Las reclamaciones de Jupol para 2022
Aarón Rivero Martín, secretario general de Jupol, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional.

Las reclamaciones de Jupol para 2022

Este sindicato hace balance en Confilegal de lo conseguido en 2021 y desgrana las reivindicaciones para 2022
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07/1/2022 11:53
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Actualizado: 07/1/2022 12:10
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El sindicato Justicia Policial (Jupol), mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, reclama la equiparación salarial «real y absoluta» con las policías autonómicas; una reforma consensuada de la Ley de Seguridad Ciudadana; que se declaren zonas de especial singularidad Cataluña y el Campo de Gibraltar; la prorrogación definitiva del turno de trabajo 6×6 y la jubilación a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero Martín, y el secretario de comunicación, Pablo Pérez, desgranan en Confilegal las reivindicaciones del sindicato para 2022 y hacen balance de lo conseguido en 2021.

Pablo Pérez, secretario de comunicación de Jupol.

Jupol insiste en que el acuerdo de equiparación fue «incompleto» y, por tanto, la equiparación salarial «real y absoluta» sigue siendo la principal petición del sindicato para este año.

Este sindicato sigue exigiendo al Gobierno que ponga en vigor las medidas oportunas para alcanzar esta equiparación y lograr romper las «cinco brechas» que, según este sindicato, aún existen entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas.

«Las cinco brechas aún existentes son la nómina mensual, las horas extras, la jubilación, la segunda actividad y la asistencia a juicios», explica Rivero.

El PP llevó al Congreso el pasado mes de julio una Proposición de Ley para terminar con la desigualdad salarial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas. Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil reclamaron a los grupos parlamentarios que apoyaran esta iniciativa, sin embargo no salió adelante.

«PSOE, Unidas Podemos y algún socio más de este Gobierno votaron en contra dejando nuevamente en la estacada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», denuncia Pablo Pérez.

Jupol pide que sobre todo «se tenga en cuenta a los agentes de segunda actividad, a los cuales el acuerdo firmado en 2018 no les afecta, con lo cual siguen viendo muy mermado su poder adquisitivo».

Recuerda que la equiparación salarial es una reivindicación que ha marcado el trabajo de este sindicato desde su fundación, en la que nunca ha cejado de la mano de Jusapol y de Jucil, y que bajo el paraguas de Jusapol han llevado a cabo múltiples acciones en favor de la consecución de la equiparación salarial, tanto de forma reivindicativa en las calles como en el ámbito judicial y ante el Defensor del Pueblo.

Desde Jupol también siguen insistiendo este año en la necesidad de abordar la reforma propuesta por el Gobierno de la Ley de Seguridad Ciudadana de una forma consensuada con las organizaciones sindicales de la Policía Nacional, «los auténticos expertos de la seguridad ciudadana».

«La actual propuesta de reforma que se está trabajando en el Congreso de los Diputados supone un ataque directo a todos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los que se deja a los pies de los caballos, sin medios y sin seguridad jurídica para poder garantizar la seguridad ciudadana», denuncia Rivero.

Destaca que frente a esta reforma se ha conseguido, por otro lado, algo positivo: la unión de todas las fuerzas sindicales y asociaciones de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales. «Una unión que se pudo ver en la gran manifestación de Madrid del pasado 27 de noviembre, en Madrid, en la que todas las organizaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se unieron sin logos ni personalismos por un interés común: decir no a la inseguridad ciudadana», indica.

Y añade que «precisamente, la reforma de esta Ley ha mostrado la falta de comunicación del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad». «Un ministro que desde su toma de posesión, en junio de 2018, solo ha sido capaz de reunirse una vez con el sindicato mayoritario de la Policía Nacional», lamenta Jupol.

Este sindicato también reivindica la declaración de zona de especial singularidad en Cataluña y el Campo de Gibraltar, «dos zonas en las que la alta conflictividad han demostrado la necesidad de generar puestos de trabajo más atractivos para los agentes de la Policía Nacional, y de esta forma poder mejorar la operatividad de los agentes en las mismas y garantizar la continuidad de los policías en estos destinos».

Por otro lado, desde el inicio de la pandemia, Jupol ha solicitado la implantación del turno de trabajo 6×6 -seis días trabajados y seis días libres-, «un hito que se consiguió al menos de manera temporal y que ha demostrado una gran efectividad y una mejora de las condiciones laborales y de la conciliación de la vida familiar y laboral de los agentes», expone este sindicato.

Una implantación que actualmente se ha hecho de manera temporal y Jupol en 2022 seguirá solicitando a la Dirección General de la Policía que se haga «de manera definitiva hasta la reforma de la jornada laboral», indica Pablo Pérez.

Además, recuerda que ya existe una sentencia sobre «el exceso horario que provoca el turno del 6×5 -seis días libres y cinco de descanso-, que era el turno reglamentario que había antes de la implantación temporal del 6×6″.

Jupol reclama, asimismo, la implantación de un sistema de jubilación similar al que ya tienen las policías autonómicas o locales, que les permite jubilarse a los 59 años sin pérdida alguna de poder adquisitivo.

Este sindicato ha pedido al Defensor del Pueblo que inste al Gobierno a la equiparación de la edad de jubilación de los agentes de la Policía Nacional con los de las policías locales. Le hizo este llamamiento el pasado diciembre a través de un escrito elaborado por el abogado José María Garzón Flores, en el que le expuso la falta de igualdad en las condiciones de acceso a la jubilación entre ambos cuerpos policiales.

Jupol también impulsará una reforma legislativa con la que se endurezcan las penas para los agresores a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«La legislación actual castiga, según al artículo 550.2 del Código Penal, con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de 6 meses a 3 años en los demás casos. En Jupol solicitamos imponer penas más contundentes en los delitos de atentado contra la autoridad, así como multas de mayor cuantía e incluir dentro de este epígrafe todo tipo de agresiones que se lleven a cabo contra los agentes de la Policía Nacional. Unas medidas que deben ir encaminadas en todo caso a acabar con la sensación de impunidad que tienen actualmente los agresores», explican desde Jupol.

Para este sindicato, el incremento de las agresiones a agentes se debe «a la percepción en los agresores de ausencia del principio de autoridad con el que cuentan los agentes de la Policía Nacional». Una sensación que achaca «a la falta de contundencia en la legislación vigente, lo que genera una sensación de impunidad en los agresores».

Jupol insiste, además, en la necesidad de “dotar a todas las unidades del grupo de atención al ciudadano (GAC) de la Policía Nacional de pistolas Taser”, lo que, según afirma, “permitiría reducir a los atacantes sin necesidad de utilizar fuego real y pudiendo evitar así causar heridas graves o incluso la muerte a los delincuentes”.

También reclama la mejora de las especialidades de las Unidades de Intervención Policial (U.I.P.) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR).

La junta directiva de Jupol, junto a los secretarios provinciales y afiliados haciendo el gesto de una «J», que representa la Justicia para la Policía Nacional.

LO CONSEGUIDO EN 2021

Aarón Rivero, que fue elegido secretario general de Jupol el pasado mes de octubre, recuerda que durante 2021 su sindicato ya vino luchando por estas mejoras y reivindicaciones, y mantuvo vigilancia sobre las medidas a tomar para proteger la salud de los policías frente al Covid.

«Hemos conseguido, entre otros asuntos, que se ponga en marcha un protocolo antisuicidios en el seno de la Policía Nacional y acabar con la discriminación en el proceso de vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña», explica.

Añade que también se ha logrado la puesta en marcha un protocolo para la llegada de inmigración irregular a España, así como el inicio de los trabajos de elaboración del protocolo de acoso laboral.

«En cuanto a formación, seguimos manteniendo la mejor oferta formativa, con cursos gratuitos para nuestros afiliados y que cubren todas las necesidades de los policías, y también hemos conseguido que se pongan en marcha cursos formativos desde la DGP como el de uso del bastón policial extensible», agrega.

Por otra parte, indica que «gracias a Jupol se ha conseguido que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado una partida de cuatro millones de euros para la puesta en marcha del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional».

TAMBIÉN RECLAMA AL GOBIERNO Y A LA JUSTICIA ‘CONTUNDENCIA’ PARA PROHIBIR LOS HOMENAJES A ETARRAS

Jupol también solicita al Gobierno y a la Justicia «contundencia» para prohibir los homenajes a etarras.

Pablo Pérez señala que «a pesar del teórico cese de actividad anunciado por ETA, aún se siguen produciendo acciones de lucha antiterrorista por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como, por ejemplo, la desarticulación a finales de abril de 2021, en Navarra, por parte de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Navarra de un grupo de ‘kale borroka’ cercano a Amnistía Ta Askatasuna (ATA), una escisión de ETA y que aboga por continuar el proceso iniciado por la banda terrorista y que sigue buscando la independencia del País Vasco».

Además, indica que existen más grupos nacidos tras «la teórica disolución de ETA». «Grupos como Jardun o Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), IBIL o ATA, organizaciones que estarían tras los homenajes a etarras celebrados últimamente y que según se ha podido saber por las investigaciones policiales podrían estar intentando retomar la violencia de ETA», señala.

Jupol recuerda que durante la desmantelación del grupo de kale borroka cercano a ATA en Navarra se incautaron, entre otros efectos, manuales para la confección de explosivos, un esquema gráfico para la confección de cóctel molotov tipo químico, cinco cohetes modelo trueno, un puño americano, dos defensas extensibles metálicas, información para evitar el control policial, propaganda de GKS y numeroso material informático. 

Este sindicato ha solicitado a la División de Formación de la Dirección General de la Policía la creación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila del seminario anual “50 años de terrorismo en España” en homenaje a las víctimas de ETA y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que lucharon activamente contra la banda terrorista.

Subraya que 829 asesinados, entre ellos 183 policías nacionales, «justifican más que de sobra» la puesta en marcha de este seminario para honrar la memoria de todas las víctimas y de los agentes que dedicaron su carrera profesional a luchar contra la lacra del terrorismo en España.

«No se deben permitir los homenajes a los asesinos, al igual que no se permiten en cualquier país democrático ¿Acaso se permitiría un homenaje a los autores del 11-M o de los atentados en Cataluña?», manifiesta el secretario de comunicación de Jupol.

Además, pide al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “que defienda a los agentes frente a los ataques políticos continuos desde sectores del Gobierno y del arco parlamentario”. 

Recuerda que la anterior vez que le hizo este llamamiento fue el pasado 15 de diciembre «ante un acto convocado por el grupo parlamentario de Unidas Podemos en homenaje a los llamados “Seis de Zaragoza”, autores probados y condenados por la justicia por un ataque contra los agentes de la Policía Nacional en una manifestación en Zaragoza en enero del 2019, desórdenes públicos y lesiones».

Jupol seguirá luchando por dignificar la Policía Nacional «ante los ataques y la intención de dañar esa buena imagen que la sitúan entre las instituciones mejor valoradas de nuestro país».

Por último, muestra su apoyo a Jucil, la asociación hermana en la Guardia Civil, que se convirtió en 2021 en la mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, a la que tiende la mano “para seguir trabajando juntos y mantener la unión lograda al amparo de Jusapol entre Guardia Civil y la Policía Nacional, así como al resto de sindicatos policiales para trabajar por un mismo fin».

De izquierda a derecha: Aarón Rivero, secretario general de Jupol; Miguel Gómez, presidente de Jusapol, y Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil.

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