Francisco Javier Orduña presentó la obra "Derecho de consumo y correcto funcionamiento de los mercados", que ha dirigido, y que ha publicado Tirant Lo Blanch en una nueva línea que ha bautizado Tirant Innova. Foto: Confilegal.
Francisco Javier Orduña: «La transparencia marca la senda hacia la competitividad y equidad al mercado europeo»
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06/7/2023 06:31
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Actualizado: 06/7/2023 11:01
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«El mercado interior europeo tiene que estar uniformado. ¿De qué forma? A través del principio de transparencia. Es un principio que se ha convertido en el eje central. Porque no estaba en los códigos civiles ni estaba desarrollado», explicó ayer el catedrático de derecho civil de la Universidad de Valencia y exmagistrado de la SAla de lo Civil del Tribunal Supremo, Francisco Javier Orduña.
Fue durante la presentación de la obra «Derecho de consumo y correcto funcionamiento de los mercados», publicada por Tirant Lo Blanch en una nueva línea a la que ha llamado «Tirant Innova», del que ha sido director. El evento se celebró en el Club Financiero Génova de Madrid bajo la batuta coordinadora de Manuel Jesús Marín, catedrático de derecho civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y la participación de ASNEF, con Ignacio Pla.
«La transparencia marca la senda hacia la competitividad y equidad al mercado europeo», subrayó Orduña. «De hecho, ya se ha erigido como uno de los principios jurídicos determinantes para la función armonizadora de la Directiva 93/13/CEE de condiciones generales. Una Directiva que está haciendo la función de un auténtico Código europeo de la contratación predispuesta. Porque garantiza los derechos económicos básicos del consumidor y, al mismo tiempo, la competitividad del mercado».
La transparencia permite comprender el producto o servicio, lo que cuesta y su comparativa con otros productos o servicios. «Pero es que, además, puede aplicarse a todos los eslabones de la empresa. Es un valor reputacional y económico», explicó.
El libro, en el que han participado un total de once autores –incluyendo al propio Orduña–, todos ellos especialistas en derecho de consumo, y que ha contado con el concurso de los prestigiosos Institutos de Investigación e Innovación de los Colegios de la Abogacía de Madrid y Barcelona, ahonda en la aplicación transversal de la Directiva de Crédito al Consumo en todos los sectores de la actividad económica y, de manera especial, en el sector bancario.
El nuevo Parlamento «tiene ante sí dos asignaturas que tiene que aprobar sí o sí: Una nueva Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación y un nuevo Código Civil»
En lo referente al consumidor, la obra hace especial hincapié en el buen funcionamiento del mercado interior para garantizar un alto nivel de protección con el fin de elevar su calidad de vida y la protección de todos los intervinientes .
Orduña, por otra parte, destacó la importancia que, para el mercado, tienen los protocolos de transparencia como «instrumentos técnicos de valorización y reputación de marca para las empresas e instrumentos idóneos para su acceso digital con el fin de facilitar una completa información precontractual del bien o servicio de la contratación electrónica».
Marta Alemany, abogada de la firma Asesores Jurídicos Alemany & Asociados, que también participó en la mesa, llamó la atención sobre las ventajas que representa la contratación electrónica «porque se tiene más tiempo para leer las condiciones, con lo que se refuerza el control de transparencia».
El catedrático director de la obra destacó la eficacia del «Protocolo de Transparencia» en el crédito «revolving» que promovió ASNEF, la organización empresarial española que reúne a las entidades financieras especializadas en financiación al consumo.
Sin embargo, recordó que «el nuevo Parlamento tiene ante sí dos asignaturas que tiene que aprobar sí o sí: Una nueva Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación y un nuevo Código Civil».
«La Ley es de 1998. Nació muerta. Daba protección al consumidor pero no al profesional adherente. Ha sido un desastre. Y del Código Civil, ¿qué puedo decir? Data de 1889, de antes de la electricidad. Se rige por unos principios que nada tienen que ver con estas nuevas realidades que hoy estamos viviendo. Esto tiene un coste económico tremendo. Porque estamos aplicando jurisprudencia de refrito», concluyó Orduña.
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