España asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) a partir del primer día de julio, un hito que se acerca mientras sigue siendo el Estado miembro con el mayor número de procedimientos de infracción abiertos por no trasponer las directivas europeas. De las 105 infracciones acumuladas, 42 se deben a la tardanza en aplicar las trasposiciones y no cumplir con los plazos exigidos, y de estas, 27 fueron abiertas por por la Comisión Europea (CE) en el año 2021, el último del que se tienen datos.
Se trata de una «negligencia por no poner manos a la obra», en palabras de Safira Cantos, directora general de la fundación Hay Derecho. «Parece lógico que, al asumir el liderazgo del organismo que representa a los Gobiernos de los Estados miembros, el que presida esté al día con el cumplimiento de las obligaciones del derecho europeo, pero esto merma aquella credibilidad», critica Cantos, que destaca que España lleva el mayor número de infracciones desde el año 2016, «afectando a gobiernos de diferente signo político.
También señala que el cumplimiento requerido por la CE está al alcance del Gobierno y las fuerzas parlamentarias. «El Estado ha tenido tiempo para responder a las alegaciones y impulsar las mejoras requeridas, y todavía lo tiene, pero falta la voluntad política».
Algunas de estas demoras acarrean una multa, como ocurrió en 2021, cuando se impuso una sanción de 15 millones de euros y una multa coercitiva diaria de 89.548,20 euros por la trasposición tardía de la Directiva 2016/680, relativa a protección de datos.
En este sentido, Cantos pone en relieve que el Gobierno no hace pública la información sobre las multas de la CE a España. «No sabemos cuánto cuesta el incumplimiento de las directivas a los Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, a los impuestos de los ciudadanos, pero parece que no le cuesta nada al Gobierno».
Cuestiones pendientes
Uno de los ejemplos más graves de este incumplimiento es la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra en funciones desde hace más de cuatro años. El CE emitió un informe según el cual esta renovación debe solucionarse con carácter prioritario, luego de lo cual se puede someter a revisión el sistema de elecciones del órgano.
Como en otros casos, Cantos reitera que la solución está al alcance de España. «La presidenta del Congreso de Diputados puede convocar al Parlamento para que proceda la elección», indica como medio para adaptar la situación del organismo a los estándares de la UE. Su retraso, dice, supone un 25 % menos de sentencias de parte del Tribunal Supremo al no celebrarse los nombramientos que corresponden al CGPJ, lo que supone unas 1.300 sentencias menos al año. Todo por la intención de las «agrupaciones políticas mayoritarias» de «mantener sus cuotas de control sobre el organismo».
También queda pendiente la reforma de la ley de secretos oficiales para mejorar el acceso a la información, ya que todavía no se ajusta a los estándares europeos al suponer un «ocultamiento de manera indefinida de la información», según Cantos, que lo califica como un «agujero negro en la transparencia». El Gobierno aprobó un anteproyecto de Ley de la información clasificada que se encuentra «paralizado». «Es difícil que vea la luz en los últimos meses de la legislación».
Por otro lado, los plazos máximos de instrucción penal para los casos de corrupción de alto nivel generan una paradoja al ser insuficientes y no gozar de suficiente tiempo para la investigación y, a la vez, «eternizarse» en los tribunales, lo cual propicia la inmunidad y simultáneamente atenta contra los derechos de los investigados, como explica Cantos.
El registro público de ‘lobbies’ y grupos de presión y el refuerzo de la independencia de la Fiscalía General del Estado (con avances insuficientes al mantenerse la dependencia de los nombramientos por parte de «personas próximas al gobierno de turno», en palabras de Cantos) son otras áreas de mejora para acercarse a las exigencias de las directivas europeas.
