El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha expresado su preocupación por la creciente descalificación pública de profesionales de la abogacía y por los ataques personales que, según denuncia, están sufriendo por el mero hecho de asumir la defensa de sus clientes. Ante esta situación, ha recordado que «no se puede identificar a un abogado con su cliente o con la causa que defiende».
A través de una declaración institucional, el Consejo subraya que «la libertad, la independencia y la seguridad en el ejercicio de la abogacía constituyen una garantía esencial del Estado de derecho» y sostiene que solo cuando los abogados pueden desempeñar su labor sin presiones, intimidaciones o injerencias es posible garantizar la protección efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía.
El CGAE señala además que esta preocupación trasciende el ámbito nacional y es compartida por organismos internacionales, que también observan un incremento de la estigmatización, las amenazas y las agresiones contra profesionales de la abogacía en distintos países.
En su declaración, la Abogacía recuerda que uno de los principios esenciales de cualquier democracia es que el abogado no puede ser identificado con su cliente ni con la causa que defiende, ya que no hace suyas las ideas, intereses o conductas de la persona a la que representa.
«Su misión consiste en garantizar que toda persona pueda ejercer su derecho a una defensa efectiva, con pleno respeto a la legalidad, a la deontología profesional y a las reglas del proceso», afirma Salvador González, presidente de la Abogacía.
Pide evitar discursos que identifiquen al abogado con su cliente
El Consejo sostiene que se trata de una realidad que afecta a toda la profesión, aunque incide especialmente en quienes prestan el servicio público de asistencia jurídica gratuita y en los letrados que intervienen en procedimientos de especial repercusión pública.
A su juicio, todos ellos desempeñan «una función constitucional imprescindible» y merecen tanto respeto como protección institucional.
Por ello, insta a los poderes públicos y al conjunto de la sociedad a evitar «cualquier discurso que identifique al abogado con su cliente o que lo descalifique por la causa que defiende».
La declaración concluye que proteger la independencia de la abogacía supone preservar el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y el Estado de derecho y, en última instancia, proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Salvador González también ha reiterado que la independencia y la seguridad de los abogados en el ejercicio de su profesión constituyen «garantías esenciales» tanto para los propios profesionales como para la protección de la ciudadanía.
Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la institución con la defensa de la independencia de la profesión y ha reclamado «el máximo respeto» hacia quienes la ejercen, rechazando «cualquier identificación del abogado con su cliente o con la causa que defiende».
