La asociación sin fines de lucro StopHaters (Asociación contra el acoso) lleva desde el año 2017 defendiendo los derechos de las personas. Especialmente aquellas con discapacidad, del ciberacoso, en palabras de su presidenta, Sara Antúnez, quien pone de relieve, en conversación con Confilegal, los diferentes medios que tienen los ciudadanos de enfrentar estas acciones.
Así, dependiendo del mensaje, «un tercero puede denunciar un delito de odio en redes, pero si no tiene que ver con su condición o ideología, tiene que hacerlo el afectado», dice.
«A veces se trata de cambiar la configuración de sus móviles o bloquear un contacto, pero muchos casos son para empezar un procedimiento legal», según la presidenta de la asociación, que cuenta con un equipo de abogados, informáticos y psicólogos para atender a las víctimas de ciberacoso y que acaba de adherirse al Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD).
Sobre esto, Antúnez declara que «las personas con discapacidad también tienen derecho a usar las nuevas tecnologías, prestándoles especial atención». Las familias «suelen alejarlos de las redes sociales por miedo», pero lo mejor es «formarlas para que puedan evitar estos peligros», explica.
«Estamos muy contentos con el CEDDD y tenemos muchas ganas de empezar a trabajar con ellos».
StopHaters tiene como objetivo la asistencia a todas las víctimas de delitos en red, especialmente las que tienen relación con el ciberacoso, suplantación y usurpación de identidad y odio en la red. Está formada por abogados, informáticos y un equipo de psicólogos que asesoran de forma especializada a cualquiera que esté sufriendo este hostigamiento que cada vez más personas denuncian.
La mayoría de solicitudes que recibe StopHaters lleva a que se formule una denuncia o una querella.
El Código Penal especifica que los delitos de odio pueden conllevar una condena de hasta cinco años, y también pena la usurpación de identidad, que identifica con acoso cuando se contratan servicios a nombre de terceros para causarles inconvenientes y conflictos.
Antúnez destaca la variedad de formas que puede tomar el acoso, razón por la que su categorización empieza por la edad de la víctima. «Entre los menores se observa mucho ‘bullying online’, con intenciones de aislar de diferentes actividades, excluyendo a uno sin invitarlo a grupos o juegos, y llegando al acoso constante», señala, añadiendo que también se observan casos de usurpación de intimidad, pero con fines de burla.
En cambio, en las situaciones entre mayores de edad se observa un gran aumento de intercambio y difusión de imágenes íntimas de las personas afectadas, así como otros comportamientos de humillación, aunque en esta categoría no quepa el ‘grooming’, que es el nombre que se le da a las acciones de un pederasta que procura acercarse a menores por vías digitales.
«Atendemos a más mujeres que a hombres, además de a muchas personas con discapacidad y de la comunidad LGTBI«, asegura Antúnez. StopHaters recibe peticiones de ayuda por correo y por llamadas telefónicas, pero desde la asociación procuran organizar un encuentro presencial cuando es posible para atender al solicitante y empezar a examinar las pruebas.
Desde los inicios de la asociación, en el 2017, Antúnez valora un «balance positivo», aunque no han recibido apoyo «de ninguna entidad pública». «Hemos conseguido dar valor e importancia a lo que pasa en internet y hemos dado voz a las personas con discapacidad y acosadas, pero las personas que tendrían que solucionar estos asuntos no lo hacen», lamenta.
