«El Gobierno vende la seguridad ciudadana por cuotas de poder al aceptar la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, plegándose al chantaje de EH Bildu a cambio de que darle su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado de 2023». Así lo denuncia Agustín Leal, portavoz de la asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria en el Consejo de la Benemérita.
Jucil condena la decisión del Gobierno de ceder las competencias de tráfico en la Comunidad de Navarra y detraer definitivamente a la Guardia Civil de Tráfico en este territorio, y dice que es «una cesión más ante las formaciones políticas nacionalistas que sostienen con sus votos la precaria coalición de Gobierno que dirige el país».
La portavoz de la formación abertzale, Mertxe Aizpurua, confirmó ayer que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido con EH Bildu a transferir la competencia de Tráfico a Navarra antes del 31 de marzo, dentro de un acuerdo que, en materia de Memoria Democrática, incluye homenajear a los fallecidos en Vitoria en 1976 en un desalojo de la Policía.
«Es una cesión de competencias para mantener las cuotas de poder y el sillón, sin tener en cuenta la seguridad de los ciudadanos”, subraya el representante de esta asociación de guardias civiles.
Según informa a Confilegal, esta medida afectará de manera directa a unos 220 guardias civiles, muchos de ellos nacidos o residentes desde hace años en Navarra y que se verán obligados a cambiar de destino o de domicilio «por una decisión política que, además, afecta a la seguridad de los ciudadanos». La otra opción sería pasarse a la Policía Foral, aunque Leal considera que «no los van a dejar pasarse».
Leal destaca que «en los últimos años en Cataluña también se ha cedido de una manera encubierta las competencias marítimas que corresponden en exclusiva a la Guardia Civil”.
Jucil hace hincapié en que la Guardia Civil es una de las instituciones que vertebran el Estado, y una clara defensora del Estado de Derecho y de la Constitución, y la cesión de las competencias de tráfico en Navarra es, a su juicio, «un paso más en el desmantelamiento de las instituciones del Estado en algunas comunidades autónomas españolas».
Jucil, el sindicato Justicia Policial (Jupol), mayoritario en el Consejo de la Policía, y la asociación Jusapol -colectivo de policías y guardias civiles de toda España que demanda la equiparación salarial con el resto de las policías autonómicas y del que surgieron Jucil y Jupol- también muestran su «preocupación» por la intención del Gobierno de eliminar del ordenamiento jurídico el delito de sedición.
En cuanto a la rebaja del delito de sedición y malversación de fondos, Agustín Leal señala que «lo primero que hay que preguntarse es a quién beneficia y quién sale perjudicado». «Beneficia a los golpistas y a los políticos corruptos, de los que el PSOE tiene muchos en sus filas. Y sale perjudicada la democracia, el Estado de Derecho, la Constitución y sale golpeada en su línea de flotación la soberanía del pueblo español», destaca Leal.
«A lo mejor están preparando con esta rebaja de la malversación algún tipo de indulto para algún político conocido», agrega.
Estas organizaciones reclaman al Gobierno que recapacite y «sea responsable en su labor legislativa» para evitar ataques contra la unidad de España, la Constitución y la soberanía del pueblo español.
Denuncian que esta medida «también responde a intereses políticos» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no a una necesidad de la legislación, ni al sentir mayoritario de los españoles.
«Además de la defensa de la Carta Magna, el bien jurídico protegido es el Orden Público y la Paz Social, misión encomendada tanto a la Guardia Civil como al Cuerpo Nacional de Policía», han subrayado estas organizaciones en un comunicado conjunto.
Manifiestan que es «una irresponsabilidad que se desarme al Estado, y con ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, socavando la convivencia, la soberanía del pueblo español y nuestro ordenamiento constitucional», e instan al Gobierno a que reconsidera su intención de eliminar del Código Penal el delito de sedición.
Las tres organizaciones dejan claro su carácter apolítico, que su objetivo es la defensa de los derechos sociolabores de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que ante cualquier actuación no les temblará la voz y la alzarán las veces que sean necesarias.
«En defensa de la legislación que afecta a la actividad diaria de policías nacionales y guardias civiles, como ya ocurrió el 27 de noviembre de 2021», cuando se movilizaron en oposición a las enmiendas que se pretendían introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana y que, «como en este caso, socavaban la autoridad de los agentes en su defensa de la ley».
