Sobre estas líneas, Didier Reynders, el belga comisario europeo de Justicia, a quien el Comité de Huelga de los sindicatos de justicia ha envoado la carta.
Los sindicatos de Justicia piden a Reynders que intermedie con el Gobierno para que negocie una solución pactada
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04/7/2023 06:30
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Actualizado: 04/7/2023 00:18
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El Comité de Huelga de los cuatro sindicatos de Justicia nacionales –CSIF, STAJ, CCOO y UGT– ha enviado una misiva al comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, reclamando su intermediación para que convenza al Gobierno de Pedro Sánchez a que «negocie una solución pactada que pueda poner fin a este conflicto, restituyendo la normalidad» a la actividad tan pronto como sea posible.
Con motivo del inicio de la Presidencia española de la Unión Europea, el Comité de Huelga cuenta a Reynders que llevan ya tres meses de conflicto –incluyendo casi dos meses de huelga general– y que el Gobierno en ningún momento ha tenido ni voluntad ni intención de llegar a un acuerdo, por lo que emplazan a las autoridades europeas a que tomen cartas en el asunto y medien para poner fin al conflicto.
Ayer, precisamente, terminó el plazo dado por el Comité de Huelga al Ministerio de Justicia para que aceptara una mediación para tratar de llegar a un acuerdo.
En su carta, los cuatro sindicatos subrayan la vulneración de los derechos de información, consulta y negociación colectiva recogidos en los artículos 27 y 28 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, así como los principios 21 y 26 y el artículo 6 de la Carta Social Europea.
Y señalan que, en medio de un proceso de cambio tecnológico en la Justicia, no se puede obviar la participación de los trabajadores a través de sus representantes
sindicales y la negociación colectiva con el objetivo de conseguir una transición digital justa en términos utilizados por la propia UE y más cuando esos proyectos reciben fondos comunitarios.
La carta también se hace eco del acuerdo de subida salarial al que el Ministerio de Justicia cerró con jueces y fiscales, y con letrados de la Administración de Justicia, y lo antepone a la oposición total que el Ejecutivo ha tenido para llegar a un acuerdo con los 45.000 funcionarios de Justicia.
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