El Ministerio de Justicia celebró ayer en Palma de Mallorca la Conferencia Sectorial de Justicia en la que se ha impulsado el plan Justicia 2030 junto a las 12 Comunidades Autónomas (CCAA) con competencias transferidas, es decir, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.
En su intervención, la ministra de Justicia, Pilar Llop, destacó que el impulso al Plan Justicia 2030 es un logro de la cogobernanza y “del diálogo como método”, y afirmó que este plan contempla “ambiciosos proyectos de transformación del Servicio Público de Justicia”.
Según Llop, “el cambio organizativo que la Justicia demandaba desde hace años ya se está materializando, y eso se consigue gracias a decisiones políticas deliberadas y consensuadas”.
El Plan Justicia 2030 que impulsa el Ministerio de Justicia se sustenta en tres leyes de eficiencia: la Ley de Eficiencia Procesal, la Ley de Eficiencia Organizativa y la Ley de Eficiencia Digital, ahora mismo en trámite parlamentario.
De entre los múltiples proyectos contemplados en las leyes de eficiencia, la ministra de Justicia hizo hincapié en las Oficinas de Justicia en los municipios: “Hemos implementado la primera Oficina de Justicia en los municipios en territorios insulares, en la isla de Formentera, que también va a facilitar el Servicio Público de Justicia para los ciudadanos y ciudadanas”.
Por otro lado, también se abordó el estado de ejecución de los proyectos del Plan Justicia 2030 que las CCAA han diseñado con la ayuda de Justicia2030/Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia para 2022, y que ya están en ejecución; así como la modificación del acuerdo de distribución de fondos entre las CCAA.
Tramitación de 70 nuevas unidades judiciales para 2023
En el marco de la Sectorial, la ministra de Justicia anunció el inicio de los trámites para la creación de 70 nuevas unidades judiciales dentro de la programación del ejercicio 2023.
Con ese objetivo, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, ha enviado oficios a todas las Comunidades Autónomas para que realicen los estudios oportunos y propongan al Ministerio de Justicia el número y naturaleza jurisdiccional de esas unidades judiciales.
También se ha enviado un oficio al Consejo General del Poder Judicial, que hará un informe al respecto.
Nuevo Registro Civil
Además, en el encuentro de Justicia con las CCAA se ha tratado el estado de implementación del nuevo Registro Civil, que tiene como fecha el 30 de septiembre del 2025, para estar en funcionamiento en todo el territorio nacional.
La Ley 20/2011, de 21 de julio, es una norma que convierte el Registro Civil en un registro individual donde se inscribirán todos los hechos y actos que afecten a una persona a lo largo de su vida.
El nuevo Registro Civil, que está siendo financiado con Justicia2030/Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contará con una base de datos común y con una aplicación informática única, y todas las oficinas estarán conectadas electrónicamente.
Estándar de rehabilitación de sedes sostenible
Por último, se abordó el estándar de rehabilitación sostenible con el objetivo de impulsar políticas de transición ecológica y de lucha contra el cambio climático.
En el encuentro se explicaron las medidas impulsadas por el Ministerio para reformar los edificios de la Administración de Justicia y mejorar la eficiencia energética, dando así, cumplimiento de los objetivos definidos por la Unión Europea a la descarbonización de los edificios públicos.
En la Sectorial en Palma, estuvieron presentes, por parte del Ministerio, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; la subsecretaria de Justicia, Ana Sánchez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; y la directora general del Servicio Público de Justicia, Maria dels Àngels García Vidal.
