El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la derecha, durante la reunión. A la izquierda, junto al comisario europeo, Didier Reynders, el fiscal general español, Álvaro García Ortiz. Foto: Twitter.
Zelenski espera justicia tras la guerra contra los responsables de la invasión, manifestó ante los fiscales de los países aliados, entre ellos el español García Ortiz
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04/3/2023 06:51
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Actualizado: 03/3/2023 23:29
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunió ayer con el comisario de Justicia europeo, el belga Didier Reynders, y representantes de las fiscalías de países aliados, entre ellos el fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, para hablar de potenciales investigaciones judiciales.
La reunión coincidió con un viaje de Zelenski a la zona de Leópolis, en el oeste del país, donde se está celebrando la Conferencia ‘Unidos por la Justicia’, que reúne a fiscales de países aliados y que se desarrolla entre ayer viernes y mañana domingo.
A la misma asistieron también el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garlan, el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, y representantes de Reino Unido, Letonia, Estonia, Lituania y Estonia.
«Nuestro país es un gran campo de batalla», lamentó Zelenski, que enfatizó la importancia también «de combatir a Rusia en el terreno judicial».
La «verdadera justicia», añadió, pasa «por condenar a quienes han cometido abusos en el marco del conflicto».
Zelenski subrayó que esta rendición de cuentas es importante no sólo para Ucrania, sino también para el mundo en su conjunto, para que ningún otro «agresor» se plantee repetir la ofensiva militar iniciada hace poco más de un año por el presidente ruso, Vladimir Putin.
«Por eso necesitamos justicia. Necesitamos un tribunal para ver a todos los culpables entre rejas», añadió.
VISITA DEL FISCAL GENERAL A UCRANIA
El objetivo de esta Conferencia, según la Fiscalía ucraniana, es abordar y evaluar la situación existente tras un año de guerra para adoptar «una declaración que reflexione sobre las cuestiones, los desafíos y las perspectivas discutidas en el transcurso del evento».
El Ministerio Público ucraniano destaca que «la agresión no provocada e injustificada de Rusia» representa no solo «una violación flagrante de la integridad territorial y la soberanía de un Estado independiente y libre», sino que estas acciones militares también «socavan la seguridad y la estabilidad europeas y mundiales, así como un orden internacional basado en reglas».
Además, pone de relieve que «cada vez hay más pruebas de atrocidades masivas cometidas por las Fuerzas Armadas rusas y sus tropas subsidiarias, incluidos, entre otros, ataques indiscriminados contra civiles, casos de ejecuciones sumarias, tortura y malos tratos, violaciones y otros actos de violencia sexual, reclusión ilegal y reubicación forzosa de personas protegidas, junto con la práctica generalizada de saqueo».
Recalca que «Rusia como Estado tiene toda la responsabilidad por el acto de agresión y las atrocidades masivas cometidas por sus Fuerzas Armadas y tropas subsidiarias desde el 24 de febrero de 2022, así como en el curso de la ocupación militar y la anexión de Crimea y la ocupación de los territorios orientales de Ucrania».
No obstante, hace hincapié en que «los crímenes contra el Derecho Internacional son cometidos por hombres, no por entidades abstractas», reclamando el castigo de estas personas como «piedra angular de la justicia y la rendición de cuentas».
UN TRIBUNAL ESPECIAL
La Fiscalía ucraniana valora que la comunidad internacional «ha confirmado su determinación de poner fin a la impunidad de los crímenes internacionales cometidos por Rusia mediante la adopción de iniciativas y medidas para garantizar la plena rendición de cuentas a nivel internacional y nacional».
Unos esfuerzos que destaca que incluyen el Tribunal Penal Internacional y el establecimiento de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Ucrania, además de las investigaciones nacionales en Ucrania y terceros estados, y la promulgación de sanciones.
A lo que añade que «la urgente necesidad de garantizar un sistema amplio de rendición de cuentas por las violaciones graves del Derecho Internacional» exige «el establecimiento del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión y el Mecanismo Internacional de Indemnización».
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