El turno de oficio pide amparo al Defensor del Pueblo Andaluz para acabar con la precaria situación del colectivo, especialmente es esa Comunidad
De izquierda a derecha: Izquierda a derecha: Myriam Ramos-Neble Vázquez, representante de Defenda; Joaquín García González, abogado independiente; José Luis Villalba Murillo, técnico de la institución; Ana Vinuesa Padilla, delegada de Área de la Defensoría; Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, Defensor Pueblo Andaluz; Rosalía Pascua Ponce, por Defenda; Gemma Fernández Fernandez, por Ajato, Iusta Causa, FAIG y el Sindicato de Abogados Venia; y Pablo Álvarez Castaño, por AJAI.

El turno de oficio pide amparo al Defensor del Pueblo Andaluz para acabar con la precaria situación del colectivo, especialmente es esa Comunidad

Denuncian que mientras que un letrado de oficio percibe en el País Vasco 300 euros por asunto, su homónimo andaluz poco más de 100 euros
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17/1/2023 15:12
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Actualizado: 17/1/2023 23:13
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«España se encuentra a la cola de la Unión Europea en inversión en Justicia Gratuita, y resulta especialmente hiriente la situación en Andalucía, a la zaga en compensación a los profesionales del área en el territorio nacional». Así lo han denunciado representantes de las asociaciones de la abogacía AJATO, AJAI, FAIG, Iusta Causa y Defenda, del Sindicato de Abogados Venia y letrados independientes ante el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.

«Mientras que un letrado de oficio percibe en el País Vasco 300 euros por asunto, a su homónimo andaluz se destinan poco más de 100, lo que hace netamente insuficiente el supuesto incremento de un 4% de gasto anunciado en esta materia por el ejecutivo andaluz, que no llega ni tan siquiera a compensar la carencia de actualizaciones de la última década», le han transmitido.

Y le han advertido que «este servicio está especialmente necesitado de amparo por parte de la meritada institución, a la vista de la inacción de la administración pública, especialmente la andaluza», por lo que le han pedido que intervenga.

La reunión tuvo lugar el pasado 11 de enero, en la sede de la institución. En ella se abordó la situación que atraviesa el colectivo y, particularmente, la del Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita.

Un servicio que los profesionales consideran «especialmente necesitado de amparo por parte de la meritada institución, a la vista de la inacción de la administración pública, especialmente la andaluza».

En la reunión participaron Myriam Ramos-Neble Vázquez y Rosalía Pascua Ponce por Defenda; Gemma Fernández Fernández por Ajato, Iusta Causa, FAIG; el Sindicato Venia; Pablo Álvarez Castaño por AJAI y Joaquín García González, letrado independiente.

Por parte de la institución también estuvieron presentes junto al Defensor del Pueblo Andaluz: Ana Vinuesa Padilla, delegada del Área de la Administración de Justicia, y José Luis Villalba Murillo, técnico.

MAEZTU: «SE HAN DE MOVER LOS OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAN O IMPIDEN LA GARANTÍA DE DERECHOS DE QUIERES PRESTAN ESTE SERVICIO»

Estos representantes de asociaciones y colectivos relacionados con la Asistencia de Justicia Gratuita en Andalucía reividicaron mejoras en el turno de oficio, «indispensables» para garantizar el servicio. Entre las medidas que plantean y que recogieron en un documento que les entregaron, se encuentran una remuneración «digna y suficiente» que elimine la diferencia retributiva con quienes prestan este servicio en otras comunidades autónomas.

Asimismo, han planteado sus problemas para atender con garantías los turnos de violencia de género, «asunto de especial importancia para la Defensoría».

Para el Defensor del Pueblo andaluz, «se trata de una prestación de un servicio público, y no de un ejercicio de caridad con personas o familias de rentas bajas», por lo que considera que, en coordinación con el Defensor del Pueblo estatal, «se han de mover los obstáculos que dificultan o impiden la garantía de derechos de quienes prestan este servicio, que redunda, asimismo, en las personas a las que atienden», ha informado la institución.

LAS REIVINDICACIONES DEL COLECTIVO

Según detallan a Confilegal los representantes de los abogados, la reunión fue extensa, pues comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó hasta más allá de las 14.00 horas, y fluida. Indican que Jesús Maeztu, y su equipo se mostraron «sensibilizados con el grado de desatención general que padecen los operadores jurídicos que prestan el servicio de Turno de Oficio, en especial, los abogados», y que el Defensor del Pueblo Andaluz «reconoció la tutela judicial efectiva como derecho esencial de la ciudadanía y el papel que desempeñan los profesionales que en ese ámbito prestan servicios de Asistencia Jurídica Gratuita».

Los representantes del colectivo señalan que todos los miembros de la institución estuvieron de acuerdo en reconocer «la falta de dignidad de los actuales módulos de compensación abonados por este servicio por la Junta de Andalucía, así como en que la falta de dotación presupuestaria y el eventual deterioro del servicio por dicha causa recae en el ámbito de responsabilidad de la administración». 

En este sentido, apuntan que resultó «especialmente relevante» para la Defensoría las inquietudes trasladadas por los representantes del colectivo en relación con las condiciones de las guardias en materia de violencia de género, «en las que se ha establecido la no retribución de la disponibilidad de los profesionales, salvo en los partidos de las capitales de provincia».

Otras cuestiones vinculadas que también fueron bien recibidas por la Defensoría, según explican, fueron la actualización de los baremos conforme al IPC; el abono puntual de todas las actuaciones, «que actualmente no se produce»; la creación de una unidad administrativa específica para el Turno de Oficio, con presupuesto propio, que tampoco existe; y la reducción de la carga burocrática.

También su reivindicación sobre la desconexión digital, así como la cuestión de la conciliación de la vida personal y familiar, «tan deteriorada, y que que llega al punto de denegarse la suspensión de vistas a letradas que alumbran a sus hijos con necesidad de asistencia médico quirúrgica, o a la notificación de resoluciones a profesionales enfermos».

En la reunión también hubo un intercambio de pareceres respecto a diversos aspectos concretos propios del ámbito estatal, en los que si bien la Defensoría andaluza carece de competencia, mostró su disposición a trasladarlas al Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo.

Entre ellos, la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, «en cuanto a la naturaleza de las contraprestaciones recibidas por los profesionales, que actualmente se denominan indemnizaciones, aun recibiendo tratamiento fiscal equivalentes a rendimientos de actividades económicas», así como a su reivindicación de que se reconozca el derecho del letrado al abono de todas sus actuaciones aun cuando no se produzca el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita.

Además, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada animó a los comparecientes a instar sus reclamaciones no sólo a los órganos de garantías de la administración, sino también, como paso complementario o previo, y a efectos de constancia, a las propias administraciones, en ejercicio del derecho de petición.

Los representantes del colectivo valoran positivamente el encuentro y agradecen al Defensor del Pueblo Andaluz la buena acogida que han tenido sus reivindicaciones, como «un sólido punto de inicio de una futura colaboración entre la administración y los profesionales para el aseguramiento a largo plazo de este servicio esencial».

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