La Confederación General del Trabajo (CGT) ha impugnado y solicitado la suspensión cautelar ante la Audiencia Nacional de todas las oposiciones convocadas en diciembre de la Administración de Justicia. Se han visto afectadas un total de 9.134 plazas.
Desde las secciones de Justicia de la CGT -con el apoyo del sindicato de administración pública de Barcelona- han recurrido los procesos de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, letradas y letrados, Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y facultativos, técnicos especialistas y ayudantes de laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Según han explicado desde el sindicato, las convocatorias recurridas son por turno libre, concurso de méritos y concursos oposición.
Pues bien, el primero de los motivos por los cuales han decidido tomar esta decisión es porque han considerado que las convocatorias libres se han publicado antes de resolver la estabilización.
Falta de transparencia, no hay cupos para personas con discapacidad…
También porque han detectado una falta de transparencia en las plazas ofertadas y en los concursos de méritos. Pues, según han apuntado, “no se han incluido las plazas ocupadas en abuso de temporalidad en sustitución/habilitación de funcionarios titulares”. Asimismo, han considerado que las vacantes ofertadas se han valorado “a la baja”.
Por otro lado, han resaltado que además tampoco “se ha reservado el cupo para personas con discapacidad” en los concursos de méritos.
Asimismo, han detectado ciertas irregularidades en cuanto a los criterios de evaluación. Pues consideran que se está llevando a cabo una «promoción interna encubierta» porque no se exige tener experiencia en el puesto concreto al que se presenta el aspirante. Acto que han calificado de «muy grave».
«Esto sería la esencia» de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Además, han denunciado que en algunas convocatorias se exige como requisito «un ítem tan arbitrario como la capacidad»: “poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del cuerpo al que aspiran”.
Por otro lado, han advertido de que si se continúa con este proceso selectivo y no atienden a su petición, en estos momentos, tal y como está planteado el proceso, puede provocar un desmantelamiento en la Administración de Justicia.
Ya que actualmente existe un alto índice de personal temporal de larga duración -más del 75 %- en muchos juzgados y si este proceso se lleva a cabo, supondría un cambio en todos los equipos de trabajo.
En su opinión, esto traería como consecuencia una disminución en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
