de 460.93 euros en concepto de ingreso mínimo vital desde el 1 de junio de 2020.
Por este motivo, el magistrado José María Magán ha llegado a apreciar la existencia de “un posible fraude” en la apreciación de esa ayuda. Por ello, ha alertado a la Seguridad Social de lo ocurrido por “si pudiera ser disconforme al Derecho o fuera procedente su revisión de oficio”.
El magistrado, en su resolución, ha destacado que no es de recibo tener más de 33.000 euros en cuentas bancarias en el extranjero y haber traído más de 65.000 euros en efectivo a España y, al mismo tiempo, esté cobrando dinero de un ayuda publica que, con sus ingresos, no debería percibir”.
Por ello, el juez ha relatado en su sentencia que, aunque esos ingresos se hayan valorado de forma positiva a la hora de estimar la demanda respecto a la tarjeta de residencia solicitada, “este mismo juzgado no puede obviar ni mirar para otro lado ante la existencia de una ilegalidad puesta de manifiesto por el propio recurrente”.
De tal forma que el magistrado ha considerado oportuno alertar a la Seguridad Social al ser el organismo que concedió la ayuda del ingreso mínimo vital. Por ello, le entregará una copia de la sentencia, una copia testimoniada de la demanda y, también, de todos los documentos aportados por S.P., en los cuales se señala la existencia de ingresos fuera y dentro del territorio español.
Y todo ello, ha añadido, a los efectos de que por parte de la Administración de la Seguridad Social “se puedan valorar y recalcular todos los ingresos del recurrente y revisar de oficio, si procede, el ingreso mínimo vital con devolución, si proceder, de las ayudas percibidas no prescritas”.
