La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) reclamará el próximo jueves en el Consejo de la Benemérita, en el que es la asociación mayoritaria, que este órgano se posicione en contra de la inclusión de los apartados 3 y 7 del artículo 35 de la futura Ley de Personal de este Cuerpo «con respecto a las medidas para favorecer un sexo respecto a otro en los sistemas de selección para el ingreso en los centros de formación, más allá de las derivadas de las condiciones físicas exigibles”.
“Que se pueda acceder a una plaza con un 15% menos de nota discrimina al hombre y minusvalora a la mujer”, subraya el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño.
Denuncia que de esa forma “se facilitaría la incorporación a puestos de responsabilidad en la seguridad de los ciudadanos, no a los más preparados, sino a aquellos que entran para cubrir una cuota».
«A la Guardia Civil deben incorporarse las personas más preparadas, porque servimos a una sociedad que demanda efectividad y preparación en la defensa de sus derechos. Si se aprueba esta norma, creará un problema donde no lo hay”, destaca Vilariño.
MARLASKA SOSTIENE QUE HAY UN AVAL JUDICIAL PARA PREMIAR EL ACCESO DE MUJERES A LA GUARDIA CIVIL CON PEOR NOTA QUE VARONES
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió ayer la propuesta para establecer por ley un ‘cupo’ del 40% de mujeres en el acceso a la Guardia Civil, incluyendo una cláusula por la que tendrán preferencia sobre los candidatos varones siempre que, superado el aprobado, la diferencia de puntos entre ambos no sea superior al 15%.
Según afirma, esta iniciativa para que en 2030 el 40% de la plantilla esté formada por mujeres cuenta con el aval del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Además, lo ha comparado con las listas electorales al Congreso que garantizan la presencia de mujeres y con medidas ya «asimiladas» por la Ertzaintza y otros cuerpos internacionales.
«Es una cuestión que está ya planteada en otras leyes como la de igualdad real y efectiva de hombres y mujeres o en las listas electorales al Congreso de los Diputados que ha garantizado que el 40% sean mujeres, y eso dentro de parámetros y requisitos que incluso ya ha aceptado el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional», señala.
La modificación legal está enclavada en la estrategia del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, que a mediados de septiembre refrendó su apuesta por impulsar medidas de «acción positiva para alcanzar el 40% de mujeres antes de 2030» en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En este contexto, la Policía Nacional acaba de eliminar el requisito de estatura mínima, suprimiendo también las «trabas» en los periodos de gestación, parto o postparto. En el caso de la Guardia Civil, Interior anunció el 14 de septiembre que iba a reservar en sus procesos selectivos un porcentaje de plazas para las mujeres.
Tras cada proceso de selección, se elaborará una lista de aspirantes admitidos según la puntuación obtenida en las distintas pruebas, pero el Ministerio añade un apéndice para «asegurar la cobertura del porcentaje de plazas reservado a las mujeres»: en adelante las mujeres «tendrán preferencia sobre los candidatos varones siempre que, superado el aprobado, la diferencia de puntos entre ambos no sea superior al quince por ciento».
El borrador propone cambiar el artículo 35 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil para admitir «diferencias por razón de sexo» en los sistemas de selección, además de las ya contempladas por «distintas condiciones físicas».
JUCIL ACUDIRÁ A LOS TRIBUNALES SI ESTO SE APRUEBA
Jucil afirma que si finalmente se aprueba esto, lo recurrirá ante la Justicia, pues “se trata de una ventaja competitiva en favor de las mujeres, que vulnera el derecho de igualdad en el acceso a la función pública en una mala entendida promoción femenina que facilite el acceso de las mujeres al empleo público sin tener en cuenta el mérito y capacidad».
«Estamos a favor de facilitar el acceso de mujeres en la Guardia Civil, pero esta propuesta no les hace ningún favor. Queremos que ingresen las personas mejor preparadas para los puestos, indistintamente del sexo o de la raza», argumenta Vilariño.
Según ha explicado, Jucil interpondrá un recurso en los tribunales «cuando se deriven los actos administrativos a esta ley, por ejemplo cuando se convoquen las oposiciones con el nuevo porcentaje». «Ofreceremos nuestros servicios jurídicos a aquellos opositores que se sientan agraviados por esa convocatoria y no dudaremos en llevar ante la Justicia la rebaja de la nota de acceso para la mujer en la Guardia Civil por atentar contra el artículo 14 de la Constitución, ser discriminatorio y vulnerar el principio de igual de condicionar y oportunidades para ser funcionario del Estado”, manifiesta.
AFIRMA QUE LA LEY DE PERSONAL DE LA GUARDIA CIVIL NO PREVÉ TRASLADOS A LA POLICÍA FORAL
Jucil ha informado que también se interesará en el Consejo de la Guardia Civil por la situación que atraviesan los integrantes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destinados en Navarra, «tras acordar el Gobierno con sus socios independentistas vascos el traspaso de las competencias de tráfico». La fecha límite para esto será el 31 de marzo del próximo año.
Una decisión que ha recibido duras críticas por parte de la oposición, y que ante las mismas, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, respondió recordando al PP que fue con José María Aznar en Moncloa, en el 2000, cuando se acordó transferir la competencia de Tráfico a Navarra, y aseguró que con este cambio «no se reduce» la presencia de la Guardia Civil, sino que «incluso» se va a «reforzar».
“Queremos saber en qué situación administrativa quedan los 220 componentes de los distintos destinos de los componentes de Agrupación de Tráfico de Navarra tras el cierre de unidades en esta Comunidad y cuáles son las opciones reales y ajustadas a la actual legislación para la petición de destino de estos compañeros, porque a día de hoy lo que sabemos es que a normativa que regula la Policía Foral sí contempla la pasarela de uno a otro cuerpo, pero no así la Ley de personal de la Guardia Civil”, señala Vilariño.
