Los miembros de Comité de Huelga de los cuatro sindicatos leyeron el comunicado tras el fin de la negociación en el que anunciaron que se encerraban en el Ministerio hasta tener un interlocutor válido.
No es posible el acuerdo Ministerio-sindicatos de Justicia: Su Comité de Huelga se encierra en San Bernardo 21
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06/6/2023 23:54
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Actualizado: 07/6/2023 01:24
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En la reunión de hoy, entre el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y los ocho miembros del Comité de Huelga, dos por cada uno de los sindicatos de funcionarios de Justicia, no ha estado ningún representante del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la reunión celebrada desde las 12.30 hasta las 8.45 de la tarde en la sede de la calle de San Bernardo 21, donde tiene sus cuarteles generales Manuel Olmedo, secretario general de la Administración de Justicia. A 300 metros escasos de San Bernardo 45, la sede principal del Ministerio.
Un signo evidente de que, por parte del Ministerio, la cuestión económica no estaba sobre la mesa.
Porque Hacienda y Función Pública es la cartera que tiene las llaves de la caja, como quedó patente en las negociaciones con las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia y con las de jueces y fiscales.
El objeto de la reunión, según fuentes del Ministerio, era dejar muy claro a los representantes sindicales que la convocatoria de elecciones generales, el próximo 23 de julio, era una situación sobrevenida en la que no es posible negociar y, ni mucho menos, cerrar acuerdo alguno.
Por un simple hecho: porque las Cortes estaban disueltas y todas las leyes que había impulsado el Ministerio hasta ese momento –las tres leyes de eficiencia, en especial la organizativa– habían decaído; habían quedado abortadas.
Hay que volver a la casilla de salida.
Con un escenario electoral con un alto nivel de incertidumbre en el que no se sabe si el Gobierno que emergerá de las urnas será del mismo signo que el actual o del sentido contrario, la cordura y la sensatez, en opinión del Ministerio, aconsejan esperar a conocer los resultados para no hipotecar el futuro de los que vayan a venir.
Rodríguez ofreció, a cambio, la firma de un documento vinculante para el que venga para que, una vez que se inicie la siguiente legislatura, retomar de forma prioritaria estas negociaciones, incluyendo, también, los términos del nuevo futuro proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), o como se vaya a llamar la pieza legislativa que vaya a sustituirla, antes de enviarla al Parlamento.
«El Ministerio de Justicia ha explicado durante el encuentro que la reciente convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes ha generado el decaimiento de todos los proyectos legislativos que se encontraban en tramitación parlamentaria. Uno de ellos es el Proyecto de Ley Orgánica (PLO) de Eficiencia Organizativa, al que se vinculaba la convocatoria de la actual huelga de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia», han precisado el Ministerio en un comunicado emitido después.
DESCONVOCAR LA HUELGA Y SEGUIR NEGOCIANDO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES
Rodríguez llamó a la razón a los sindicatos de justicia y les pidió que desconvocaran la huelga para dejar de hacer daño a la ciudadanía. Declarar una tregua hasta que haya un nuevo Gobierno.
Lo que reivindican los cuatro sindicatos para los 45.000 de justicia equivale a 200 millones de euros. Una media de 430 euros mensuales brutos para médicos forenses y facultativos del INTyCF, 400 euros brutos mensuales para Gestión y técnicos especialistas de Laboratorio, 375 euros brutos mensuales para Tramitación y ayudantes de Laboratorio y 350 euros brutos mensuales para Auxilio Judicial.
De acuerdo con un comunicado hecho público por estos, el Ministerio les ha ofrecido «solamente el compromiso de negociación del reconocimiento de funciones con incremento retributivo una vez se forme el nuevo Gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio».
Las organizaciones sindicales han rechazado el planteamiento del secretario de Estado de Justicia. Consideran que el Gobierno está en plenitud de funciones y que, por lo tanto, el acuerdo es posible, como ya ocurrió en 2008 con el anterior ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a 5 días de las elecciones generales. Aunque dicho acuerdo solo comprendió las Comunidades Autónomas de Territorio Ministerio (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Baleares y Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo).
Según fuentes del Ministerio, los sindicatos llegaron a plantear que se congelaran los acuerdos a los que habían llegado Justicia y Hacienda y Función Pública con las asociaciones de letrados y de jueces y fiscales hasta que se cerrara el que alcanzaran con ellos en el futuro.
A lo que se negó Rodríguez: «Yo soy vasco y tengo palabra. Lo que se ha firmado, se cumple», cuentan desde este Ministerio que les contestó.
Los sindicatos, por su parte, mantienen que no se planteó de esa forma. Pero sí han calificado dichas subidas de «medidas clasistas y discriminatorias de subida retributiva a las élites de la Justicia que niega al personal de base que soporta el trabajo».
Los representantes sindicales, también siguiendo la versión de las mismas fuentes ministeriales, propusieron que se perdonara a todos los funcionarios que habían hecho huelga durante los 47 días transcurridos.
Una propuesta que el secretario de Estado rechazó. De la misma forma que se la negó a los representantes de las asociaciones de LAJ, que solicitaron lo mismo en su momento.
Rodríguez no se movió de su posición inicial durante todo el día: Desconvocar la huelga con el compromiso de negociar, de forma prioritaria, una vez pasadas las elecciones.
Desde Justicia se lamenta «el grave perjuicio que se está ocasionando a la ciudadanía y a otros profesionales del sector justicia, al mantener una huelga a 47 días de unas elecciones generales, en un contexto en el que se hace inviable alcanzar cualquier acuerdo que pudiera vincular a gobiernos autonómicos que se encuentran en funciones y sobre la base de un Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que ha decaído».
ENCERRADOS EN EL MINISTERIO A LA ESPERA DE UN INTERLOCUTOR «VÁLIDO»
La respuesta de los representantes sindicales fue contundente, caído el día: «Para el comité de huelga el Secretario de Estado de Justicia no es un interlocutor válido para la negociación por su intransigencia, su negativa al diálogo y a la negociación y su incapacidad para solucionar conflictos y debe ser sustituido inmediatamente como interlocutor de este Gobierno en este conflicto», han dicho en el mencionado comunicado.
Y exigen a Pedro Sánchez que «designe otra persona para continuar las negociaciones y permaneceremos en la sede del Ministerio de Justicia hasta ser recibidos por alguien capaz de negociar y de tomar decisiones».
Para estos el Ministerio está «incumpliendo sus obligaciones» al negarse a negociar con el Comité de Huelga».
Y acusan al secretario de Estado de «mentir» a los medios de comunicación al decir que ellos ‘insisten en vincular sus reivindicaciones a un Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que ha decaído por la disolución de las Cámaras’ «lo que es absolutamente falso ya que lo que hemos solicitado por enésima vez es el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizamos que nada tiene que ver con la decaída Ley de Eficiencia Organizativa que este Ministerio ha sido incapaz de sacar adelante en esta legislatura, lo que debería darles vergüenza».
En el momento de terminar de escribir esta crónica, los ocho representantes sindicales permanecen encerrados en el interior del Ministerio de Justicia como medida de presión.
Lo que no abandonarán, dicen, hasta que les reciba una interlocutora válida que asuma la negociación. «Y deje de hacer propuestas impresentables y ofensivas para la dignidad de nuestro colectivo como la presentado hoy que se acompaña a este comunicado».
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