Las propuestas de enmiendas al proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, ahora en la Cámara Baja, que se han aprobado comprenden aspectos muy diversos.
Por esta circunstancia, el XIII Congreso nacional de la Abogacía Española revestía una importancia sin precedentes. Porque esta Ley, la primera de esta naturaleza que el parlamento democrático aborda por primera vez desde la restauración de la democracia, en 1978, año en que fue aprobada la Constitución, viene a cerrar el círculo del artículo 24 de la Carta Magna, que garantiza la tutela judicial efectiva para todos.
Los grupos políticos, además, se comprometieron a esperar a las propuestas emanadas de este XIII Congreso para estudiarlas y valorar su incorporación al texto final.
Los debates sobre las propuestas de enmiendas a la futura Ley Orgánica del Derecho de Defensa tuvieron como punto de partida la ponencia de Jesús Remón, socio presidente de Uría Menéndez, en el atril de la Abogacía Española. Foto: Confilegal.
La mencionada «hoja de ruta» está compuesta por 44 conclusiones que fueron votadas en la tarde de hoy, al término de las cinco sesiones deliberativas en las que más de un millar de participantes debatieron sobre los principales desafíos a los que se enfrenta la profesión en la actualidad.
En esta línea se votó la necesidad de regular el uso de sistemas de Inteligencia Artificial para la prestación de servicios jurídicos y el ejercicio de derecho de defensa «online» así como para la selección de profesionales de la abogacía.
Y se decidió que desde la abogacía institucional se establezcan programas de formación orientados a facilitar el acceso de los profesionales a las tecnologías y herramientas digitales.
Entre las conclusiones de la ponencia de Derechos y libertades hoy también se incluye un refuerzo del procedimiento de amparo colegial, establecido para proteger la dignidad del abogado en el ejercicio de su profesión.
Sobre intermediación y nuevos modelos de negocio, se aprobó, entre otras conclusiones, determinar el alcance del secreto profesional para los abogados de empresas, y pedir al legislador que establezca una acción de clase específica para los daños ocasionados en el ámbito del derecho de competencia, sin necesidad de la participación obligatoria de las asociaciones de consumidores y usuarios.
Las conclusiones también incluyen varias sobre la necesidad de regular la formación continua y especializada, con certificaciones periódicas de la actualización de conocimientos, así como un programa formativo al alcance de todos los profesionales, que garantice la igualdad de oportunidades. Y se aprobó la obligatoriedad de la formación continua en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, formación que debe ser gratuita para el profesional y subvencionada por las administraciones públicas.
Y piden que que el Consejo General de la Abogacía establezca los requisitos para las diferentes especialidades, pero también que la especialización no tenga carácter obligatorio, ni suponga una reserva de actividad.
Las conclusiones también piden que el Consejo General de la Abogacía establezca los requisitos para las diferentes especialidades, pero también que la especialización no tenga carácter obligatorio, ni suponga una reserva de actividad.
Y en lo relacionado con los desafíos deontológicos, se aprobó, entre otros temas, establecer deberes de custodia y control de datos sometidos a tratamiento automatizado o su tráfico en dispositivos, velando por la protección de datos personales, confidencialidad y garantía del secreto profesional; la creación de un Observatorio de ciberseguridad de la Abogacía en el seno del Consejo General de la Abogacía, o la adopción de criterios deontológicos específicos en las nuevas áreas extraprocesales de la profesión, particularmente en mediación, protección de datos y Compliance en empresas.
