Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) «para impulsar todas las actuaciones necesarias a fin de dignificar las condiciones en las que se presta el servicio de asistencia jurídica gratuita», para su debate en la Comisión de Justicia.
La PNL la firma el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal Francés.
Insta al Gobierno a promover, a través de la Conferencia Sectorial de Justicia, la equiparación de los baremos de retribución de las actuaciones realizadas en el Turno de Oficio, de tal modo que las cantidades abonadas sean las mismas por el mismo trabajo, con independencia del territorio donde hayan sido ejecutados, en aplicación del principio de igualdad.
«Desde Ciudadanos, como ya hemos hecho con el tema de las reclamaciones legítimas de los letrados de la Administración de Justicia, estamos firmemente decididos a apoyar todos aquellos problemas evidentes, que tiene el servicio público de la Justicia, y uno de ellos, muy importante, es la diferente retribución que perciben los letrados del turno de oficio en las distintas partes del territorio nacional pese a realizar el mismo trabajo, algo que es radicalmente injusto», denuncia en Confilegal el portavoz de Justicia del partido en la Cámara Baja, que es abogado del Estado en servicios especiales.
Además, destaca que hay que tener en cuenta que la retribución del turno de oficio «nunca ha sido una forma de ganarse la vida un abogado, implica un sacrificio importante en la actividad del abogado y comporta una fuerte dosis de servicio público».
«No nos olvidemos de que se trata de dar un servicio de calidad a aquellos que menos recursos tienen y necesitan acceder a la Justicia», añade, y subraya que «es una cuestión de Justicia con mayusculas el que estas personas se encuentren dignamente retribuidas por realizar algo que es cuestión de interés general para todos los españoles».
«Es necesaria ya una retribución justa e igual en las distintas partes del territorio nacional por realizar el mismo trabajo y un trabajo de calidad», sentencia.
DE 311 EUROS DE MEDIA POR ASUNTO EN EL PAÍS VASCO A 106 EUROS EN ANDALUCÍA
Bal señala en su exposición de motivos que la Constitución en su artículo 119 reconoce el derecho a la Justicia Gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. También cuando así lo disponga la ley en casos específicos.
Destaca que la Justicia Gratuita es un servicio público prestado por 46.000 abogados adscritos al Turno de Oficio para que sus beneficiarios puedan acceder a la justicia para cumplir con el principio de igualdad y el derecho a la tutela efectiva.
Edmundo Bal recuerda que uno de los elementos que provocan más indignación entre los letrados que prestan este servicio público, es la diferencia retributiva entre los abogados de oficio del territorio común y los de las comunidades autónomas con competencias en Justicia.
En este sentido, pone como ejemplo que en 2021, el País Vasco fue la Comunidad que mejor pagó a los abogados de oficio, con 311,3 euros de media por asunto, mientras que los abogados de Castilla y León (dependientes del Ministerio) cobraron 158 euros o Andalucía, una de las que peor retribuyó, al pagar 106,4 euros.
El vicesecretario general de Ciudadanos indica que esta situación se debe a que cada comunidad establece sus baremos y actualiza las cantidades de forma discrecional, «sin que haya una coordinación esencial por parte del Ministerio de Justicia que, a su vez, tampoco paga lo mismo a los abogados de todas las autonomías del territorio común».
ACTUALIZACIÓN DEL BAREMO
Bal también destaca que otra de las reivindicaciones de los letrados del turno de oficio es la actualización del baremo, y no solo para que el servicio esté “digna y suficientemente remunerado”, como prevé la Ley, sino para que se amplíen las actuaciones letradas cubiertas por la asistencia jurídica gratuita.
Asimismo, recuerda que decanos de diferentes Colegios de toda España «dejaron muy clara esta petición» el año pasado en el Congreso de los Diputados, en el marco de una reunión con representantes de los grupos parlamentarios sobre la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
«En este marco, el reconocimiento de la labor de estos profesionales pasa en primer lugar por promover que las actuaciones letradas llevadas a cabo en cualquier territorio sean compensadas bajo unos mismos criterios», subraya.
Por otra parte, hace hincapié en que «no podemos ni debemos olvidarnos» de los «míseros importes» que retribuyen tales servicios y que «en múltiples ocasiones ni siquiera se encuentran cubiertos».
«La transferencia de la competencia de Justicia a diversas Comunidades Autónomas ha quebrado en su más grave expresión el principio de igualdad, pues cada una de ellas dispone de un baremo muy diferente, lo que implica que por idéntico trabajo no se perciba la misma indemnización», concluye.
