El partido liderado por Santiago Abascal ha celebrado hoy en la Cámara Baja unas jornadas sobre el problema de la 'okupación' ilegal de inmuebles y la 'inquiokupación' en España, en las que han participado diversos expertos en la materia y víctimas, y que han sido inauguradas por Iván Espinosa de los Monteros.
VOX denuncia que la ‘okupación’ se extiende en España como una mancha de aceite porque se protege a los delincuentes
VOX ha vuelto a llevar al Congreso su ley para combatir el fenómeno de la ‘okupación’, que ahora abarca también los ‘inquiokupas’
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25/11/2022 12:36
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Actualizado: 25/11/2022 21:25
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El portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, ha destacado hoy que el problema de la ‘okupación’ se extiende como una mancha de aceite por toda España debido a que las medidas vigentes «protegen» a los delincuentes, en vez de beneficiar a los propietarios y quienes cumplen la ley.
«En España se protege al ‘okupa’ frente al propietario y la Administración da estímulos para la entrada ilegal en viviendas», ha denunciado.
VOX ha celebrado hoy en el Congreso de los Diputados unas jornadas sobre el problema de la ‘okupación’ ilegal de inmuebles y la ‘inquiokupación’ en España, en las que han participado diversos expertos en la materia y víctimas, y que Espinosa de los Monteros ha inaugurado.
Han arrancado a las 9.30 y se han prolongado hasta casi la una de la tarde, con varias mesas redondas, que puede ver pinchando aquí.
“Las víctimas de la ocupación, no solo han sido víctimas de los ocupas, de los inquiocupas, sino también de la ausencia y la falta de cobertura de quienes tendrían que haberle protegido. Son víctimas también de un sistema que parece diseñado para perjudicar a los cumplidores de la ley y beneficiar a los que deberían ser objeto de persecución judicial en nuestro país”, ha asegurado Espinosa de los Monteros.
Espinosa los Monteros ha destacado en su intervención que esta lacra ha crecido de manera particularmente intensa en aquellas regiones en las que «se ha hecho bandera de ella como si fuera algo bueno», en lugar de combatirla, como, según ha indicado, sucede en Cataluña, si bien es un problema que se extiende por toda España «como una mancha de aceite».
Entre enero y junio de 2022 se denunciaron en nuestro país 8.857 ocupaciones de inmuebles, casi la mitad de ellas, el 42%, en Cataluña, según los datos que el Gobierno remitió el pasado mes de octubre a los diputados de VOX, que pidieron conocer los motivos del alto número de ocupaciones en esa Comunidad Autónoma.
Interior achaca el incremento de este tipo de delitos en los últimos años a la coincidencia de diversos factores. En concreto, señala dos: que hay un elevado número de inmuebles vacíos y también de personas que pierden su morada por deudas o pérdida de empleo por la situación económica derivada de la concatenación de crisis sanitaria del Covid, la crisis de logística y de producción internacional, agravada por la invasión de Ucrania, y su grave impacto sobre el precio de la energía y en los productos alimenticios básicos.
La segunda Comunidad Autónoma en la que se denunciaron más hechos de este tipo en el primer semestre del año fue Andalucía, con 1.276 (el 14% del total). En la Comunidad Valenciana las denuncias ascendieron a las 1.093 (el 12 %), en la Comunidad de Madrid a 813 (el 9,1 %), en Castilla-La Mancha a 387 (4,3%), en Murcia a 338 (3,8%) y en Canarias a 250 (2,8%).
Teruel fue la única provincia en la que no se denunció ninguna ocupación en ese periodo.
Espinosa de los Monteros ha señalado en su intervención el problema que sufre Vallecas, donde la ocupación ha aumentado un 50% en dos años. “Se está protegiendo al delincuente en lugar de proteger a la víctima”, ha insistido.
Por ello, ha asegurado que “en España se protege a los ocupas frente a los propietarios”, algo que “crece porque los estímulos que pone la administración pública son para la ocupación no para la defensa de sus propietarios, crece porque se está protegiendo a los delincuentes en vez de proteger al que cumple la ley”. «De esta manera, la ocupación otorga derechos adicionales a los ocupas”, ha añadido.
DENUNCIA «LA VENTAJA» QUE TIENEN LOS INMIGRANTES ILEGALES
Otro de los aspectos que ha denunciado el portavoz de VOX es «la ventaja» que tienen los inmigrantes ilegales: “Un ocupa, si encima es inmigrante ilegal, puede inscribirse en el padrón municipal como residente del inmueble ocupado”.
«En algunos casos, no culpo al inmigrante ilegal al que se le ofrece un camino. Un inmigrante ilegal que proceda de otro país, aunque tenga claro el sentido del bien y del mal y de la propiedad, si cuando se le atrae con un efecto llamado se le dice ‘ven, que aquí se puede entrar de manera ilegal, que aquí tienes un piso gratis, ven que vas a tener sanidad y educación gratis, que te vamos a dar además una ayuda,’ entonces el problema no es del inmigrante ilegal, no es del ocupa, el problema es de la administración, de la sociedad y de los valores que le estamos diciendo que tenemos”, ha argumentado.
Asimismo, Espinosa de los Monteros ha incidido en el problema -creciente- de la inquiocupación, que afecta a «casi el 80% los propietarios ocupados». Esto se produce mediante el incumplimiento del contrato previo y que permanecen dentro de la vivienda durante años a costa del propietario. “¿Quién quiere hoy alquilar una vivienda a un tercero sabiendo el riesgo que asume? ¿Quién quiere poner pisos en alquiler con el riesgo de perderlos para siempre? ¿Cómo vamos a estimular un mercado de alquiler si estamos poniendo todas las trabas para que ese mercado se desarrolle?”, ha planteado.
VOX sostiene que la actual regulación penal del delito de ocupación de inmuebles «no da respuesta suficiente a la inquietud creciente de la mayoría de los españoles ante la aparente impunidad con la que actúan algunos individuos y grupos organizados, quienes toman ilegítimamente para sí viviendas u otros inmuebles ajenos ante la incapacidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de actuar por causa de la falta de cobertura legal».
Destaca que aunque la vivienda constituye un bien de primera necesidad, el derecho a la propiedad privada está reconocido por la Constitución, sin perjuicio de que la ley pueda delimitar su contenido atendiendo a su función social. «Un Estado de Derecho no puede permitir que individuos o grupos organizados, actuando fuera de las vías legales y/ o so pretexto de una pretendida necesidad de vivienda, se apoderen de inmuebles que no les pertenecen y sobre los cuales no tienen título válido alguno para disfrutarlos», subraya.
Y hace hincapié en que el mensaje a los delincuentes debería ser que ocupación significa prisión.
VOX HA VUELTO A LLEVAR AL CONGRESO UNA LEY PARA COMBATIR EL FENÓMENO DE LA OCUPACIÓN QUE AHORA ABARCA TAMBIÉN LOS ‘INQUIOKUPAS’
Espinosa de los Monteros ha recordado que VOX ha propuesto diversas iniciativas parlamentarias para combatir el fenómeno de la ocupación, la última de ellas una Proposición de Ley Orgánica que abarca aspectos como los ‘inquiokupas’: aquel inquilino que deja de pagar la renta y se atrinchera en la vivienda, para quienes pide su lanzamiento.
Fue presentada el pasado mes de junio, manteniendo así abierto el debate tras ser rechazada su anterior iniciativa por parte de la mayoría que apoya al Gobierno.
Esta iniciativa, que no se ha debatido aún, incluye nuevas medidas en el ámbito civil, otorgándole al juez la posibilidad de resolver cautelarmente la situación posesoria del inmueble ocupado. También faculta a las comunidades de propietarios para luchar contra esta fenómeno, dándoles legitimación para iniciar el procedimiento civil frente a quien ‘okupa’ un inmueble.
Modifica cuatro leyes: el Código Penal (CP), la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley sobre Propiedad Horizontal (LPH).
Esta Proposición de Ley Orgánica sido elaborada por la diputada de VOX por Valencia, Cristina Esteban Calonje, responsable de coordinar los asuntos relativos a la lucha contra la ‘okupación’ inmobiliaria.
“Queremos restaurar los derechos de los legítimos propietarios, hemos propuesto más seguridad a posteriori en el sentido de endurecimiento de las penas y agilización de los trámites para la recuperación de la vivienda con la reforma, tanto del Código Penal como de las leyes de enjuiciamiento civil y criminal, pero también con mayores certidumbres para los propietarios con la creación de un registro de inquiocupas que permita identificar a los morosos de alquiler y contribuya a generar confianza y garantía en un mercado esencial”, ha explicado Espinosa de los Monteros.
LAS REFORMAS QUE PLANTEA VOX
VOX sostiene que a la vista de la «inexistencia» de protección legal de la propiedad privada frente a la ocupación, «deben adoptarse medidas desde una doble vertiente: penal, endureciendo las penas por usurpación y dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mayores medios en la lucha contra la ocupación ilegal; y civil, agilizando el proceso de desahucio de ocupas y ampliando tanto el objeto como los sujetos amparados bajo este procedimiento más rápido de recuperación de inmuebles».
«De esta forma, se pretende implementar y reforzar las herramientas legales con las que tutelar y recuperar la posesión de un inmueble usurpado a su legítimo propietario», alega.
Es por ello que considera que en el ámbito penal es necesario modificar el Real Decreto por el que se aprueba la LECrim para agilizar el procedimiento frente a los ocupas ilegales y el Código Penal para endurecer las penas establecidas para el delito de usurpación, crear un tipo específico para las bandas organizadas que llevan a cabo estos delitos, y acelerar el proceso de desalojo de ocupas.
En el ámbito civil afirma que se hace imprescindible la modificación del artículo 250.1.4º para que se amplíen los sujetos legitimados para solicitar la inmediata recuperación de la plena posesión de su inmueble y los inmuebles cuya posesión se puede reclamar, «de forma que no quede limitado a la vivienda».
En segundo lugar, como medida particular para los casos en los que se produce el impago de rentas por el arrendatario, plantea que se agilicen los procesos de desahucio «para evitar someter a propietarios a dilaciones de años para recuperar la posesión de su inmueble».
Desde que se produce el primer impago, con carácter previo al procedimiento judicial, en la práctica, el arrendador suele intentar una negociación amistosa con el inquilino para evitar los costes que acarrea acudir a los tribunales. Posteriormente, en última instancia, el propietario se ve obligado a realizar un requerimiento fehaciente de pago y a esperar 30 días hasta la interposición de la demanda, para así evitar una posible enervación del procedimiento de desahucio después de todo el tiempo en el que ha estado en mora el deudor.
VOX manifiesta que se debe tener en cuenta que, conforme a información facilitada por el Consejo General del Poder Judicial, actualmente el plazo medio de resolución de un procedimiento verbal arrendaticio es de 5,5 meses, plazo que ha ido aumentando desde 2010 y que alcanza los 7,8 meses en las diferentes administraciones regionales, como Castilla y León. «Este tiempo, sumado a la negociación previa y a los 30 días de espera desde el requerimiento de pago y la demanda, se traducen en incluso años», subraya el partido liderado de Santiago Abascal.
Por tanto, plantea que se reduzca la espera del propietario para la recuperación del inmueble, disminuyendo el plazo de 30 días que debe transcurrir entre la reclamación fehaciente de cantidad y la interposición de la demanda establecido en el artículo 22 de LEC exigido para que no sea posible la enervación del desahucio.
En tercer lugar, afirma que se debe tener en cuenta que los vecinos de inmuebles cercanos a la vivienda ocupada ilegalmente son, en muchos casos, «los verdaderos afectados» por las actividades que realizan los ilegítimos ocupantes del inmueble. Por tanto, ve necesario eliminar la limitación actual de las facultades de las comunidades de propietarios para evitar, y en su caso, actuar contra la ocupación ilegal y sus consecuencias en la convivencia vecinal. «Para ello, procede ampliar la legitimación para actuar a aquellos vecinos que pueden verse afectados por estas actividades ilícitas», argumenta.
Este partido denuncia que estas situaciones de privación de la propiedad privada, que atacan derechos constitucionales, «se han permitido olvidando el esfuerzo que supone para muchos propietarios tanto la adquisición como el mantenimiento de estos inmuebles, y faltando a la consideración que para muchos españoles tiene la vivienda como forma de ahorro». Y plantea todas estas actuaciones para la lucha contra la ocupación ilegal, ya medie contrato previo o no.
LAS JORNADAS
En las jornadas se ha celebrado una primera mesa redonda sobre la experiencia jurídico-técnica, en la que han intervenido Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili y director de su Cátedra UNESCO de Vivienda; David Valriberas, inspector de Policía Nacional; y Enrique Vendrell, abogado y administrador de fincas, a la que ha seguido un debate.
Nasarre ha comenzado indicando de dónde viene el problema de la ocupación. “Todo el problema nos viene por la asequibilidad de la vivienda. La asequibilidad es un problema muy complejo. Utilizar recetas mágicas como la ocupación o el control de rentas, no funcionan”, ha expuesto este catedrático de Derecho Civil, y ha destacado que un Estado «no puede permitirse el lujo de decirles a las familias que pueden estar en casa de otro porque no les van a poder echar”.
Vendrell ha cargado contra las políticas actuales, ya que “el derecho a una vivienda digna corresponde a las administraciones públicas proporcionarlo y en ningún caso se puede oponer al derecho de propiedad”. “Lo que se está haciendo es soslayar la propia responsabilidad de los poderes públicos para trasladar la carga a la propiedad privada. Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos”, ha denunciado.
Valriberas ha hablado de la problemática que existe en la ocupación cuando se da en comunidades de vecinos. “No podemos dejar de hablar del resto de delitos que acompañan a la ocupación. Se están cometiendo otros hechos delictivos”, ha señalado. Además, ha indicado que “la expectativa de las víctimas no es otra que la restitución del bien en el tiempo más rápido posible”. También ha criticado la actual normativa: “El exceso del tecnicismo nos obliga a nosotros a interpretar la norma. Y la aplicamos de la mejor manera posible”.
La segunda mesa ha versado sobre la experiencia parlamentaria, y han participado en ella Ignacio Garriga, secretario general de VOX y diputado en el Parlamento catalán; José Luis Ruiz Bartolomé, portavoz de Vivienda de VOX en la Asamblea de Madrid; y Eduardo Ruiz Navarro, portavoz adjunto de VOX en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Tras ella se ha celebrado un debate con Sergio Macián, diputado de VOX en el Parlamento de Cataluña.
Garriga ha explicado la situación de “extrema gravedad” que se vive en Cataluña respecto a la ocupación ilegal que, según ha denunciado, «ha sido incitada por la izquierda y el separatismo con el fin de atacar la propiedad privada”. “La vivienda se ha convertido en un producto al alcance de muy pocos por culpa de las políticas de los distintos gobiernos”, ha expresado.
Garriga también ha denunciado que desde las instituciones, «la izquierda y el separatismo amparan la delincuencia organizada y, por otro lado, están promoviendo unas leyes y actuaciones para colocar en una situación de vulnerabilidad la propiedad privada”.
Maciá ha puesto sobre la mesa los datos para explicar que si Cataluña tiene la mayor tasa de ocupación ilegal en España es porque “la izquierda y el separatismo han fomentado y amparado las ocupaciones ilegales y los movimientos okupas”.
Ruiz Bartolomé, por su parte, ha señalado que «en las instituciones en las que gobierna la izquierda y la extrema izquierda existen más problemas de ocupación e inquiocupación porque se ha fomentado desde las mismas, tanto en forma de leyes como en incitaciones al delito».
El diputado Eduardo Ruiz ha subrayado en relación a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que “el problema que tiene la policía es que le faltan herramientas legales para poder actuar en muchos casos de ocupación” y ha puesto en valor la iniciativa presentada por VOX para revertir la actual situación.
La tercera mesa redonda ha tenido como protagonistas a varias víctimas, que han expuesto el calvario que sufren. Una de ellas, víctima de ‘okupas’ en las viviendas del IVIMA en Vallecas, otra es víctima de ‘inquiokupación’, y en tercer lugar ha intervenido la representante de la asociación de vecinos de Torrejón de Velasco.
«Nuestra casa se ha convertido en una cárcel”, ha explicado la primera de ellas, que ha criticado la actuación de la Agencia de la vivienda. “El problema no viene de que los vecinos no denunciemos, sino que por parte de la Agencia de la Vivienda no se nos tiene en cuenta”, ha declarado.
Acto seguido, una víctima de inquiocupación ha relatado su caso. Un periplo de 30 meses para recuperar su casa «y ni siquiera lo decidió un juez, sino la señorita inquiocupa”.
La representante de la asociación de vecinos de Torrejón de Velasco ha relatado su experiencia con los ocupas en su bloque de viviendas: “Los ocupas más peligrosos y delincuentes me pidieron que les restituyera el importe de las cerraduras y las ventanas que habían roto para entrar en las viviendas”.
Las tres mesas redondas han sido moderadas por Cristina Esteban Calonje, portavoz de VOX en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana .
Las jornadas han sido clausuradas por Javier Ortega Smith-Molina, vicepresidente del partido, portavoz de VOX en la Comisión de Justicia del Congreso, y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, y la diputada de VOX por Málaga, Patricia Rueda.
“Nuestras calles no son seguras porque alguien ha decidido que nuestras fronteras no lo sean. Cada vez más barrios y zonas se convierten en lugares peligrosos para la vida normal. En Madrid lo sufrimos”, ha expuesto Ortega Smith-Molina, y ha recordado que su grupo parlamentario en el Ayuntamiento de Madrid propuso un plan integral contra la ocupación en los acuerdos de investidura con el alcalde. “Gracias a nosotros logramos que edificios públicos ocupados desde hace décadas como ‘La dragona’ o ‘La ingobernable’ fueran desocupados”, ha señalado.
Y ha hecho hincapié en que “para cambiar las cosas, hace falta una única cosa: no dar un solo paso atrás”.
LAS CLAVES DEL MAGISTRADO VICENTE MAGRO
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro Servet propuso también hace ya tiempo unas medidas para solucionar esta cuestión, como son la introducción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de un artículo nuevo, el que llevaría como número el 544 sexies, «para que se pueda adoptar en cualquier caso de ocupación inmobiliaria, una medida cautelar urgente por parte del juez instructor para que en un plazo máximo de 72 horas se ordene la inmediata expulsión del ocupante, lo que evitaría los retrasos actuales que pueden llegar hasta año y medio en casos de usurpación de bienes inmuebles que no constituyan morada».
También propone modificar la Ley de propiedad horizontal, ya que hoy en día las comunidades de propietarios no tienen legitimación para plantear la expulsión de un ocupante ilegal si el propietario no ha tenido conocimiento de la ocupación o está en el extranjero o ilocalizable.
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