El Tribunal Supremo (TS) ha impuesto una multa de 6.000 euros a Fernando Presencia al considerar que su comportamiento en una causa por la que podría ingresar en prisión, consistente en presentar una cadena de recusaciones y recursos sin fundamento, «ha conculcado las reglas de la buena fe procesal» incurriendo en un «manifiesto abuso de derecho».
La multa, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil –entre 150 y 6.000 euros–, es la máxima que se puede imponer por conculcar la buena fe procesal.
«Sabemos que es inusual llegar a una cuantía tan elevada, pero inusual ha sido y es el comportamiento procesal del recusante, que ha convertido el procedimiento, desde que ha tenido entrada en este tribunal, en una carrera de obstáculos tan extraordinaria, como haber llegado a recurrir resoluciones que no eran recurribles, provocando con ello no solo una innecesaria actividad procesal, sino la dilación que con ello pretendía», dice el TS.
La Sala de lo Penal del TS explica que esta actuación de Presencia se enmarca en un recurso de casación formulado por el ex juez contra la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 3 de Toledo dictada el 30 de octubre de 2020 que le condenó a una pena de 2 años y 10 meses de prisión, y que, de confirmarse, podría implicar su entrada en la cárcel.
La Sala Segunda reprocha a Presencia el uso de «maniobras dilatorias», «como colofón de una artera actitud emprendida por una persona que, sabedora de los resortes que le ofrece la normativa vigente, debido a los conocimientos que posee, por su condición de ex magistrado, ha venido haciendo uso de ellos, con evidente abuso de derecho».
Los magistrados explican que el ex juez recusó primero, de forma «absolutamente infundada» y con «elementales defectos de forma», al ponente de su recurso de casación, Julián Sánchez Melgar, y cuando se rechazó recusó a los demás miembros de la Sala Segunda, salvo Miguel Colmenero, lo que también se inadmitió «por concurrir claras notas de temeridad y abuso en su formulación».
Para el Supremo, «el proceder del recusante solo cabe entenderlo como una maniobra dilatoria, la cual, por más que ha tratado de darla una apariencia de legalidad, solo tenía como objetivo, si no impedir, sí, al menos, retrasar el dictado de una decisión que, efectivamente, por el momento, ha conseguido, pues se encuentra pendiente de resolución el recurso de casación».
A ello, los magistrados añaden que Presencia no ha cesado en esa «torticera actitud», planteando varios recursos relacionados contra resoluciones que, según destaca la Sala de lo Penal, no son recurribles.
INVESTIGADO EN LA AN
Cabe recordar que Presencia está siendo investigado por el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, por presuntos delitos de injurias, calumnias y contra las altas instituciones del Estado por las acusaciones lanzadas contra magistrados del Tribunal Supremo.
Gadea comenzó a investigar el pasado 21 de junio a raíz de una denuncia presentada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional (AN), Jesús Alonso, contra Presencia por las afirmaciones realizadas sobre magistrados del TS, entre ellos el entonces presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
El Supremo ya denunció el pasado 10 de junio a Presencia ante el CGPJ por difundir «imputaciones radicalmente falsas» y «calumniosas» que no guardan relación alguna con la «verdad» sobre la situación patrimonial de los magistrados del alto tribunal.
