El Consejo de Ministros aprobará este martes los nombramientos del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la exdirectora general del Ministerio de Presidencia, Laura Díez Bueso, como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
Campo fue ministro de Justicia entre enero de 2020 y julio de 2021, un periodo en el que comenzó la transformación modernizadora de la Administración de Justicia más ambicioso de nuestro periodo democrático –que ha continuado su sucesora, Pilar Llop–. Actualmente es magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Díez Bueso, por su parte, fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, hasta el pasado mes de abril.
El Gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a los dos candidatos al TC que le corresponde por cuota sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación.
En estos meses, el Ejecutivo ha fluctuado desde posiciones que, en un primer momento, contemplaban designar a sus dos candidatos para el TC, aunque el CGPJ no pudiera hacer lo mismo porque entonces la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se lo impedía, hasta otras en las que abogaba por dar un tiempo prudencial al órgano de gobierno de los jueces para que, ya recuperada la capacidad legal para hacerlo, nominara a su dupla para el TC.
De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas, no existe ningún impedimento legal para que el Gobierno nombre a los dos magistrados al TC que le corresponden, al margen de los del CGPJ si el órgano de gobierno de los jueces retrasa los suyos.
Estas mismas fuentes argumentan que el TC comenzó su andadura histórica, de hecho, sin los dos magistrados del Consejo por el hecho de que todavía no se había creado.
Otras fuentes mantienen que esto no puede ser y que la Constitución solo permite que la renovación se haga por el tercio completo (los 4 magistrados).
Sea como fuere, esto añade una fuerte presión al CGPJ, que tiene pendiente la elección de los dos magistrados que le corresponden. Ultimamente han mostrado su disposición a hacerlo en el Pleno fijado para el 22 de diciembre.
El grupo progresista del órgano de gobierno de los jueces, formado por 7 vocales, ya eligió a su candidato: José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Por el lado conservador suenan con gran fuerza los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo Julián Sánchez Melgar –exfiscal general del Estado– y Pablo Llarena –juez instructor del caso «procés»–.
Tras la decisión del Gobierno de elegir a sus candidatos la «patata caliente» de este conflicto pasará al Pleno del Tribunal Constitucional, al que le corresponderá dar el visto bueno a los dos elegidos, verificando que cumplen los requisitos de idoneidad exigidos, mediante la votación secreta de todos sus miembros. Una incógnita que queda pendiente.
Los miembros del Constitucional tendrán que valorar las razones por las que el Consejo no nombra a los dos suyos teniendo capacidad para hacerlo,
El resultado de la votación –si es positivo– tendrá que ser comunicado al Congreso, a la Casa de S.M. el Rey, al Senado, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial.
Después los nuevos magistrados jurarán o prometerán sus respectivos cargos ante el Rey Felipe VI, y a continuación la toma de posesión en el TC. Sería la primera vez que esto sucediera sin los dos elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, decisión pendiente desde el pasado mes de septiembre.
Con la entrada de Campo y de Díez, que sustituyen a Pedro González-Trevijano –actual presidente– y a Antonio Narváez (conservadores), y de los dos elegidos por el CGPJ cambiará la mayoría conservadora actual del Constitucional –6 a 5– a otra progresista, de 4 a 7.
Queda pendiente la elección de un nuevo magistrado para ocupar la plaza dejada libre por Alfredo Montoya, conservador, por razones de salud.
