Nueve meses después de que la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la fiscal general del Estado del momento, Dolores Delgado, firmaran el convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio Fiscal en materia de prevención de riesgos laborales para garantizar un sistema de prevención de riesgos y protección de la salud –fue el 21 de febrero pasado– se constituyó ayer la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Ministerio Fiscal.
Su objetivo es establecer el derecho de consulta y participación de los miembros de la Fiscalía en materia de prevención de riesgos laborales, así como en aquellas cuestiones relativas a la salud y seguridad durante el ejercicio de su profesión.
El organismo tiene una composición paritaria de cinco representantes designados por el Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, dos designados por el fiscal general del Estado, Álvaro García, y siete por las asociaciones de fiscales.
Como primera medida, la Comisión aprobó su reglamento interno de funcionamiento, en el que se establece que se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre, fijándose la próxima reunión para enero de 2023.
En aquella firma, la titular de Justicia explicó que el convenio sentaba las bases del nuevo Plan de Prevención de Riesgos Laborales para fiscales: «Como ministra, estoy convencida de que tenemos que cuidar a nuestros profesionales y reforzar derechos fundamentales como la protección de la maternidad, la salud profesional, incapacidades, descanso y conciliación corresponsable, cuestiones relativas a la seguridad social y al sistema de prevención de riesgos, y a la formación».
