Los funcionarios de Justicia han amenazado con iniciar una huelga de carácter indefinido a partir del 22 de mayo si ni el ministerio de Justicia ni el de Hacienda ponen sobre la mesa una oferta económica. Ven injusto que se les suba el salario a los LAJ pero no a los demás porque es un trabajo en cadena.
Así lo ha confirmado este miércoles a Confilegal el secretario general del sector Administración de Justicia de Comisiones Obreras Luis Calero. Además, ha explicado que ya han acordado realizar otra manifestación el próximo 25 de mayo a las 12:00 horas que irá desde la sede del Ministerio de Justicia hasta la Secretaría de Estado de Función Pública. Será a nivel nacional.
Por otro lado, la responsable nacional de UGT Justicia, María Victoria Carrero, ha señalado que lo que están haciendo es intentar aumentar la presión porque ven que no hay respuesta.
Ha recordado que este conflicto colectivo tiene dos patas que van unidas entre sí, que son la Ley de Eficiencia Organizativa y el aumento de las retribuciones porque “el impacto que tendrá esta ley en nuestras condiciones laborales va a ser grande”.
Sin embargo, ha hecho hincapié en que este conflicto no lo han planteado ellos, sino el Gobierno. “Les dio a los letrados de la administración de justicia una subida de 600 euros por la responsabilidad de esta ley y no tiene lógica alguna que se les suba a unos y a otros no porque es un trabajo en cadena”.
“También los magistrados y fiscales están en pie de guerra y quieren endurecer sus acciones para que el Gobierno se siente a negociar porque es injusto”, ha sentenciado Carrero.
Una carta a Pedro Sánchez
Desde CSIF han apuntado que ya se han paralizado más de 10 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios en toda España y han relatado que los sindicatos han registrado en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazándole a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios y a negociar el contenido de los proyectos de ley de Eficiencia Organizativa.
Según CSIF, los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.
