Imagen de la inauguración del XIII Congreso de la Abogacía Española que comenzó el pasado miércoles por la tarde en Port Aventura, Tarragona, y que ha concentardo a los 83 decanos que han suscrito este llamamiento. Foto: Confilegal.
El Pleno del Consejo General de la Abogacía aprueba por aclamación el llamamiento por un Pacto de Estado por el futuro de la Justicia
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05/5/2023 15:27
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Actualizado: 13/5/2023 09:15
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Los decanos de los 83 colegios de abogados que conforman el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) han aprobado, por aclamación, el llamamiento por un Pacto de Estado por el futuro de la Justicia. Llamamiento que tiene un evidente destinatario: los grupos políticos que conforman el arco parlamentario.
«Pedimos a cuantos intervienen en la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia, Consejerías de las Comunidades Autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, grupos políticos, jueces, fiscales, letrados y personal al servicio de la Administración de Justicia, procuradores y otros profesionales de la Justicia, un esfuerzo de responsabilidad y de generosidad, para alcanzar, entre todos, con participación también de los sindicatos, consumidores y otros colectivos ciudadanos, una gran Pacto de Estado que nos permita disponer de una Administración de Justicia que preste el servicio de calidad al que la ciudadanía y la sociedad en su conjunto tienen derecho», afirman con toda claridad.
«La Justicia es una cuestión de Estado», subrayan de forma especial el texto.
El acuerdo ha sido tomado en el marco de XIII Congreso de la Abogacía Española que está teniendo lugar en Port Aventura, Tarragona, en el que están tomando parte 1.300 profesionales de la abogacía llegados de toda España y que hoy llega a su término.
«En un Estado social y democrático de Derecho es imprescindible contar con una Justicia de calidad que trasmita credibilidad y confianza a la ciudadanía en la tutela y defensa de sus derechos e intereses legítimos. Sin Justicia no hay democracia y no hay libertad. Por ello, resulta evidente que La Justicia es una cuestión de Estado», comienza el texto aprobado.
El CGAE recalca la «grave crisis reputacional» en la que se halla inmersa la Justicia, acosada por conflictos y cuestionada su independencia, incapacitada para renovar sus órganos de gobierno, en referencia clara al Consejo General del Poder Judicial, caducado hace 4 años y 5 meses.
Un deterioro que está afectando de forma directa a la ciudadanía que ve «cómo existen miles de procedimientos paralizados y unos tiempos de respuesta que no resultan asumibles».
El órgano de gobierno de los abogados españoles recuerda que hace ya muchos años que ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar una reforma profunda y duradera de la Justicia «como verdadera solución de los problemas de la ciudadanía y la sociedad y ha tratado, siempre de manera proactiva, de impulsar un gran Pacto de Estado que exige, por su naturaleza, una firme voluntad de acuerdo que deje al margen cualquier tipo de interés político-partidista y/o corporativo».
El Consejo señala la necesidad de abordar «los problemas puntuales y las legítimas reivindicaciones de quienes intervienen en la Administración de Justicia», en referencia a funcionarios, jueces, fiscales, pero también al turno de oficio.
ES NECESARIO UN CAMBIO PROFUNDO EN LA ORGANIZACIÓN DE NUESTRA ADMINISTRACIÓN
De ahí la necesidad de «un Pacto de Justicia que aborde un cambio profundo de organización y de actitud de nuestra Administración de Justicia y, sobre todo, que cuente con un compromiso político que permita realmente construir y ofrecer un servicio público, que tiene por destinatarios finales a todos los ciudadanos, la protección
de sus derechos y libertades».
«Un pacto de Estado que recoja mecanismos que fortalezcan la credibilidad en todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales, en sus órganos de gobierno y en las instituciones relacionadas con la Justicia, con una exigencia fundamental de respeto a la independencia judicial», recalca.
Un pacto de Estado que mejore los mecanismos de coordinación de cada una de las instituciones y administraciones con competencias en la Administración de Justicia, que acometa la imprescindible mejora del Gobierno de la Justicia, sin olvidar que es el órgano de gobierno de un Poder del Estado, y no solo de los jueces, garantizándose la independencia en el ejercicio de su función por el Consejo General del Poder Judicial, que afronte, desde el consenso, una revisión del marco legal de nuestro sistema de Justicia Gratuita de forma que garantice, estrictamente a los ciudadanos que carecen de recursos económicos y un servicio de calidad, con profesionales debidamente formados.
Dicho pacto, además, debe promover la simplificación de la estructura de los cuerpos y funcionarios diseñando una verdadera carrera administrativa y que impulse los medios alternativos de solución de conflictos,
Y que permita la revisión de los procedimientos y que suponga la revisión del actual sistema de acceso a la Abogacía y a la Procura para garantizar la acreditación de las habilidades prácticas precisas para el ejercicio profesional así como la actualización de la formación profesional permanente y especializada.
En suma «un Pacto de Estado que posibilite la conciliación de la vida personal y familiar de todos cuantos intervenimos en la Administración de Justicia, sin merma de los derechos de los justiciables».
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