Según el portavoz de la asociación mayoritaria de jueces, "al principio de una negociación tampoco pueden llegar propuestas inamovibles o cerradas, precisamente para evitar quiebras o fracturas a la hora de llegar a la negociación" de una actualización salarial "razonable".
La Asociación Profesional de la Magistratura asegura que la oferta de 44 millones de euros de Justicia «no es asumible»
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08/5/2023 12:34
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Actualizado: 08/5/2023 12:34
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Antes de entrar a la reunión de la Mesa de Retribuciones con el Ministerio de Justicia y el de Función Pública, convocada para evitar la huelga general de los jueces y fiscales, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Juan José Carbonero, ha declarado que la oferta de 44 millones de euros del equipo de Pilar Llop «no es asumible». Sin embargo, ha agradecido el «esfuerzo» de todas las partes para resolver este «problema histórico».
Carbonero ha afirmado que la intención es «continuar negociando». «Negociar es hablar sobre lo que hay sobre la mesa, intercambio de pareceres, puesta en común de las diferentes propuestas que puedan haber y tratar de resolver problemas históricos dentro de la estructura retributiva de las carreras judicial y fiscal», ha dicho, recordando que el inicio de la huelga está fijado para el próximo martes 16 de mayo.
Según el portavoz de la asociación mayoritaria de jueces, «al principio de una negociación tampoco pueden llegar propuestas inamovibles o cerradas, precisamente para evitar quiebras o fracturas a la hora de llegar a la negociación» de una actualización salarial «razonable» debido a «la pérdida de poder adquisitivo» que dicen arrastrar desde 2009,
Esta situación fue la que llevó a que cinco de las siete asociaciones (Asociación Profesional de la Magistratura [APM], la Asociación Judicial Francisco de Vitoria [AJFV], Foro Judicial Independiente [FJI], la Asociación de Fiscales [AF] y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales [APIF]) a convocar una huelga.
Este lunes se realiza la segunda reunión en la Mesa de Retribuciones de las asociaciones de jueces y fiscales con los equipos de Justicia, de Función Pública, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) después de valorar la propuesta económica realizada el pasado miércoles por el Ministerio con las ejecutivas y los delegados de las asociaciones.
Mantienen la convocatoria de huelga
Fuentes cercanas a la negociación han indicado que, aunque se ha celebrado que Justicia haya presentado una oferta tras un primer contacto de casi cinco horas, la propuesta no satisface las necesidades del colectivo. Añadieron que las posturas aún están alejadas y que, a menos que se presente otra oferta convincente, se mantendrá la convocatoria de huelga, por parte de las asociaciones que la suscribieron.
Las mismas fuentes han precisado que la oferta de unos 44 millones de euros es de momento insuficiente, porque dicha cifra representaría solventar en un 6 % la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20 %. Las asociaciones se mostraron «optimistas» de cara a un posible acuerdo, pero advirtieron de que aún no era «tiempo de satisfacciones» todavía.
Mientras se llevan a cabo las negociaciones con jueces y fiscales, el resto de funcionarios de la administración de justicia (unos 45.000) mantienen una huelga con paros parciales y totales desde el pasado 17 de abril para pedir unos 200 millones.
Estas iniciativas llegan después de que los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) lograron -tras dos meses de huelga- que el Gobierno desembolsara 22,7 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los 4.000 funcionarios que integran este cuerpo.
Después de la primera reunión, el Ministerio informó que Justicia y Hacienda también han ofrecido a las asociaciones de la carrera judicial y fiscal un papel relevante en la implementación de las tres leyes de eficiencia, que se encuentran en la fase final de su tramitación parlamentaria y que forman parte del plan de Justicia 2030.
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) declararon que coincidían en la necesidad de mejoras para superar el «estancamiento actual» del sistema judicial, pero se desmarcaron de la amenaza de huelga al considerar que lo «oportuno» era esperar a la reunión del pasado miércoles. No han se han sumado a la convocatoria hasta este momento.
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