Pablo Llarena, magistrado instructor de la causa del «procés» que todavía resta, referido a los fugados Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, tiene que aclarar varios puntos antes de poner en marcha, otra vez –la cuarta, sería–, una nueva orden europea de detención y entrega (OEDE).
La primera depende del Ministerio Fiscal, que tendría que presentar un escrito solicitándola sobre la base de la sentencia dictada ayer por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), la primera instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Sin embargo, la norma de cortesía es que la medida cautelar vigente de inmunidad de los tres huidos siga vigente durante los próximos dos meses y diez días, que es el periodo que su abogado, Gonzalo Boye, tiene para interponer el consiguiente recurso ante la instancia superior, el TJUE. Cosa que ya ha anunciado.
Si eso se produce, dicha medida cautelar seguirá siendo vigente. Hasta que el TJUE dicte una sentencia final y firme. Con lo que es posible que los tres fugados posiblemente terminen su mandato como europarlamentarios ya que la media del tiempo de resolución del TJUE son dos años; las elecciones al Parlamento Europeo tienen que tener lugar en mayo del año que viene.
