José Manuel Bandrés y Pablo Lucas están destinados en la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo del Supremo; son progresistas. Pablo Llarena y Julián Sánchez Melgar forman parte de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, y son conservadores.
Bandrés, Lucas, Llarena y Sánchez Melgar se perfilan para la quiniela final de la que saldrán los dos magistrados del TC por el CGPJ
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14/11/2022 01:00
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Actualizado: 13/11/2022 23:42
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José Manuel Bandrés y Pablo Lucas Murillo de la Cueva están destinado en la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo del Tribunal Supremo. Pablo Llarena y Julián Sánchez Melgar forman parte de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
Los cuatro reúnen las condiciones que tienen que tener los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
Los dos primeros son progresistas. Bandrés pertenece a Juezas y Jueces para la Democracia y fue el elegido por el bloque progresista de siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la pasada semana.
El segundo –actualmente el juez que autoriza las operaciones encubiertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)– no lo es, pero comparte esa misma visión.
Los dos candidatos favoritos del grupo conservador del CGPJ son Pablo Llarena, el juez instructor del caso «procés», y Julián Sánchez Melgar, exfiscal general del Estado.
Aunque también se especuló la pasada semana con los nombres de Vicente Magro, también de la Sala de lo Penal, César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, y de Dimitry Berberoff, magistrado de esa misma Sala.
Sin embargo, las fuentes consultadas consideran que los tres últimos forman parte de una cortina de humo.
El próximo 16 de noviembre se vuelven a reunir los negociadores de ambas partes, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, por parte del sector conservador, y por Roser Bach y Álvaro Cuesta, en el lado progresista.
Y el 24 de noviembre está previsto que tenga lugar el pleno ordinario.
Todo está en el aire. Depende de cómo se encaje entre los miembros del CGPJ la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suprimir el delito de sedición, que prevé penas de 5 a 15 años para los que incurran en estas conductas, con el que se condenó a los líderes del «procés» con hasta 13 años de prisión, para sustituirlo por uno de desórdenes públicos agravados cuyo castigo máximo será de 5 años de prisión.
También puede condicionar su decisión el recurso interpuesto por el vocal amigo de Carlos Lesmes, Wenceslao Olea, contra la decisión del Pleno del órgano de gobierno de los jueces de designar a Rafael Mozo como presidente interino hasta que se produzca finalmente la renovación del Consejo, o su jubilación.
Sea como fuere, la existencia de cuatro candidatos como estos prueba que la fruta puede estar lo suficiente madura como para que el proceso pueda ver la luz.
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