El magistraato titular del Juzgado de Primera Instancia Número 70 de Madrid, Roberto Fernández, ha fijado para el próximo 21 de octubre una vista para escuchar las alegaciones de la Abogacía del Estado y de la familia del dictador Francisco Franco sobre la demanda que presentaron los servicios jurídicos de la Administración –y a la que se unió la Xunta de Galicia– para reclamar la propiedad pública de 564 bienes muebles que se encuentran en el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña).
En dicha vista estudiará las medidas cautelares que ha reclamado la Abogacía del Estado en la demanda que presentó el pasado 21 de septiembre.
En concreto, el juzgado estudiará la petición de los servicios jurídicos, que reclaman que se acuerde la permanencia de los bienes dentro del Pazo de Meirás, y en depósito de la Administración, hasta que se resuelva «a quién corresponde la propiedad».
Para la Abogacía, es una medida cautelar que se considera «esencial» para «garantizar la conservación y protección de todos estos bienes, así como la integridad de los intereses históricos y artísticos vinculados a estos bienes por el lugar donde se encuentran».
La Administración reclama la propiedad de un total de 564 bienes muebles o documentos y legajos que se agrupan en tres categorías: bienes de Patrimonio Nacional; del Patrimonio Documental Español y bienes que son de dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado.
Los servicios jurídicos del Estado presentaron la demanda después de que los Franco solicitasen al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña retirar todos los bienes depositados en el inmueble que no fueron reclamados por el Estado en su momento.
ABOGACÍA DEL ESTADO Y XUNTA DE GALICIA
Este mes, la Xunta de Galicia anunció que se sumaría a la demanda interpuesta al respecto de la consideración de bienes de dominio público y patrimonio público, tanto de objetos procedentes de la etapa de Emilia Pardo Bazán (transmitidos en 1938) como de los instalados por Francisco Franco cuando fue jefe del Estado durante la dictadura.
La Xunta aseguró que así reforzaba «la postura que lleva manteniendo desde el inicio del proceso» y apoyaba «la unidad de acción» con el resto de administraciones, con el objetivo de trabajar «de forma leal y coordinada para favorecer los intereses generales de Galicia».
De hecho, el Ejecutivo autonómico recordó que la demanda por parte del Estado era un paso que «llevaba solicitando desde hace mucho tiempo». La vía judicial es, para la Xunta, «la única forma de garantizar la propiedad de estos bienes», como ya ocurrió exitosamente con el propio Pazo de Meirás y algunos elementos vinculados.
Por eso, en el escrito presentado ante el juzgado de Madrid, la Administración gallega expuso su «interés legítimo» para participar en este pleito, como ya lo hace en el procedimiento que está abierto sobre la titularidad del inmueble.
BIEN DE INTERÉS CULTURAL
La Xunta defendió que la permanencia de los objetos relacionados con Emilia Pardo Bazán y Francisco Franco –cuando era jefe del Estado– en el complejo de Meirás «haría más transmisible y comprensible los acontecimientos históricos que allí se produjeron».
En relación a esta cuestión, el consejero de Cultura gallego, Román Rodríguez, insistió en que se trata de un proceso «complejo» por el hecho de que una parte del pleito esté en un juzgado de A Coruña y otra en el de Madrid.
No obstante, incidió en que la Administración gallega apoyaba esa reclamación por ser «la forma en que estos bienes pasen a ser propiedad pública». Por todo ello, ha apelado a la «unidad de acción». Mientras, ha reiterado que la declaración Bien de Interés Cultural (BIC) lo que hace es «proteger un bien, pero no interviene sobre la propiedad».
