Once nombres. Un decano, una magistrada del Supremo, dos catedráticos con despacho en Madrid, un abogado del Estado curtido en litigios contra Hacienda. Y detrás de todos ellos, una cifra que lo explica casi todo: 112%.
Ese es el crecimiento acumulado del Derecho Tributario español desde 2019, según los datos que maneja la Abogacía Española a partir del INE.
De 654 millones de euros de facturación a casi 1.388 millones en apenas cinco años.
No es casualidad, entonces, que ayer el Consejo General de la Abogacía Española presentara su nuevo Consejo Asesor de Derecho Tributario (CADT).
Once especialistas, procedencias distintas —universidad, judicatura, ejercicio profesional, Administración— reunidos con un mandato que suena, a la vez, ambicioso y muy concreto: pensar el sistema tributario antes de que el sistema tributario nos piense a nosotros.
Salvador González, presidente de Abogacía Española, lo planteó en términos que cualquier jurista reconocerá de inmediato. Seguridad jurídica. Previsibilidad. Calidad normativa.
Los tres pilares de siempre, invocados una vez más ante un sistema que, según reconocen los propios protagonistas del acto, se ha vuelto más complejo de lo que la mayoría de contribuyentes —y no pocos abogados— pueden digerir sin ayuda especializada.
«La seguridad jurídica es una garantía para los ciudadanos y un pilar esencial del Estado de Derecho. Con este Consejo Asesor queremos poner el mejor conocimiento jurídico al servicio de una normativa más clara, más predecible y más justa», afirmó González.
Palabras que, en el papel, podrían firmarlas la mayoría de los presidentes que le precedieron. La diferencia, aquí, está en la letra pequeña del encargo.
Quiénes son los once
La lista mezcla academia y trinchera. José Manuel Almudí, decano de la Facultad de Derecho de la Complutense. Gabriel Casado y Pablo Chico, catedráticos de Derecho Financiero y Tributario —el primero en la Complutense, el segundo en la Rey Juan Carlos—. Saturnina Moreno, catedrática en Castilla-La Mancha. José Andrés Sánchez, que combina cátedra y ejercicio profesional.
Del lado institucional, Sandra González de Lara aporta la mirada del Tribunal Supremo; Maximino Linares, la de un abogado del Estado especializado en litigación tributaria, es decir, alguien que conoce el terreno desde el bando que casi siempre gana. Bernardo Bande llega como presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Completan el consejo tres nombres propios de la propia Abogacía Española: Cristina Llop, consejera y tesorera; Antònia Martí y Manuel Mata, consejeros.
El primer asunto sobre la mesa: agosto
Más allá de los grandes principios, el CADT ya tiene un frente de trabajo señalado, y es de los que interesan a cualquier abogado tributarista con vacaciones pendientes: la revisión del régimen de plazos administrativos durante el mes de agosto.
No es un tema menor. La convivencia entre la actividad de las Administraciones tributarias y la vida —también la profesional, también la personal— de quienes las representan lleva años generando fricción.
El Consejo estudiará fórmulas de flexibilidad o inhabilidad parcial en ese periodo, buscando un equilibrio que, hasta ahora, nadie ha conseguido cuadrar del todo: proteger al contribuyente sin asfixiar al profesional que lo defiende.
A partir de ahí, la agenda se amplía. Calidad normativa, derecho de defensa, secreto profesional, predecibilidad de las decisiones administrativas: los clásicos de siempre, pero con una diferencia de fondo. El sistema tributario español, tal y como lo describen los propios datos manejados por la institución, ya no es el mismo que hace un lustro.
Ha duplicado su peso económico. Y, con él, también ha crecido la exigencia de que quienes lo interpretan y lo litigan tengan, por fin, un espacio propio donde pensarlo en voz alta.
