Algo está cambiando en los tribunales españoles: por fin han dejado de acumular asuntos. Durante años, hablar de Justicia en España era hablar de atasco, de pendencias crecientes, de retrasos estructurales y de la sensación de que el sistema siempre iba un paso por detrás de la realidad social.
Por primera vez en años, la pendencia —ese retraso enquistado que parecía crónico— comienza a bajar de forma generalizada. No es una anécdota estadística; es un cambio de tendencia producido por las reformas abordadas en esta legislatura.
Vamos a una justicia con más jueces y mejor organizados que resolverán menos litigios de forma más pausada y profunda.
El punto de inflexión coincide con la constitución de los tribunales de instancia y la generalización de las oficinas judiciales previstos en la Ley Orgánica 1/2025.
Un modelo fruto de más de dos décadas de análisis coincidentes, trabajos técnicos y consensos progresivos.
El diagnóstico se ha mantenido estable desde el Libro Blanco de la Justicia de 1997, pasando por el Pacto de Estado de 2001, hasta la frustrada implantación de estos tribunales en las iniciativas legislativas de 2011, 2014 y 2020: las disfunciones del sistema no respondían únicamente a una falta de medios, sino a un problema estructural de organización.
El nuevo esquema ha transformado el juzgado tradicional en una estructura colegiada, con oficinas judiciales organizadas en servicios comunes capaces de especializarse y distribuir mejor las cargas de trabajo.
Estas no nacen de nuevas, sino que parten del diseño (mejorado) que introdujeron las leyes orgánicas 19/2003 y 1/2009, así como la ley ordinaria 13/2009.
Inversión en recursos humanos y tecnología
Tampoco nacen a coste cero, sino que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha invertido más de 1.120 millones de euros en lo que llevamos de legislatura para acompañar esta transformación.
Más de 91 millones de euros destinados a los aumentos salariales de jueces, fiscales, LAJs y funcionarios derivados de los acuerdos de 2023 y 2024; más de 13 millones para retribuir los nuevos mandos (presidencias de tribunales y sus secciones, direcciones de servicios, jefaturas de áreas y equipos); y más de 78 millones para las nuevas unidades judiciales y fiscales.
Igualmente importante es la inversión tecnológica y en infraestructuras.
Más de 440 millones de euros en digitalización, a los que se suman 410 millones de fondos europeos (para todas las Comunidades Autónomas), han consolidado el expediente judicial electrónico y nuevas herramientas de gestión como Carpeta Justicia.
Paralelamente, el Ministerio ha destinado en su ámbito de gestión más de 79 millones de euros en infraestructuras judiciales, adaptando edificios al nuevo modelo organizativo. Se suman a más de tres lustros construyendo y reformando edificios para adaptarlos al nuevo modelo.
España se sitúa así por encima de la media europea en esfuerzo presupuestario en Justicia, con un 0,35 % del PIB, frente al 0,30 % de promedio de la Unión Europea.
El dato desmonta uno de los tópicos más repetidos que aluden a la falta sistémica de recursos: el problema ya no es solo cuánto se invierte, sino cómo se organizan los recursos del servicio público de Justicia para que esa inversión dé resultados.
Gestionar mejor, antes incluso que crecer más y, precisamente gracias a ello, crecer mejor. Los primeros resultados empiezan a ser visibles.
Principal cuello de botella
En primer lugar, la reforma organizativa está permitiendo acometer el esperado aumento de medios personales, comenzando por el principal cuello de botella, el de los jueces: en 2025 se crearon 87 nuevas unidades judiciales y fiscales y en 2026 se crearán otras 700.
En términos relativos, un incremento de las plantas judicial y fiscal respectivamente del 8,5 % y del 7,1% en un solo año, los mayores de la historia.
Para su cobertura, en 2026 se convocarán 575 plazas de oposiciones y 125 plazas de concurso oposición.
En segundo lugar, las reformas están reduciendo la litigiosidad.
La generalización de los medios adecuados de solución de controversias ha empezado a dar resultados tangibles: los asuntos ingresados han descendido en un año más de un 20 % en el ámbito civil, alrededor del 10% si incluimos todas las jurisdicciones.
Resolver conflictos fuera del proceso judicial no debilita derechos; libera recursos y permite que los tribunales se concentren en los asuntos que realmente requieren tutela jurisdiccional.
Las cifras son modestas, pero elocuentes. La pendencia global se ha reducido un 0,6 %, mientras que este descenso alcanza el 4,6 % en la jurisdicción civil, precisamente el ámbito donde los retrasos eran más persistentes. Resolver más asuntos de los que ingresan en los órganos judiciales no es solo eficiencia: es recuperar el control.
Reformas procesales y digitales
A esta mejora están contribuyendo también de forma decisiva las reformas procesales y digitales operadas por los Reales Decretos Leyes 5 y 6/2023, así como la reforma del sistema de costas y el nuevo concepto de abuso de servicio público de justicia.
De sus bondades da cuenta el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de la Sala Primera del Tribunal Supremo del pasado 27 de enero, que ha permitido derivar más de 4.000 recursos de casación en el denominado cártel de los camiones a mediación y otros medios adecuados.
Es sólo un primer paso que esperemos preludie otras decisiones del Alto Tribunal para atajar la litigación masiva gracias a las nuevas herramientas procesales.
Estos acuerdos han de marcar el paso a las instancias inferiores para poder reconducir esa litigación masiva a su contexto legal adecuado.
La mayor transformación de la justicia en décadas se encuentra aún en fase de consolidación. Persisten incidencias técnicas, especialmente en aquellas Comunidades Autónomas en que el expediente judicial electrónico aún no se encuentra completamente implementado.
Es preciso también completar los ajustes derivados de la reorganización del personal, que ha de adaptarse a las tareas y cometidos derivados del nuevo modelo.
Formación
Para facilitarlo se han realizado, en el ámbito del Ministerio, más de 300 sesiones formativas presenciales y más de 15.000 servidores públicos se han matriculado en las distintas formaciones «online».
En Zaragoza, se celebraron en diciembre las primeras Jornadas de Directores de Servicios Comunes de toda España.
También hay que continuar trabajando en la adaptación y reorganización de los espacios físicos en los que prestan sus servicios los nuevos tribunales.
En general, la diversidad de situaciones territoriales requiere una atención continua para garantizar a la ciudadanía un acceso equivalente en todo el Estado a un servicio público esencial como es la Justicia.
Hay un elemento esencial en esta reforma: hay diálogo, planificación, ejecución coordinada, evaluación y cogobernanza real entre todas las administraciones e instituciones con competencias en Justicia.
Que la Justicia haya empezado a resolver más asuntos de los que ingresan en los órganos judiciales no es una casualidad, ni un eslogan.
Es la consecuencia de unas reformas estructurales e históricas que empiezan a dar resultados medibles. Romper el atasco era imprescindible.
Mantener el ritmo, ahora, es el verdadero desafío.
La Justicia aún tiene camino por recorrer, pero va en la buena dirección. Y en un Estado de Derecho, ese avance —aunque silencioso— es profundamente transformador.
