"Mis padres nos inculcaron, a mis hermanos y a mí, la pasión por la igualdad. Es lo que me mueve en esta aventura en la que me he embarcado: hacer de la igualdad una realidad en todos los ámbitos de la sociedad, y, especialmente, en lo que a los Juzgados de Familia especializados se refiere", explica Isabel Winkels.
Isabel Winkels: «Hasta que no haya Juzgados de Familia exclusivos en toda España no habrá igualdad»
Candidata a vicedecana en el "ticket" electoral que lidera Eugenio Ribón bajo el lema "Compromiso Abogacía"
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04/12/2022 06:52
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Actualizado: 04/12/2022 14:00
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Dirige uno de las firmas especializadas en Derecho de Familia –nacional e internacional– más pujantes de España, Winkels Abogados. Y es secretaria de la Plataforma Familia y Derecho, una asociación compuesta por 2.000 profesionales, entre abogados, magistrados, fiscales, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, psicólogos, trabajadores sociales, académicos y mediadores.
Nació con el objetivo de hacer realidad la existencia de Juzgados de Familia especializados en todo el territorio nacional.
Actualmente estos juzgados solo atienden a menos de la mitad de la población en España. Lo que supone una vulneración del principio de igualdad, establecido en nuestra Constitución. Y una injusticia. Isabel Winkels quiere cambiar este estado de cosas. Por eso se ha embarcado en esta aventura de las elecciones al Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que van a tener lugar el próximo 20 de diciembre.
Es la número 2 –en el puesto de aspirante a vicedecana– de la candidatura que lidera Eugenio Ribón, «Compromiso Abogacía».
Isabel Winkels habla con pasión. Al escucharla es imposible no recordar aquel poema de León Felipe, «La poesía es un arma cargada de futuro». Y la estrofa «Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse». Para ella ha llegado ese momento. Para conseguir ese fin: «Hasta que no haya Juzgados de Familia Exclusivos en toda España no habrá igualdad».
Igualdad, una palabra cuasi sagrada, piedra angular de su pensamiento. Winkels tiene muy presente el ejemplo de su madre, una de las 27 constituyentes, primero senadora y luego diputada.
«Mis dos hermanos y yo, que entonces éramos niños, tuvimos un padre que no solo no le puso la menor pega sino que la apoyó. Él, que también trabajaba, se ocupó de nosotros durante todos esos años, cubriendo la ausencia de mi madre», cuenta.
«El ejemplo es el principio de la autoridad. Mis padres nos inculcaron el concepto igualdad. Es lo que me mueve en esta aventura en la que me he embarcado: hacer de la igualdad una realidad en todos los ámbitos de la sociedad, y, especialmente, en lo que a los Juzgados de Familia especializados se refiere», explica.
Pongamos las cosas claras sobre los Juzgados de Familia exclusivos que usted considera tan necesarios.
¿Las cosas claras? De acuerdo con los últimos datos constatados del año 2019 –porque 2020 fue un carajal y los de 2021 no están verificados–, el total de asuntos que ingresaron los juzgados civiles fue de 2.284.147. Específicos, de familia, fueron 557.142.
Hay más de un millón y medio de ciudadanos que acuden específicamente a los tribunales por temas de familia, por el motivo que sea. No hablo solamente de parejas, hablo también de abuelos y allegados (que responden al artículo 160 del Código Civil).
En España, según esos mismos datos de 2019, tenemos una población de 47.329.981 personas. 22.144.000 tienen acceso a los 163 juzgados especializados en familia y en capacidades.
Menos de la mitad. Los 25 millones de ciudadanos restantes tienen que vérselas con los 1.187 juzgados no especializados, mixtos en muchos casos, que también son competentes, además de en temas de familia, en accidentes de tráfico, robos, hurtos, homicidios…
¿En cuánto tiempo resuelven unos y otros en asuntos de familia?
Los Juzgados de Familia especializados resuelven en un periodo que va de los seis a los ocho meses.
¿Y los que no lo son?
En un año y medio. Dos años. Nosotros, en nuestro despacho, tenemos un asunto en Majadahonda, una localidad al oeste de la Comunidad de Madrid que no tiene un juzgado especializado en familia, en el que llevamos esperando desde hace un año y medio a que el equipo psicosocial tenga a bien citar a las partes. Mientras tanto, la familia en cuestión está viviendo con un auto de medidas dictado de aquella manera sin que se las haya escuchado. Es un conflicto que se está cronificando.
¿Y si hubiera tenido lugar en Madrid, qué hubiera pasado?
Que estaría plenamente resuelto. Porque los juzgados de familia especializados tienen equipos técnicos adscritos. Son ellos los que miden los tiempos. Y el fiscal, cuando hace falta, impulsa los asuntos. Esa es la realidad. No existe igualdad de trato entre los españoles en esta materia.
No es difícil deducir que muchos de esos conflictos cronificados, como usted dice, pueden ser el origen de muchas denuncias de maltrato. ¿Me equivoco?
Hay una relación directa. Es un caldo de cultivo evidente. En estas situaciones los hijos son los que sufren un maltrato claro, son los primeros en sufrirlo.
¿Y no hay nadie que se de cuenta de esta conexión?
Nosotros, desde la Plataforma, lo hemos explicado. Encarnación Roca, la vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional, que es vocal de nuestra asociación, lo ha dicho. Lo ha dicho también, en voz muy alta, José Antonio Seijas, que fue magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo, los jueces especializados…. Todos los que ven estos temas y están en contacto directo con ellos comparten este punto de vista.
Igualdad, una palabra cuasi sagrada, piedra angular de su pensamiento. Winkels tiene muy presente el ejemplo de su madre, una de las 27 constituyentes, diputadas constituyentes, senadora y luego diputada. «Mis dos hermanos y yo, que entonces éramos niños, tuvimos un padre que no solo no le puso la menor pega sino que la apoyó. Él, que también trabajaba, se ocupó de nosotros durante todos esos años, cubriendo la ausencia de mi madre», cuenta
Esto supondría, admitámoslo, algún tipo de reconfiguración de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Los juzgados de violencia sobre la mujer tienen su razón de ser. Existen desde 2005. Pero sigue existiendo la necesidad imperiosa de seguir dando formación en igualdad de género y de juzgar con perspectiva de género. Hasta 1981 la patria potestad de los hijos seguía estando conferida al padre, al esposo, lo mismo que la sociedad de gananciales. Hasta 1975 la licencia marital seguía siendo una realidad.
Ha pasado demasiado poco tiempo para que algunos sesgos históricos estén superados y hace falta seguir formando y educando en igualdad y desde luego, con perspectiva de género. Yo lo tengo muy claro.
Los Juzgados de Familia tienen que dar respuesta a otro tipo de asuntos. Porque una cosa es que los matrimonios se lleven mal. Y otra cosa es que tenga que concurrir violencia en esas crisis familiares. A Dios gracias no es así. Entre el 70 y el 75 % de los conflictos familiareees se solventan de manera amistosa. Son de mutuo acuerdo. Tan solo entre 25 y el 30 % son contenciosos. Pero voy a más. Dentro de ese 25-30 % de contenciosos solo el 5 % tienen esa conflictividad elevada.
Volviendo a su objetivo de que existan Juzgados de Familia exclusivos en toda España, actualmente existe una posibilidad: A través del anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa. ¿Me equivoco?
La actual Junta del Gobierno en funciones del Colegio de la Abogacía de Madrid junto con el Colegio de la Abogacía de Barcelona y la Plataforma Familia y Derecho, de la que ya sabe que soy secretaria, hemos presentado un conjunto de enmiendas absolutamente bien articuladas y muy coherentes al anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, ahora en el Parlamento.
Desde ese proyecto de ley podría modificarse la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En dicho anteproyecto de Ley hay una serie de artículos que prevén la modificación de los 431 partidos judiciales que se convertirán en 431 tribunales de instancia. Se cambia el formato ante el número de sedes o de tribunales de partidos judiciales.
Va a ser exactamente el mismo y dentro de cada tribunal de instancia van a haber secciones. En este Anteproyecto se contempla la creación de una sección de lo mercantil, con carácter general, por un lado, y «cuando se estime conveniente», se creará una sección de familia.
Ahí es donde hemos evidentemente puesto pie en pared.
Por ese «cuando se estime conveniente», ¿no?
Exacto. El artículo 86.1 dice exactamente: «Cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo, se creará en el tribunal de instancia una secció de familia, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial».
¿Quién es el que tiene que determinar eso?, me pregunto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que se va a seguir entonces manteniendo el criterio, de no se sabe exactamente quién, de que en unos partidos judiciales, unos ciudadanos adscritos a un tribunal de instancia verán cómo sus asuntos serán juzgados por un juez especializado. Con su fiscal y su equipo técnico adscrito y otros seguirán siendo valorados por el mismo juzgador con competencia en todo tipo de materias.
Es decir, continuará esa discriminación que desde los Colegios de Madrid y Barcelona y desde la Plataforma de la Familia de Derecho venimos denunciando desde hace años. Va a seguir incumpliéndose el mandato de la Disposición Adicional 20 de la Ley de Protección Mínima de Adolescencia, que obliga a la creación de unos juzgados especializados con jueces especializados.
¿Esta es la verdadera razón por la que se ha comprometido con esta candidatura?
La principal, aunque, por supuesto, hay muchas otras. Hay mucho por hacer. Principalmente en temas de igualdad. Usted conoce mi compromiso personal en esta lucha. En nombre de la Plataforma he estado en el Senado, en la Comisión de Justicia del Congreso… Son muchas las personas que comparten nuestro punto de vista. Pero lo único que hemos obtenido han sido respuestas positivas, mucho apoyo. Pero nada más.
Hicimos mucha presión con la disposición adicional 20 de la Ley de Protección de Infancia y Adolescencia, que sería una de las medidas más efectivas para proteger a la infancia y adolescencia asegurando que los padres pudieran ver resuelta su crisis de manera ágil, eficaz y con profesionales especializados.
El problema es, precisamente, esa falta de especialización.
Habrá una Sección de Mercantil, con carácter general, en cada tribunal de instancia, pensando en las empresas. Y para las familias, ¿qué? Cuando «se estime conveniente»… Pero es que es vital. No necesario, vital.
«Me presentó para que, cuando se tengan que redactar y elaborar las leyes, los legisladores nos escuchen a los expertos en Derecho de Familia. Porque somos los que estamos sobre el terreno»
¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Justicia?
Nos ha ninguneado. Hemos pedido en reiteradas ocasiones una cita con la ministra de Justicia pero no hemos obtenido respuesta. Cosa distinta han sido los grupos parlamentarios, a los que hemos visitado uno por uno explicándoles el contenido de nuestras enmiendas. De todos hemos recibido una respuesta positiva.
El PP nos apoya en nuestras enmiendas al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa. Podemos presentó sus propias enmiendas coincidentes con la nuestra. Ciudadanos presentó la suya dando un grado de vuelta de tuerca, superando a la nuestra. Vox no ha presentado enmienda pero están a nuestro favor. Son, en total, treinta y tantas enmiendas a este anteproyecto por esta cuestión.
¿Y el PSOE?
No lo considera necesario. No lo considera una prioridad.
¿Considera usted que el Colegio de la Abogacía de Madrid es una buena palanca para conseguir su objetivo?
Esa es mi sana intención. Me presentó para que cuando se tengan que redactar y elaborar leyes, los legisladores nos escuchen a los expertos de Familia, o de cualquier otra especialidad. Porque somos los que estamos sobre el terreno.
La Plataforma Derecho de Familia está formada por psicólogos, trabajadores sociales, mediadores…, y, por supuesto, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que tanta importancia tienen en las liquidaciones de gananciales.
Liquidaciones de gananciales que son cada vez más complejas. Porque también hay criptomonedas, bitcoins, ethereums… Bienes dentro de España y bienes en el extranjero. ¿Somos competentes? ¿No somos competentes?
Recientemente los abogados especializados en Derecho de Familia participamos en los encuentros con magistrados de Familia y gabinetes técnicos, también especializados, en unos encuentros en el Consejo General del Poder Judicial que duraron tres días.
Lo que hay sobre la mesa son materias muy complejas. Los legisladores tienen que escucharnos para que las leyes que elaboren y aprueben sean eficaces.
El año pasado estuve en el Congreso en nombre de la Plataforma Familia y Derecho. Les entregamos el trabajo hecho. Con las reformas que serían necesarias y las competencias de los futuros Juzgados de Familia, Infancia y Capacidad.
Un trabajo que han hecho treinta y tantos magistrados, socios de la Plataforma, de todas las Comunidades Autónomas de España, quienes intervinieron en sesiones de trabajo dirigidas por el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Javier Pereda.
Propuestas que tienen un gran nivel técnico y una precisión absolutamente quirúrgica.
¿Y cuánto cuesta lo que ustedes proponen? Porque al final todo se traduce en dinero.
Pues no mucho. Sabemos que no es viable –ni necesario– que en cada uno de los 431 tribunales de instancia haya 431 secciones de familia. Lo que es absolutamente necesario es hacer una agrupación de partidos judiciales. Crear comarcas con seis, siete u ocho partidos judiciales, en función del número de habitantes.
El estudio está hecho y presentado. Dentro de esa comarca habría que especializar a 3, 4 o 5 juzgados de familia, liberando a los restantes de las materias de las competencias de familia, infancia y capacidad.
La sede estaría creada. La plaza de magistrado estaría creada. Habría que crear algunas plazas más de fiscales y un equipo técnico en cada una de ellas. Los equipos técnicos, además, tienen que estar especializados, porque son fundamentales para que haya una resolución ágil y rápida.
El dinero no es mucho. Porque no consiste en crear, que es lo más caro, nuevas sedes o nuevas plazas de magistrados. Consistiría, básicamente, en redistribuir el trabajo.
Las cifras hablan por sí mismas: En 2014 se acordaron un 21 % de custodias compartidas. Lo que ha ido creciendo de manera exponencial. En 2015 fueron el 24 %. En 2016, el 28 %. En 2017, el 30 %. En 2018., el 34 %. En 2019, el 37 %. En 2020 el 41,4 %. Y en 2021 el 43,2 %
Está usted diciendo que es una cuestión de voluntad política, ¿no?
De voluntad política, sí. Todos nos dicen con claridad que ven el problema, pero no terminan de dar el paso.
¿Por qué considera que el Colegio de la Abogacía de Madrid puede ser una palanca poderosa para conseguir este objetivo?
Porque es el colegio más importante de Europa. Y porque desde el Colegio de Madrid podemos tratar con otros colegios que tienen esta misma sensibilidad. Vamos a intentar hacer palanca masiva.
Y porque yo tengo tan claro por la lucha que llevo tantos años que esto es una necesidad social. Si no lo intentamos ahora vamos a perder una oportunidad histórica. Las enmiendas están presentadas. Falta el resto de la tramitación.
Desde luego vamos a hacer lo posible –y lo imposible– para que nos terminen de escuchar y aprueben estas nuevas estructuras, que son imprescindibles.
¿También cuenta, en esta batalla, con el apoyo del Consejo General de la Abogacía de España?
La presidenta del CGAE, Victoria Ortega, está a favor. No sé si el Consejo tiene el criterio formado y si lo respalda como tal. Sí tengo muy claro que lo respaldan, además del ICAM, el Colegio de la Abogacía de Barcelona, el Colegio de Abogados de Málaga, que va a organizar el tercer Congreso de Infancia y Adolescencia. Estoy convencida de que otros muchos se sumarán.
La actual Junta de Gobierno en funciones creó el Instituto I+D, a imagen y semejanza del de Barcelona, con el exmagistrado de la Sala de lo Civil del Supremo –y catedrático de Derecho Civil– Javier Orduña a su frente. Son dos laboratorios de ideas que trabajan de forma simultánea y cooperadora.
La idea que tenemos es que, desde los dos institutos, lancemos iniciativas parlamentarias y propuestas de reformas legislativas para que en el Parlamento se escuche a la abogacía especializada. Vivimos en un mundo muy complejo. Nuestra intención es ayudar al legislador a hacer nuevas leyes lo más perfectas posibles. Y a reformar, en esa misma dirección, las existentes.
¿Si no tuviera este compromiso personal por implantar en toda España los Juzgados de Familia especializados se habría subido en el barco en el que se encuentra?
Veo tan clara esta necesidad y somos tantos los que estamos impulsándola que sentí que había que hacerlo.
Pero además de esta motivación personal, el programa y los integrantes de candidatura encabezada por Eugenio Ribón son increíbles. Eugenio es un líder sólido y con las ideas tan claras, que nos transmite la seguridad de que nuestras propuestas son perfectamente factibles.
Es un trabajador incansable; él y los otros 3 diputados “repetidores” han analizado todos los departamentos del Icam y detectado las disfunciones, las posibles mejoras y han sabido concretar nuevas medidas a implementar, algunas de ellas absolutamente innovadoras, como la cuota cero, la posibilidad de reinvertir dos tercios del importe de la cuota de colegiado en cursos de formación (el otro tercio se destina al seguro de responsabilidad civil que nos cubre hasta 300.000 euros), o un servicio médico que nos certifique una indisposición sobrevenida si no estamos en condiciones de ir una mañana a un juicio o a una cita en una administración.
Nuestra candidatura es solvente; tenemos a 4 diputados “repetidores”, que conocen bien el colegio, y los demás, acumulamos muchos años de experiencia profesional en nuestros curriculos. Somos una lista totalmente paritaria, 7 hombre y 7 mujeres, que llevamos trabajando muchos años en cada una de nuestras especialidades, abarcando todos los ámbitos de la abogacía; la integramos abogados de empresa (dos grandes profesionales mujeres, Ana Buitrago y Teresa Mínguez), de turno de oficio (Juanma Mayllo y Lola Fernández Campillo), banca (Jose Ramón Couso), grandes despachos y big 4 (Javier Mata y Roberta Poza), una ex decana de derecho como Ester Mocholi, a Mabel Klimt, socia directora de Elzaburu, el propio Eugenio Ribon, Nacho Monedero, abogado del estado excedente, Emilio Ramírez o yo misma, titulares de nuestros propios despachos.
Y nuestro junior, Gabriel Rodríguez. Es el asociado más joven que ha tenido Uría, que fue desde 2017 a 2021 presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho, además de otros cargos, y que conoce bien las necesidades de la abogacía más joven.
En otro orden de cosas, ¿la custodia compartida es ya una realidad?
En 2013 el Tribunal Supremo dictó su doctrina sobre este tema de una forma clara y diáfana. Dijo que la custodia compartida debía ser la normal y la deseable.
Pero no se aplica en todas partes…
Hay territorios que la tienen regulada de manera autónoma, como Cataluña, País Vasco y Navarra, que lo tienen regulado. En el resto de España quien legisla es el Tribunal Supremo con constante doctrina jurisprudencial.
¿Cómo que «legisla» el Supremo? En España legisla el Parlamento.
Entre comillas el verbo legislar. El Supremo está legislando de hecho. Es doctrina que está dictando de forma reiterada el Tribunal Supremo. Artículo 1.6 del Código Civil. Al final es una fuente de derecho. Los Juzgados de instancia saben que si no aplican la doctrina del Supremo su sentencia pasará a la Audiencia Provincial en apelación y que, si después llega al Supremo, este les va a dar un tirón de ortejas.
A ningún magistrado le gusta que el Supremo le tire de las orejas. Con lo cual el Supremo está legislando. He utilizado el verbo con todo conocimiento de causa.
Y se lo explico. El artículo 92 del Código Civil sigue diciendo que «excepcionalmente podrá acordar la custodia compartida». Y eso es incierto. Desde la sentencia de 29 de abril de 2013 existe esta doctrina jurisprudencial de custodia compartida.
Las cifras hablan por sí mismas: En 2014 se acordaron un 21 % de custodias compartidas. Lo que ha ido creciendo de manera exponencial. En 2015 fueron el 24 %. En 2016, el 28 %. En 2017, el 30 %. En 2018., el 34 %. En 2019, el 37 %. En 2020 el 41,4 %. Y en 2021 el 43,2 %.
Con esta progresión de dos tres puntos por año, en 2025 nos encontraremos con que el 50 % de las custodias que se den en España van a tener el carácter de compartida. ¿Esto que implica? Además de que evidentemente hay que adaptar el Código Civil a la realidad social –y eso tiene que hacerlo el legislador– esta realidad implica que la igualdad va a seguir avanzando.
¿Por qué el legislador no modifica el Código Civil, si es tan necesario?
Me encantaría saberlo. Han hecho algunas reformas legislativas. Una sentencia de Encarnación Roca, cuando formaba parte de la Sala de lo Civil del Supremo, de 2011, limitó la atribución del uso familiar hasta los 18 años.
Se reformó el artículo 96 y ya figura en la ley.
También es doctrina jurisprudencial que la convivencia de un terceró en el domicilio familiar es causa de extinción. ¿Qué pasa con la atribución del uso del domicilio familiar en la custodia compartida? ¿Qué pasa con el abono de la pensión de alimentos si hay custodia compartida?
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