Es el momento de extender los juzgados de familia especializados a toda España: toca hacer realidad el principio de igualdad (y II)

Es una realidad incuestionable que 25 millones de ciudadanos siguen estando en situación de desigualdad real frente a los restantes 22; 25 millones de españoles ven sus conflictos familiares dirimidos por jueces sin especializar, sin fiscal ni Equipo Técnico adscrito, en clara discriminación frente a los restantes 22, que tienen acceso a una justicia especializada.

Aunque aparentemente, cada vez hay más conciencia de la trascendencia e impacto que en la sociedad tiene esta materia, los que llevamos años peleando por que se reconozcan los derechos de más de la mitad de los españoles hemos sufrido una enorme decepción al ver la redacción dada al artículo 86 del proyecto de ley de eficiencia organizativa: “Cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo, se creará en el Tribunal de Instancia una Sección de Familia, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial”, en lugar de “Con carácter general se creará en el Tribunal de Instancia una Sección de Infancia, Familia y Capacidad, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial”.

Además de los argumentos vertidos en la Parte I de este artículo, dejar al albur la creación de estas secciones especializadas implica ignorar la evidente evolución de la sociedad, con sus cada vez más complejas relaciones familiares. De hecho, todos los operadores jurídicos que intervenimos en los procedimientos de familia proponemos y aportamos la implantación de protocolos y soluciones prácticas que preserven la seguridad de los integrantes del núcleo familiar, y faciliten que estos procedimientos tan sensibles sirvan para proteger a los más vulnerables.

Pongo  algunos ejemplos, aunque seguro que hay muchos más:

• La “matrícula familiar”. En una de las conclusiones alcanzadas en el Encuentro celebrado en Barcelona los pasados 3 y 4 de noviembre entre jueces y magistrados con competencias de familia, las asociaciones de la Abogacía especializadas y las asociaciones de Psicología Forense y de Trabajo Social Forense , en concreto en la II, se acordó elaborar una matrícula familiar: “Es necesario (imprescindible) introducir la denominada “matrícula familiar” para resolver los problemas de coordinación y falta de información que se da cuando diferentes juzgados, equipos técnicos (civiles y penales), diferentes fiscales y distintos abogados intervienen sobre una unidad familiar en casos conexos”. Ramón Quintano, vocal de Aeafa, analiza con brillantez la necesidad de implementar esta medida en un artículo publicado por el CGAE.

• Desde el desgraciado caso de Sueca, los juzgados especializados en familia (al menos en Madrid) están requiriendo a los letrados antes de la ratificación de los Convenios Reguladores que manifiesten si hay abierto algún procedimiento en un juzgado de violencia sobre la mujer. Pero lo cierto es que cuando el letrado es de oficio no tiene en muchos casos acceso a esa información.

• Otra de las Conclusiones del Encuentro, como destaca Ramón Quintano en su artículo, indica lo siguiente: “Consulta de antecedentes de violencia de género por parte de los juzgados de familia.

Es necesario que los y las LAJ (tanto en la primera instancia como en las apelaciones) consulten en todos los procedimientos, y previa admisión de las demandas o recursos, el sistema SIRAJ (Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia) y/o VIOGEN para conocer si entre las partes existe o ha existido un procedimiento de violencia de género dejando constancia en las actuaciones de dicha averiguación.

Con esta medida se facilita a los tribunales de familia conocer si el procedimiento penal está tramitándose, para evitar inhibiciones innecesarias que retrasan el procedimiento” y “Para que se pueda apreciar la existencia de violencia oculta, es necesario que se priorice la formación judicial en perspectiva de género y en perspectiva de infancia.

• La “perspectiva de Genero” es otra necesidad que ha de ser preservada en la tramitación de todo procedimiento de familia, para lo que resulta imprescindible la elaboración de la repetida matrícula familia, hacer un seguimiento de las familias a fin de observar a simple vista si existe un excesivo número de demandas, ejecuciones o incidentes interpuesto por un progenitor contra el otro.

De hecho, en las Audiencias Provinciales especializadas en familia de Madrid, los magistrados piden que se les remitan los antecedentes procesales a fin de poder hacer esa valoración.

Son medidas cuya implantación no puede dilatarse más porque, en el sentido literal del término: salvan vidas de manera efectiva y protegen a las víctimas.

Y, ¿realmente creemos que los 1.071 juzgados mixtos con competencias en familia tiene capacidad y medios para hacer esa matrícula familiar? ¿o para consultar el Siraj o el Viogen? ¿o requerir a los letrados, cuando su prioridad son las causas con preso, o los temas de Violencia sobre la Mujer, o abusos a la infancia?

Sí pueden hacerlo jueces y magistrados debidamente especializados, que cuenten con un fiscal –también especializado- siempre presente, con conocimientos de psicología y sociología, que hayan recibido formación en técnicas de comunicación y relaciones desde la empatía, capaces de escuchar a los Niños, Niñas y Adolescentes desde la sensibilidad y en un entorno amable, y por supuesto, con un buen Equipo técnico que les ayude adoptar las medidas más adecuadas para cada familia, muchas de ellas, como ya hemos dicho, viviendo situaciones realmente complejas y que han de ser perfectamente analizadas y comprendidas.

RESQUEMORES FRENTE A LAS ENMIENDAS

El pasado 25 de mayo, representantes de la Plataforma Familia y Derecho y los Colegios de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y Madrid (ICAM)se reunieron con 4 grupos políticos en el Congreso de los Diputados; el próximo día 8 de junio tendrán lugar más reuniones.

Lo cierto es que la receptividad a las Enmiendas fue grande; y de entre los resquemores que se plantearon cabe destacar dos: si finalmente se especializan los juzgados según estamos reivindicando ¿van a desparecer alguno de los actuales 431 partidos judiciales –nuevos Tribunales de Instancia-¿ o ¿los colegios de abogados existentes en localidades más pequeñas, van a perder clientes o ámbito de trabajo?

La respuesta es solo una: no.

PROPUESTA DE MAPA JUDICIAL

La propuesta de la Plataforma, ICAM e ICAB pasa por implantar un mapa judicial, que también se unió a las Enmiendas, en los que se propone la redistribución de la carga de trabajo.

Pinchando sobre esta frase se puede acceder al mapa.

Este mapa judicial, elaborado por la magistrada y vocal de la Plataforma Belén Ureña, fue explicado por Joaquim de Miquel, secretario general del ICAB: analicemos 2 partidos judiciales cercanos, como por ejemplo Majadahonda, que tiene 8 juzgados mixtos, y Pozuelo de Alarcón, que tienen 4 juzgados mixtos, que distan 10 km entre sí.

Estos 12 juzgados conocen todos ellos conflictos de Infancia, Familia y Capacidad.

¿Por qué no concentrar estas cuestiones en 2 de esos juzgados, con carácter exclusivo y excluyente, quedando los otros 10 para las restantes cuestiones?

Se libera de materia de familia a 10 juzgados y se concentra esta materia en 2, que se especializan.

Las sedes judiciales ya existen y las plazas de jueces también; habría que ampliar el número de Fiscales, debidamente formados, y el número de Equipos Técnicos.

Y ninguna de estas inversiones son inasumibles, especialmente frente al evidente beneficio que reportaría a toda la sociedad contar con una justicia que siguiera estando cerca del ciudadano  (no tendrían que desplazarse a la capital de la provincia, como sucede con los juzgados Mercantiles o Sociales, sino a un partido judicial (Tribunal de Instancia) cercano.

Los colegios de abogados más pequeños verían preservados los intereses de  sus colegiados, porque seguirían trabajando en el propio partido, o en uno cercano.

NO SE VAN A SUPRIMIR JUZGADOS, FUTUROS TRIBUNALES DE INSTANCIA-

Ni se va a alejar la justicia del ciudadano, ni los abogados de colegios de abogados más pequeños van a perder clientela ni ámbito de trabajo.

En cuanto a las competencias de las futuras Secciones de Infancia, Familia y Capacidad, un grupo de trabajo impulsado por la Plataforma Familia y Derecho, dirigido por Francisco Javier Pereda Gámez, presidente de la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (especializada en familia), ha elaborado un importante y muy completo documento sobre esta materia.

El grupo ha estado integrado por magistrados, fiscales, abogados y académicos de todas las Comunidades Autónomas de España, todos ellos especializados en materias de IFyC.

ESPECIALIZACION DE LOS ABOGADOS

Tan necesaria es la especialización de los juzgados, que los colegios de abogados y universidades, en coherencia con la petición, están ya empezando a organizar cursos de expertos en Infancia, Familia y Capacidad.

Como también resulta necesaria la especialización de los fiscales y de los equipos psicosociales, que, no olvidemos, está ya prevista en la DF 20ª de la LOPIIAV, que confiere al Gobierno el plazo de 1 año para especializar los órganos judiciales, fiscalía y equipos técnicos. Este proyecto de ley es una ocasión de oro para cumplir con el compromiso adquirido.

EN RESUMEN

Se cumple el mandato contenido en la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, se protege a las víctimas, se reduce la violencia de género, se acerca a la justicia española a la justicia de los países más cercanos europeos, donde ya existe la especialización en estas materias, se acometen con rigor los nuevos retos dimanantes de los nuevos modelos de familia, y todo ello con inversiones mínimas, manteniendo la cercanía de los tribunales a los ciudadanos y sin perjudicar ni a Ayuntamientos ni a Colegios de Abogados.

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