La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) «reconoce los esfuerzos realizados por España en materia de lucha contra cohecho internacional». Así lo ha informado hoy el Ministerio de Justicia.
Según explica, la OCDE ha aprobado el informe de evaluación de España en el que se analiza el cumplimiento del Convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjero en las transacciones comerciales internacionales (Convenio de lucha contra el cohecho internacional)».
Esta evaluación, que ha contado con expertos de Brasil y Sudáfrica, pone el foco en los medios aplicados para detectar casos de cohecho internacional, las investigaciones realizadas y el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas.
El Ministerio señala que «el informe pone de relevancia las modificaciones realizadas en el Código Penal español para acomodar el sistema penal a las disposiciones del Convenio de la OCDE, incluyendo la existencia de un tipo agravado de cohecho internacional y la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de este delito; así como la existencia de una Fiscalía Especializada, la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, responsable de la investigación y persecución de esto delito».
«De igual forma, reconoce de forma positiva los esfuerzos en materia de detección en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales, el aumento de casos investigados, así como la aclaración de ciertas cuestiones señaladas en la anterior evaluación respecto del tratamiento fiscal de los beneficios obtenidos de la actuación criminal», indica.
También realiza una serie de recomendaciones, «entre las que destacan la adopción urgente del Proyecto de Ley de Informantes». En este sentido, el Departamento dirigido por Pilar Llop recuerda «la ley conocida como Whistleblowers, que va en la línea de las recomendaciones recogidas en el informe, está en tramitación parlamentaria y se presume que este mismo jueves será aprobada por el Congreso de los Diputados».
Justicia expone que el informe también «recoge y pone en valor el aumento de los medios dedicados a la detección del delito, la garantía de plazos de investigación adecuados -especialmente en el marco de investigaciones que afecten a personas jurídicas, con un plazo de prescripción no tan elevado-, y el fomento de medidas de formación y sensibilización -incluido el sector empresarial- para una mejor detección de posibles casos de cohecho internacional».
España deberá informar oralmente en diciembre de 2023 sobre la tramitación del Proyecto de Ley de Informantes y sobre la tramitación de los casos de cohecho internacional que se estén investigando. En el plazo de dos años, diciembre de 2024, se deberá presentar informe por escrito sobre el cumplimiento del resto de recomendaciones contenidas en el informe.
El Ministerio recuerda que el Convenio de lucha contra la corrupción de agente público extranjero en transacciones comerciales internacionales entró en vigor en España en 2000, y que desde entonces, «nuestro país ha superado por completo tres rondas de evaluación, que han impulsado significativas reformas en el marco jurídico aplicable a la lucha contra el cohecho internacional y, en general a la corrupción».
El Convenio ha sido suscrito por los 38 Estados que forman parte de la OCDE, además de Argentina, Brasil, Bulgaria, Perú, Rusia y Sudáfrica.
